Vista panorámica de Alicante y del paseo del Puerto. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Alicante pone en marcha el calendario para dotarse de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) actualizado al siglo XXI que pueda sustituir al planeamiento aprobado en 1987. Tras la propuesta fallida a la que se acabó renunciando en 2015, en plena investigación sobre su elaboración en el marco del caso Brugal, el nuevo proceso arranca ahora con la externalización de los informes sectoriales que resultan necesarios para redactar el llamado documento de alcance: de algún modo, el esqueleto que definirá las líneas maestras de esa futura planificación.
Las memorias y los pliegos de condiciones para licitar la redacción de esos informes ya están bajo supervisión en el departamento de Contratación con el propósito de que el concurso pueda convocarse formalmente en los inicios del próximo año, según precisaron fuentes consultadas por Alicante Plaza. La convocatoria se plantea en varios lotes, uno por cada informe sectorial, ante la particularidad y la especialización que resulta necesaria para su elaboración. Se trata de estudios específicos relacionados con aspectos como la movilidad, la sostenibilidad ambiental, las necesidades de suministro hídrico, el riesgo de inundabilidad, etc, que marcarán las bases del futuro PGOU.
Las conclusiones de esos estudios, que deben estar elaborados seis meses después de su adjudicación, quedarán aunadas por los técnicos de la Oficina del Plan General, con la encomienda de plasmarlos en la redacción del citado documento de alcance como primera definición de las zonas de crecimiento de la ciudad y las reservas de suelo a futuro. En principio, la Concejalía de Urbanismo que coordina el edil Adrián Santos Pérez (Ciudadanos) pretende elevar ese documento a la Conselleria de Política Territorial antes de que finalice el mandato actual, en mayo de 2023.
La licitación de esos estudios sectoriales permite poner en marcha, así, la hoja de ruta que se anticipó justo después de que se consiguiese cubrir el puesto vacante al frente de la Oficina del Plan General, el pasado mes de octubre. La incorporación de la arquitecta Leticia Martín como directora de la Oficina permite dar ahora un primer avance en el nuevo planeamiento con el reto de disponer de los cimientos de ese futuro PGOU cocinados desde la propia concejalía (sin recurrir a un concurso, como se hizo en los años 2000, cuando se adjudicó al equipo del arquitecto Lluís Cantallops, y 2007, cuando se contrató a Laboratorio de Proyectos) en el plazo de un año.
Después, será la Generalitat la que evalúe el documento y plantee la exigencia de posibles subsanaciones, hasta que el PGOU pueda quedar aprobado de forma definitiva. Previsiblemente, esa resolución no se producirá hasta dentro de un plazo de seis a ocho años, en función de los tiempos que se habría requerido para los PGOU de otros municipios.
Sin embargo, ese periodo de tramitación no tendría por qué lastrar el desarrollo urbanístico de la ciudad. El equipo de gobierno, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), prevé acogerse a las posibilidades que se abren desde el momento de la presentación de ese documento de alcance para abordar modificaciones puntuales del actual PGOU que permitan desarrollar la expansión urbana en determinados sectores y que generen suelo industrial. Se trataría de ajustes que quedarían bajo tramitación municipal -y, por tanto, con menores plazos- a los que no se plantearían obstáculos desde la Generalitat al estar contemplados en las directrices marco del documento de alcance.
El bipartito pretende aprovechar el documento de alcance como herramienta para introducir modificaciones en el PGOU vigente, con una tramitación abreviada, en zonas como Renfe, Benalúa, Sangueta o el entorno de los polígonos
Según fuentes consultadas, en esas modificaciones no tendrían cabida las recalificaciones de suelo, pero sí se podría actuar introduciendo cambios en algunos de los sectores que ya están contemplados en el PGOU actual, como las operaciones integradas de Renfe (OI/2), de Benalúa (OI/3) o de la fachada marítima que afecta a Sangueta (OI/6), además de la creación de solares para la instalación de empresas, a partir de la orientación delimitada en el documento de alcance. De algún modo, ese marco proporcionaría una herramienta para que Alicante pudiese ir cubriendo las necesidades existentes en paralelo a la propia redacción del PGOU sin esperar a que adquiera vigencia.
Esas modificaciones podrían comenzar a abordarse en el último tramo de 2022. O incluso antes, por lo que respecta a la OI/2, en lo que afecta a la configuración de la estación intermodal y la estación del Tram, o en la OI/3, para desafectar las vías de la antigua estación de Benalúa. Además, también se pretende satisfacer la demanda de suelo apto para la instalación de empresas: una de las prioridades que se prevé atender de manera urgente. Para ello, según las mismas fuentes, también se pretende recurrir a la fórmula del "remate de trama urbana", incluida en la Ley de Ordenación Territorial, Urbanismo y Paisaje (Lotup), por la que se posibilita ampliar o recalificar suelo para completar zonas de suelo industrial inacabadas o muy próximas a zonas empresariales actuales.
En este sentido, se habría detectado varias bolsas de suelo limítrofes a zonas industriales que podrían desarrollarse bajo esa figura para completar manzanas o incorporar parcelas colindantes de suelo rústico en pequeñas bolsas de terrenos que, a la postre, acabarían sumando miles de metros cuadrados. Así, se ganaría suelo industrial adicional sin que su superficie llegue a computar como volumen a restar en el límite previsto en el nuevo PGOU.
