Una de las concentraciones reivindicativas organizadas por los trabajadores del CAI ante la sede de la Concejalía de Bienestar Social de Alicante. ALICANTE. El proceso de contratación promovido por el Ayuntamiento de Alicante para concertar la gestión del Centro de Acogida e Inserción (CAI) de personas sin hogar (ahora renombrado como Centro de Acogida y Urgencias Sociales) vuelve a cobrar impulso. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha desestimado, finalmente, tanto el recurso presentado por la Fundación Salud y Comunidad -encargada del funcionamiento del centro en la actualidad- como el interpuesto por el sindicato CCOO contra el pliego de condiciones del nuevo concurso, lo que ha permitido que se reanude la licitación, que había quedado suspendida tras esas impugnaciones.
De hecho, la Mesa de Contratación municipal celebrada este jueves pudo conocer el informe de evaluación de los criterios que dependen de juicios de valor respecto a la única propuesta presentada a cierre de plazo para optar al nuevo contrato, a principios del mes de agosto. Se trata de la propuesta formulada por Grupo 5 Acción y Gestión Social, una empresa asentada en Madrid que presta servicios en quince autonomías en las áreas de salud mental, neurorrehabilitación, mayores, dependencia, emergencias sociales, personas sin hogar, protección a la infancia y educación social.
Salvo exclusión improbable, todo parece indicar que la compañía se convertirá en adjudicataria de la prestación en las instalaciones de Alicante, situadas en la avenida del Doctor Jiménez Díaz (sobre el eje de la Gran Vía a su paso por San Agustín) en el momento en el que se bareme su oferta económica, en una próxima reunión de la Mesa de Contratación. La convocatoria partía con un presupuesto de 1,3 millones (1.355.130,01 euros) por un año de duración, con una posible prórroga de otro año más.
El concurso suscitó la impugnación tanto de la Fundación Salud y Comunidad como por parte del sindicato CCOO en dos recursos en los que se solicitaba que el pliego incorporase la obligación de subrogación de los trabajadores actuales, la previsión económica suficiente como para aplicar los sueldos fijados en el convenio laboral sectorial, así como la reincorporación de los servicios de cocina, enfermería, programas de inserción, mantenimiento o ropero que habrían quedado excluidos de la convocatoria.
No obstante, el TACRC (el organismo adscrito al Ministerio de Hacienda encargado de resolver discrepancias sobre los procesos de contratación pública) avala la corrección del pliego como había defendido el Ayuntamiento y concluye que el objeto del concurso es distinto al del servicio que se venía prestando hasta ahora, tanto cuantitativa como cualitativamente, en la medida en que no se incluye "la atención integral psicosocial" de los usuarios que sí era troncal en el contrato previo. Así, entre otros puntos, el TACRC concluye que corresponde aplicar el convenio colectivo de acción e intervención social 2022-2024, como se ha hecho, "estando el objeto del nuevo contrato dentro de su ámbito funcional".
Y, respecto a la subrogación de la plantilla, el TACRC también coincide con la posición municipal respecto a la diferencia entre el servicio actual y el que se pretende concertar ahora para concluir que no puede ser exigible que el nuevo adjudicatario asuma obligatoriamente a los trabajadores actuales, al apuntar que "dado que la obligación de subrogación no nace del contrato administrativo, sino de la legislación laboral o convenio colectivo del sector, no observándose coincidencia entre el anterior contrato y el aquí recurrido, y no coincidiendo plantilla y prestaciones objeto del mismo, no cabe exigir del órgano de contratación la imposición unilateral de obligación de subrogar".
