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del año 2017 a 2021 y que quedaron finalmente archivados

Antifraude corrobora que Elche incumplió sus recomendaciones por los reparos en contratos

Pablo Serrano

antifraude elche contratos menores — Foto: PEPE OLIVARES

7/04/2024 -

ELCHE. Durante la pasada legislatura los reparos e irregularidades contractuales fueron utilizados por el Partido Popular para erosionar el bipartito de PSOE y Compromís. Unos contratos menores de 2017 a 2021 cuya vía judicial quedó finalmente archivada, aunque la Agencia Valenciana Antifraude incluye ahora estos casos en su memoria de 2023, ya que como contó este diario, el Ayuntamiento no cumplió con los requerimientos que hizo la agencia.

Recapitulando, la Fiscalía Anticorrupción trasladó a la Agencia siete casos a investigar, en los que tampoco vio delito, pero se centró principalmente en tres grupos de gastos o contratos que como estuvo contando Elche Plaza en su día versaban sobre gastos aprobados "omitiendo requisitos esenciales en la tramitación de los expedientes", con los famosos 'reparos' de Intervención —ahora bautizados omisión de la función fiscalizadora—, porque habían vulnerado lo establecido en las bases de ejecución del presupuesto o se habría contravenido lo previsto en la normativa de contratación administrativa, "habiéndose supuestamente producido con esta práctica un fraccionamiento de contratos que podría ser constitutivo de prevaricación administrativa". Una vía que finalmente acabó en el archivo y en estas recomendaciones que entonces el equipo de gobierno no asumió.

Los tres aspectos investigados

Suministro de material de ferretería en los años 2019, 2020 y 2021, con gastos por un importe total de 650.153,50 euros en 3 años, ascendiendo el importe sin cobertura contractual a 410.840,53 euros.
Desde 2017 hasta 2020, y en concepto de servicio asistencia técnica para la retransmisión en las redes sociales y otros medios, el total asciende a 142.927,56 euros, que se facturaron al Consistorio sin cobertura contractual. El servicio se prestó desde 2017 y hasta 31 de diciembre de 2019 por un particular y desde 2020 hasta lo analizado, por otra empresa. Antifraude constató que ese particular ostentaba el 50% de la titularidad segunda mercantil. Se indica que el Ayuntamiento no justificó debidamente una contratación directa para la prestación del citado servicio, por lo que se tendría que haber hecho un concurso público para el servicio.
En relación al suministro e instalación de cuatro marquesinas 'modelo Elche' que se facturó por una empresa por importe de 43.201,60 euros, no se tramitó previamente expediente de contratación alguno, habiéndose procedido a la aprobación y pago del gasto efectuado por parte de la junta de gobierno local, previo informe de reparo de la Intervención, "en el que se ponía de manifiesto tanto el incumplimiento de la normativa contractual como la falta de justificación de las actuaciones realizadas que se plasman en el informe del ingeniero municipal relativo a la factura presentada".

Por último, la Agencia apuntaba que se incumplió la normativa contractual por la falta de tramitación de los correspondientes expedientes, lo que puede ser constitutivo de que sean nulos. Y que no se licitó, impidiendo concurrencia pública, lo que "origina un posible perjuicio para la entidad local, ya que la existencia de varios licitadores conlleva normalmente una reducción del coste de la prestación o al menos una mayor adecuación al mismo del valor de mercado de dicha prestación".

Las justificaciones del Ayuntamiento para no seguir las recomendaciones

Así, para las marquesinas 'Modelo Elche' adquiridas a Impursa y el servicio de Facebook Live para streaming de eventos varios del Ayuntamiento, Antifraude pedía revisar de oficio los actos administrativos en los que se contrató o emitió factura, ya que se hizo sin cobertura legal, por lo que podrían ser nulos, y pedía depurar responsabilidades "de todo tipo que corresponda del personal y autoridades al servicio de las administraciones públicas y de posibles terceros".

Para el caso de suministro de material de ferretería, se recomendaba al Consistorio que "proceda a tramitar el expediente de contratación correspondiente en cumplimiento de la normativa por el importe total estimado de suministro de ferretería", para evitar de nuevo situaciones como estas, ya que de 2019 a 2021 se adquirió material por más de 650.000 euros, ascendiendo los de no cobertura legal a 505.000 euros. Aunque aquí el Ayuntamiento ya acreditó que en 2021 y 2022 se habían tramitado expedientes adjudicados con un total de 111.000 euros, por lo que se estaba corrigiendo con licitaciones.

Con ello, el entonces bipartito justificó que ya estaba tomando medidas, por lo que no era necesaria esa revisión de posibles perjuicios producidos ni depuración de responsabilidades. En el caso de la ferretería, ya se estaban licitando entonces contratos. En los del servicio de streaming y marquesinas, se justificaba entonces que las dos se hicieron con consignación presupuestaria, informe técnico del departamento y ninguna se prestó existiendo enriquecimiento injusto.

Con ello se dio carpetazo al asunto en diciembre de 2022, tal y como se aprobó en Junta de Gobierno, y ahora se ha recogido en la memoria de Antifraude de 2023. En relación con los argumentos expuestos desde el punto de vista jurídico y doctrinal, la Agencia no los comparte "al existir otras líneas jurisprudenciales y doctrinales que protegen en mayor medida los intereses públicos", de forma que el Ayuntamiento justificó la no aplicación de la recomendación relativa al inicio de los expedientes de revisión de oficio. Y con ello finalizó fase de seguimiento con incumplimiento del Ayuntamiento.

Caso cerrado y posible apertura de uno nuevo

Elche no es el único municipio que no ha aceptado las recomendaciones. En la memoria se reflejan ministraciones y entes públicos que no han aceptado las recomendaciones de la Agencia han sido 19 ayuntamientos, entre ellos, y de la provincia, los de Alcoy, Benidorm o Alicante. Eso sí, ahora queda ver qué recorrido tiene los contratos que ha enviado ahora el PSOE en la oposición con respecto a la gestión de PP y Vox actualmente, ya que Antifraude ha admitido a trámite sus denuncias de también posible fraccionamiento contractual. Con unos argumentos del hoy equipo de gobierno idénticos a los del anterior en su misma situación.