ALICANTE. Los dos anillos de control de tráfico incluidos en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) del Centro de Alicante diseñados por el equipo de gobierno, el bipartito formado por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), no solo permitirán registrar datos numéricos sobre la cantidad y la procedencia de los vehículos desplazados hasta el núcleo del casco urbano de la ciudad para acordar posibles limitaciones de acceso, en el caso de que resultase necesario por la superación de los índices de contaminación delimitados en la legislación. También servirá, precisamente, para evaluar cuál es el nivel de polución atmosférica existente en ese ámbito a partir de las mediciones captadas por la red de sensores distribuidos en el perímetro de esos anillos.
En concreto, ese sistema de control de accesos, ya adjudicado a la empresa Tecnologías Viales Aplicadas (TEVA) por un importe de 4,4 millones, prevé la instalación de dos redes de sensores y sistemas inteligentes de reconocimiento de matrículas, que se repartirán sobre el trazado de la Gran Vía y sobre el recorrido que conforman las avenidas de Alfonso el Sabio y de Doctor Gadea, para controlar y restringir el acceso de vehículos contaminantes con el propósito de llegar a reducir hasta un 20% el tráfico rodado actual en el distrito Centro, como informó este diario.
El sistema delimitado por el Ayuntamiento comprende la colocación de esos puntos de rastreo y monitorización en las bocas de las calles de acceso al Centro a lo largo de esos dos anillos, que captarán información sobre el movimiento de vehículos y la trasladarán a la Sala de Control de Tráfico para regular la aplicación de posibles restricciones de entrada, en circunstancias en las que se constate una superación de los límites de polución. En el caso del anillo concebido sobre el borde de la Gran Vía, se plantea la instalación de hasta 51 puntos de control de entrada y salida a lo largo del arco comprendido entre la calle México, la avenida de Dénia y el frente litoral. Por su parte, en el caso del anillo previsto en torno a Doctor Gadea y Alfonso el Sabio, se prevé la instalación de otros 24 puntos de rastreo.
Pero, además, esos sensores también permitirán evaluar la calidad del aire mediante la captación de muestras en tiempo real, de un modo similar a como ya operan las estaciones de medición asociadas a la Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica, que depende de la Generalitat. En este caso, los valores captados por esos sensores del cinturón de Gran Vía y del Centro Tradicional quedarán a disposición del Ayuntamiento, que será quien -tras su análisis- determine si procede limitar la circulación de determinada tipología de vehículos (en principio, los propulsados con combustibles fósiles), en el supuesto de que se rebasen los valores máximos permitidos por la normativa ambiental.
Así lo anticipó, de hecho, el edil de Medio Ambiente, Manuel Villar, en la comparecencia semanal en la que se da cuenta de los asuntos tratados en Junta de Gobierno, al referirse a la posición de Vox de rechazo a los presupuestos para 2023 por la provisión de fondos para la implantación de la ZBE. Villar también precisó que ya se está trabajando con la empresa adjudicataria del despliegue de ese sistema de control de accesos para perfilar su funcionamiento y dar a conocer sus implicaciones, aunque incidió en que no se contempla la posibilidad de aplicar restricciones a la circulación de vehículos salvo en casos puntuales. Por lo pronto, la memoria del proyecto recogida en el pliego de condiciones por el que se licitó el desarrollo de esos dos anillos de control de accesos ya se preveía una reducción del 20% del tráfico y, en consecuencia, de los niveles de contaminación y ruido, tras la aplicación de medidas de transformación urbanística como la reurbanización de calles para calmar la velocidad del tráfico, lo que permite minimizar el consumo de combustible y reducir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera.
Hasta ahora, el bipartito mantiene su compromiso de que la ZBE comience a aplicarse antes de que concluya 2023, mediante el desarrollo de esas actuaciones de reurbanización de alguno de los principales ejes del Centro, como el Paseo de los Mártires de la Libertad, la avenida de Ramón y Cajal, los Paseos de Doctor Gadea y Federico Soto y su prolongación hasta General Marvá, al margen de la peatonalización de la avenida de la Constitución y la calle Bailén.
En todo caso, todavía debe aprobarse una ordenanza reguladora específica después de que el Consejo de Ministros aprobase, el pasado 27 de diciembre, el Real Decreto por el que se aprueba la regulación de las ZBE que deben implantar de forma obligatoria todos los municipios de más de 50.000 habitantes, así como los territorios insulares y los municipios de más de 20.000 habitantes que superen los valores límite de contaminantes regulados. Se trata de un requisito -además de una ampliación del plazo para el desarrollo de las obras necesarias- que el propio bipartito había reclamado en el transcurso de la jornada 'Hacia la ciudad cero' el pasado mes de noviembre, como informó Alicante Plaza.