Alicante se da seis meses más para implantar la red de control de la Zona de Bajas Emisiones 

ALICANTE. La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Alicante no entrará en funcionamiento al menos hasta la segunda mitad del próximo año 2024. La prórroga concertada con el Ministerio para la Transición Ecológica para la finalización de los proyectos de reurbanización y calmado de tráfico que todavía siguen en curso, que se dio a conocer en el transcurso del pleno ordinario de diciembre, tiene continuidad ahora con otro acuerdo paralelo. O, si se prefiere, derivado. Se trata de la ampliación del plazo previsto para la implantación de la red de control de esa ZBE: un proyecto adjudicado a la empresa Tecnologías Viales Aplicadas (TEVA) en noviembre de 2022 por un importe de 4,4 millones.

El equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), prevé conceder en los próximos días -previsiblemente, en una de las reuniones de la Junta Local a celebrar antes de que concluya este año- una extensión del periodo de ejecución de ese contrato hasta el próximo mes de junio, con lo que se da un mínimo de seis meses de margen para activar la puesta en marcha de ese sistema de control y aprobar la ordenanza reguladora específica sobre las condiciones de acceso del tráfico privado (que ya se ha aprobado en otros municipios de la provincia, como el caso de Elche) en el perímetro de los dos anillos en los que queda proyectada la aplicación de la ZBE: el primero, sobre el eje de la Gran Vía, y el segundo, sobre el trazado de Alfonso el Sabio.

¿En qué consiste, en concreto, esa red de control? De acuerdo con el proyecto diseñado por la Concejalía de Medio Ambiente, y con la propuesta presentada por TEVA, comprende la instalación de dos redes de sensores y sistemas inteligentes de reconocimiento de matrículas, a distribuir sobre el trazado de la Gran Vía y sobre el perímetro de Alfonso el Sabio y Doctor Gadea, para controlar y restringir el acceso de vehículos contaminantes con el propósito de llegar a reducir hasta un 20% el tráfico rodado actual en el distrito Centro, en el supuesto en el que se detecte la superación de los niveles de contaminación permitidos.

Esos puntos de rastreo y monitorización quedarán situados en las bocas de las calles de acceso al Centro desde esos dos anillos con el propósito de que puedan captar información sobre el movimiento de vehículos y trasladarlo a la Sala de Control de Tráfico para acordar hipotéticas restricciones de entrada en los momentos puntuales en los que resulte necesario. En el caso del anillo concebido sobre el borde de la Gran Vía, se plantea la instalación de hasta 51 puntos de control de entrada y salida a lo largo del arco comprendido entre la calle México, la avenida de Dénia y el frente litoral. Por su parte, en el caso del anillo previsto en torno a Doctor Gadea y Alfonso el Sabio, se prevé la instalación de otros 24 puntos de rastreo, como informó este diario.

Obras tras obras

La extensión del plazo para la implantación de ese red de control queda justificada en la necesidad de acometer el desarrollo de obra civil en parte de las calles y avenidas que configuran la ZBE, que han quedado sometidas a actuaciones de reurbanización y calmado del tráfico, como el eje conformado por la calle General Marvá y las avenidas de Federico Soto y Doctor Gadea. A priori, esas obras debían quedar finalizadas a cierre de 2023. No obstante, varias de ellas siguen en desarrollo sin que exista posibilidad de que vayan a darse por terminadas en esa fecha, aunque sí se ha producido ya la restitución del tráfico en la mayor parte de su trazado.

Las obras del eje Marvá-Gadea, así como la reurbanización del Paseo de los Mártires de la Libertad, comenzaron a finales del pasado mes de junio, una vez superadas las elecciones del 28 de mayo y las fiestas de Fogueres, con un plazo de ejecución de seis meses, y ahora disponen de cobertura para que puedan desarrollarse hasta diciembre de 2024, con la previsión de que puedan darse por concluidas antes del vencimiento de ese nuevo límite temporal.

En todo caso, su prolongación hasta la actualidad es la que haría necesaria la ampliación de plazo para la extensión de la red de control, toda vez que la fase de obra civil en esos viales habría impedido que pudiesen efectuarse parte de los trabajos encomendados a TEVA, como la instalación del cableado de fibra óptica necesario para el despliegue de la red de sensores y la instalación de las medidas de señalización de la ZBE, a pesar de que algunas tareas se hayan podido implementar de forma simultánea.