Las vallas que protegen el perímetro de la parcela destinada a la construcción de la nueva Comandancia de la Guardia Civil. ALICANTE. La construcción de la nueva Comandancia de la Guardia Civil en Rabasa sumará el enésimo retraso por un contratiempo sobrevenido en la ejecución de las obras de urbanización del solar en el que debe situarse. Se trata de la resolución del contrato para la realización de esos trabajos que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante (PP y Cs) ya ha iniciado la negociación con responsables de la UTE adjudicataria después de que las dos empresas que la conformaban (Sigma Infraestructuras y Triturados Yorci) se hayan acogido a la declaración de concurso de acreedores al no poder superar las dificultades económicas por las que atravesaban.
Fuentes municipales consultadas por Alicante Plaza confirmaron el proceso de conversaciones para resolver el encargo, como primer paso para volver a licitar las obras en el menor plazo posible. La decisión de romper el contrato se alcanza, además, después de que se acordase la incoación de un expediente para establecer penalizaciones por los retrasos en su realización, en la hipótesis de que las dos constructoras podrían seguir asumiendo sus obligaciones para desarrollar las obras. No obstante, ese expediente no llegará a tener ningún efecto real y quedará archivado, ya que ya se ha concertado que la UTE no puede asumir la realización del proyecto.
De hecho, prácticamente no ha llegado ni a iniciarlo, más allá de señalizar y vallar el perímetro de la parcela de titularidad municipal del barrio de Rabasa que se pretende ceder al Ministerio del Interior para que pueda levantarse la nueva sede central de la Guardia Civil en la provincia. Se trata de un solar de más de 26.000 metros cuadrados ubicado entre la avenida de Jaime I y las calles Pilar de la Horadada y Villafranca, que pasarán a manos del ministerio para que pueda promover las obras de la futura Comandancia. A cambio, el Ayuntamiento obtendrá la titularidad de las actuales dependencias de la Guardia Civil de la calle San Vicente.
Como informó este diario, en cuanto se complete la operación de permuta, ese edificio -que albergó el antiguo Hospital del Rey- será sometido a una profunda rehabilitación con el objetivo de que pueda acoger un futuro uso cultural todavía por definir. Hasta el momento, el equipo de gobierno solo ha planteado que el inmueble debe convertirse en la pieza capaz de completar un eje continuo entre el Auditorio de la Diputación, el complejo de Las Cigarreras y el Teatro Principal.
La UTE compuesta por Sigma Infraestructuras y Triturados Yorci se convirtió en la adjudicataria de las obras en diciembre de 2021 por un precio de 832.771,84 euros y un plazo de seis meses que se cumplía este verano. Sin embargo, el desarrollo de las obras se vio interferido por distintas vicisitudes al menos desde mediados de febrero hasta el punto de quedar prácticamente paralizadas. Entre esas dificultades, figuró la falta de solvencia de la segunda de sus componentes (Triturados Yorci) que se vio afectada por problemas económicos entre los meses de marzo y abril.
En ese momento, el equipo de gobierno obtuvo el compromiso de Sigma Infraestructuras por el que asumía la cobertura del contrato en solitario con sus propios medios, según fuentes municipales. No obstante, la compañía también sufrió las consecuencias del alza de precios de los materiales hasta el punto de que, en mayo, se vio forzada a declararse en preconcurso de acreedores con el propósito de refinanciar su deuda y de llegar a un acuerdo sobre pagos pendientes que permitiese afrontar su continuidad, como informó este diario.
