Foto: EPALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante trata de blindarse ante la propuesta de instalación de estaciones gasolineras en suelo urbano hasta poder adaptar el Plan General para impedir su implantación en ubicaciones próximas a zonas residenciales. Así, el equipo de gobierno, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), pretende acordar una suspensión de licencias para autorizar instalaciones de abastecimiento de combustible por un plazo máximo de dos años.
Esa es, cuando menos, la propuesta que se prevé elevar a debate y votación en la comisión de Urbanismo convocada para el próximo lunes, día 25, con el propósito de que el acuerdo puede elevarse a la consideración del pleno ordinario de este mes, el próximo jueves. El planteamiento trazado por el departamento municipal que coordina el edil Adrián Santos Pérez (Ciudadanos) se justifica, precisamente, en la voluntad de establecer una nueva regulación con limitaciones para situar las estaciones de suministro de combustible, de modo que no entren en conflicto con el uso residencial.
En esta línea, la modificación del planeamiento urbanístico que se pretende impulsar antes de que finalice el año (la número 42) prevé regular de forma pormenorizada en qué localizaciones del territorio" pueden implantarse esas estaciones de servicio "mediante el establecimiento de criterios estrictamente urbanísticos que tiendan a proteger y no producir mermas en la calidad de vida de las personas" con el fin de ajustarse a lo previsto en la nueva regulación incorporada a través de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup).
En concreto, se aspira a que dicha modificación del planeamiento determine "las distancias mínimas a las que las instalaciones de suministro de combustible al por menor podrán ser ubicadas en relación con el suelo con uso dominante residencial, así como en la proximidad de suelos con uso dominante de espacios libres y de equipamientos cívicos, por ser los que sirven para garantizar los mínimos para la población en cuanto a su calidad de vida".
De este modo, "se regulará, por tanto, la posibilidad y/o condiciones de implantación de gasolineras y estaciones de servicio en los suelos urbanos con un uso predominante de carácter residencial; así como, en el caso de ubicarse en suelos urbanos con otro uso dominante, su incidencia sobre espacios o edificios residenciales, de equipamiento o espacios libres; así como su afectación al tráfico y en su caso, otras afectaciones".
Para ello, como ya ha informado este diario, se prevé establecer una distancia mínima de 250 metros respecto a zonas residenciales siempre que el suelo en el que se ubique esté calificado como terciario o industrial, aunque todo dependerá de la propuesta definitiva que pueda plantearse por parte de los técnicos de la Concejalía de Urbanismo, a partir de las aportaciones que se formulen en el proceso de consulta pública que permanecerá abierto hasta el próximo 5 de agosto.
El plazo requerido para la tramitación administrativa, aprobación definitiva y entrada en vigor de ese cambio en el planeamiento podría alargarse durante más de un año y medio. De ahí que se plantee la necesidad de acordar una suspensión de licencias de dos años de duración "ante la posible solicitud de tramitación de licencias para este tipo de instalaciones de suministro de combustible en suelos que se verían afectados por la modificación puntual a estudiar".
De manera específica, dicha suspensión afectaría a la concesión de licencias de obras y actividad para la instalación de gasolineras, así como para el otorgamiento de cédulas de garantía urbanística que certifiquen la compatibilidad de la actividad planteada. No obstante, quedarán excluidas las peticiones de licencia para la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos, al margen de que el propio ayuntamiento pretenda promover, también, una ordenanza específica para la instalación de electrolineras.
La propuesta de suspensión de licencias para la instalación de gasolineras se suma a otros acuerdos similares promovidos por el bipartito en el margen de los últimos tres meses al considerarlos necesarios para regular otros ámbitos de la planificación urbanística de la ciudad.
Se trata, por ejemplo, del acuerdo de suspensión de licencias aprobado para el entorno de la Plaza de Toros a la espera de que se redacte un Plan Especial específico. Y, también, del acuerdo de suspensión de licencias urbanísticas para acometer cualquier tipo de intervención (salvo las de conservación) en un millar de inmuebles en trámite de catalogación, aprobada en el pleno de junio que, precisamente, quedó publicada en el Diario Oficial de la Generalitat este miércoles.
