El bipartito de Alicante asume el retraso de su último presupuesto: aplaza su aprobación a enero

ALICANTE. El presupuesto del Ayuntamiento de Alicante para 2023 tendrá que esperar hasta el inicio de ese próximo año. El equipo de gobierno, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), asume el retraso en su tramitación, pese al compromiso adquirido de promover su aprobación inicial antes de que diese inicio el año natural, y da por aplazada la celebración del pleno extraordinario en el que se someterá a votación previsiblemente hasta mediados del mes de enero, según ha indicado su portavoz, Antonio Manresa, este martes, en la comparecencia habitual en la que se da cuenta de los asuntos acordados en Junta Local. 

En esta línea, ha señalado que "estamos a la espera de recabar el informe favorable del interventor municipal, que podría producirse en cuestión de días, pero lo que está claro es que el pleno para debatir la propuesta no se podrá celebrar antes del 31 de diciembre, como era nuestra intención, ya que la tramitación requiere de la apertura de un plazo de seis días para que los grupos de la oposición puedan presentar enmiendas antes de que se convoque la comisión de Hacienda previa al pleno", ha explicado.

En cualquier caso, ha señalado que, a su juicio, "estaríamos hablando de aprobar los presupuestos a mediados del mes de enero, lo que no tiene nada que ver de las situaciones pasadas que se nos ha recriminado", en alusión a los años previos de este mandato en los que la propuesta de planificación económica se ha aprobado inicialmente en los meses de marzo o abril, con lo que su entrada en vigor tras su aprobación definitiva no se ha producido hasta el mes de mayo. 

Sea como fuere, el portavoz adjunto del equipo de gobierno, Manuel Villar, ha insistido en que "estamos como aquel que dice en guardia permanente ante la posibilidad de que Intervención concluya la fiscalización del expediente para poder convocar la Junta de Gobierno en la que aprobar la propuesta, lo que abrirá el plazo de seis días para la presentación de enmiendas".

Lo cierto es que, por el momento, tampoco se ha producido ningún nuevo contacto con los cuatro grupos que ejercen funciones de oposición para tratar de recabar los apoyos que resultan necesarios para que los presupuestos puedan quedar aprobados en pleno. PP y Cs suman 14 concejales en una corporación de 29 ediles, por lo que ambas formaciones requieren del respaldo o la abstención de al menos un concejal más de alguna de las formaciones opositoras. 

Hasta ahora, sí se ha producido una única ronda de conversaciones en la que la edil de Hacienda, Lidia López, ha explicado las líneas generales del presupuesto a los representantes de PSOE, Unides Podem EU, Compromís y Vox. Sin embargo, todavía no se ha recogido los planteamientos de esos cuatro grupos, en función del compromiso manifestado en el desarrollo de esos encuentros particulares desarrollados con los ediles de las cuatro fuerzas.

De ahí que, este mismo martes, representantes de los grupos opositores, como el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, hayan recrudecido sus críticas sobre el bipartito. "No tenemos presupuestos, ni tenemos negociación. Barcala ha vuelto a incumplir su palabra, ha vuelto a demostrar la incapacidad de su gobierno para gestionar y ha vuelto a demostrar su aversión al diálogo, la negociación y los acuerdos. Su 'No' a las claves del buen gobierno", ha incidido. "Otro año están a la expensa de aprobar los presupuestos tarde, lo que después limita su capacidad de invertir y ejecutar y fiarlo todo a asumir la agenda de sus socios de extrema derecha, basada en los recortes sociales, recortes a los derechos humanos y negar la gravedad de la crisis climática y la necesidad de tomar medidas al respecto", ha señalado. Y ha apostillado que "tarde y mal vuelve a ser la definición de un PP que huele a pasado y está incapacitado para gobernar el presente y futuro de Alicante".

Como ya ha informado este diario, la última propuesta de planificación económica planteada por el bipartito para este mandato asciende a 326 millones, lo que supone un incremento de 12,1 millones respecto a las cuentas de 2022 y un crecimiento del 3,87%. A grandes rasgos, se apuesta por dar continuidad a las inversiones plurianuales programadas en este ejercicio y se atiende a las necesidades generadas por el aumento salarial de los funcionarios, a los costes del alza del precio de la energía y a los motivados por la renovación de las contratas de limpieza viaria y recogida de residuos y del transporte público en autobús.