Panorámica del casco urbano de Alicante, en imagen de archivo. Foto: RAFA MOLINA ALICANTE. La suspensión de licencias para pisos turísticos por un periodo de dos años que prevé promover el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), seguirá acompañada de una labor de inspección reforzada con nuevos efectivos policiales con el propósito de detectar y, en su caso, penalizar las viviendas de uso turístico (VUT) no declaradas, que se estén ofreciendo para el alojamiento temporal de manera irregular.
De hecho, esa labor ha permitido doblar la apertura de actas de infracción detectadas en pisos que carecían de permiso de actividad o que no reunían los requisitos necesarios para mantener esa autorización, hasta alcanzar un centenar de expedientes abiertos, según ha precisado este martes el vicealcalde, Manuel Villar, durante la comparecencia semanal en la que se da cuenta de los acuerdos alcanzados en Junta de Gobierno.
En concreto, Villar ha precisado que las 50 actas de infracción levantadas hasta el mes de septiembre han aumentado hasta llegar a doblarse, después de que las actuaciones de la Brigada de Disciplina Urbanística de la Policía Local de Alicante -encargada hasta ahora de este cometido-, se hayan visto reforzadas por la intervención de los agentes de la Policía Comunitaria o de Barrio, que han recibido orientación para que incorporen a sus cometidos esta función inspectora de apartamentos turísticos en las zonas en las que trabajan, según han precisado fuentes municipales, a través de un comunicado posterior. En concreto, las actas corresponderían con viviendas de uso turístico concentradas fundamentalmente en el Centro y en Playa de San Juan.
En todos esos casos, según fuentes consultadas, se ha tramitado los correspondientes expedientes de suspensión de actividad, de modo que esos pisos turísticos no pueden seguir arrendándose para acoger a turistas. En la práctica totalidad de esos pisos turísticos, se ha concede un plazo de subsanación para que los titulares de dichas viviendas puedan regularizar la actividad. En en caso contrario, se ordenará su precinto y se elevará el expediente a la Generalitat para que se dicte la sanción correspondiente en cada situación (que pueden ascender a los 600.000 euros), a la espera de que el Ayuntamiento pueda asumir también las competencias sancionadoras y de recaudación, en un proceso que seguiría en fase de trámite, según fuentes consultadas.
"Estamos volcados en el control de irregularidades en la actividad de las viviendas de uso turístico y pondremos todos los medios necesarios para evitar que este negocio se desarrolle de forma ilegal en Alicante, aprovechando las nuevas competencias sancionadoras que le hemos solicitado a la Generalitat", ha señalado la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, a través de dicha nota pública.
"Los agentes de la Policía Comunitaria son los que mejor conocen los barrios en los que patrullan cada día y este conocimiento y cercanía es una ventaja que podemos aprovechar para intensificar y optimizar el control de ilegalidades en la actividad de los pisos turísticos", ha añadido el concejal de Seguridad Ciudadana, Julio Calero.
El incremento de la inspección sobre los apartamentos turísticos es, según fuentes municipales, "la primera y principal recomendación estratégica" que se extrae de los estudios sobre la situación de las VUT en Alicante elaborados por la Cátedra de Turismo y la empresa especializada Estrategia y Organización S.A. (EOSA), a petición del Ayuntamiento de Alicante. En concreto, proponen inspecciones y sanciones efectivas para el incumplimiento de normativas urbanísticas.
"Para reforzar el cumplimiento de las normativas urbanísticas sobre las Viviendas de Uso Turístico (VUT), sería fundamental implementar sanciones efectivas para los propietarios que no se adhieran a las regulaciones vigentes", expone el estudio de EOSA. En este sentido, recomienda "imponer multas económicas considerables a aquellos que operen sin licencia o incumplan los requisitos urbanísticos y, en casos de infracciones graves, como la reincidencia o la falta de adecuación de la propiedad a las normativas, se podría revocar de inmediato la licencia para operar como VUT", añade el informe.
Además, aboga por "establecer un sistema de seguimiento y control periódico que permita la detección temprana de infracciones, asegurando un mejor manejo del impacto del turismo en los barrios residenciales", según precisa la nota pública como primer avance del estudio, cuyas conclusiones todavía no se han dado a conocer, lo que ha seguido generando este martes la crítica de los grupos políticos que ejercen funciones de oposición: PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem.
Por el momento, solo el grupo municipal de Vox ha anticipado la posibilidad de prestar apoyo al acuerdo de suspensión de licencias que se prevé elevar a aprobación inicial en el pleno ordinario de diciembre. Cuando menos, así lo ha sostenido su portavoz, Carmen Robledillo, a pesar de que, este lunes fue especialmente crítica con la medida, hasta el punto de sostener que podía tratarse de "un parche" y que suponía poner límites al uso de la propiedad privada. Este martes, ha modulado su discurso y ha apuntado que Vox estaría dispuesto a secundar el acuerdo siempre que se excluya de esa moratoria a los proyectos de apartamentos turísticos en bloque completo, como ha anticipado este diario. Según Robledillo, esa diferenciación implicaría preservar la iniciativa de los emprendedores y los empresarios, a los que "Vox va a prestar apoyo siempre, ya que son los que generan economía", ha enfatizado.
Ese escenario de diferenciación por lo que respecta a los proyectos para implantar apartamentos turísticos en edificios completos (bloques) ha quedado confirmado este martes, a partir de la comparecencia formulada por el vicealcalde, Manuel Villar, quien ha apuntado que la distinción respecto a las viviendas turísticas aisladas se habría adoptado a partir de las recomendaciones de los dos dictámenes. "Se ha optado por darnos un plazo para hacer las cosas bien antes de que pueda ser irreversible; para tomar medidas, en base a esos estudios", ha abundado.
Al tiempo, ha añadido que se estaba tratando de concretar el momento en el que se considera que podría llegar a entrar en vigor la suspensión de licencias pretendida. En principio, según ha apuntado, se aspiraría a que también afectase a las solicitudes de informes de compatibilidad y de peticiones de licencia que estén en trámite en la actualidad, a pesar de que el acuerdo de suspensión no esté todavía aprobado de forma inicial en el pleno. Se aspiraría, así, a una suerte de aplicación retroactiva respecto a las autorizaciones que estén en fase de estudio, según han ratificado con posterioridad fuentes municipales consultadas por este diario.
Sea como fuere, el comunicado informativo remitido por el equipo de gobierno incide en que para que una vivienda pueda destinarse al alquiler como piso turístico no resulta suficiente la mera inscripción en el registro de la Conselleria de Turismo, sino que se debe disponer de informe de compatibilidad urbanística y de la correspondiente licencia de actividad.
"Animamos a los alicantinos a que denuncien cualquier actividad turística que sospechen que se está ejerciendo de forma irregular, ya que ellos, junto con los agentes de la Policía Local, son nuestros ojos para controlar esta actividad en cada barrio", ha añadido la edil de Urbanismo, al respecto. De hecho, el comunicado apunta que los expedientes abiertos corresponden a VUT que habían sido previamente denunciadas y también a aquellas que están registradas en el censo de la Generalitat, pero cuya compatibilidad urbanística ha sido declarada no apta por la concejalía de Urbanismo.
Entre tanto, los representantes de los tres grupos del eje progresista (PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem) han persistido en sus valoraciones críticas respecto a la suspensión de licencias anunciada por los populares. En este sentido, la portavoz adjunta del PSOE, Trini Amorós, ha recriminado al gobierno que encabeza Luis Barcala "que siga manteniendo secuestrados los informes vinculados a la actividad de los pisos turísticos en la ciudad de Alicante, unos documentos que se siguen negando al principal grupo de la oposición a pesar de haberlos reclamado por escrito". "Hemos vuelto a reclamar hoy por registro todos los informes que el alcalde nos niega. El de la Cátedra de Turismo y el de Urbanismo con relación a los apartamentos turísticos y, también, el de los desprendimientos de la fachada del Ayuntamiento", ha señalado Amorós.
A este respecto, ha sostenido que, precisamente, la propuesta de solicitar informes sobre la cantidad de pisos turísticos que pueden acoger los barrios alicantinos y, asimismo, la suspensión de licencias de alojamientos en bloques residenciales ya fue defendida en el pleno de julio por el PSOE y que, entonces, contó con el voto en contra del PP. "Desde el equipo de gobierno no se sientan con nosotros a debatir propuestas importantes para la ciudad, pero luego acaban haciendo lo que hemos propuesto, sólo que después de haber perdido meses y meses, generando perjuicios", ha señalado.
Así, ha apuntado que "lo que defiende el PSOE es la suspensión de licencias de alojamientos turísticos en edificios residenciales y la necesidad de introducir cambios en la normativa urbanística para impedirlos, puesto que generan problemas de convivencia vecinal e impiden que estas viviendas se puedan destinar al alquiler o la compra". Por otro lado, la concejala socialista ha recordado que en el pleno del pasado jueves, Barcala se comprometió a convocar de inmediato la comisión de Urbanismo para abordar todas las cuestiones vinculadas a las irregularidades en la construcción del hospital privado en Vistahermosa, una comisión que sigue sin ser convocada. En este sentido, "se han vuelto a solicitar por escrito copia de todos los informes a los que el alcalde aludió en el pleno, que hasta ahora permanecen bajo llave", según añaden fuentes del PSOE, a través de un comunicado.
En segundo término, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, ha señalado que "la moratoria de licencias a apartamentos turísticos suena bien. Nosotros propusimos una moratoria indefinida hasta que viésemos cuántos pisos ilegales hay. El grupo socialista propuso solo dos meses, el Partido Popular dos años. Nos parece bien la propuesta del PP. Pero tenemos que ver el expediente, pero no solo para las viviendas de las comunidades, de las residenciales, sino para todas las viviendas", ha considerado.
"Existe mucha saturación y mucha especulación. Lo que hace el Partido Popular es desarrollar el decreto 7 de agosto de la Generalitat, que dice que todas las personas que tienen licencias turísticas tienen que regularizarla a 31 de diciembre. Pero lo que no dice Luis Barcala es qué va a hacer con las inspecciones de los ilegales. Se aprieta mucho a los propietarios que tienen licencias turísticas legales, y nos parece bien, pero qué hacemos con las ilegales si sólo hay una persona en Urbanismo que concede los compatibilidades urbanísticas. Si el 80% de los pisos son ilegales, lo que tienen que hacer Barcala es dotar de inspectores, coordinarse con la policía local, expedientar y cerrar", ha recalcado.
Por último, el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha incidido en su crítica respecto al retraso en la toma de decisiones para evitar la proliferación de pisos turísticos ilegales y ha insistido en reclamar medidas de apoyo a la vivienda pública para favorecer la rebaja de precios en el mercado. Además, ha recalcado que su formación secundará la nueva protesta organizada por la plataforma Alicante, dónde vas frente a la especulación urbanística convocada para este domingo, día 8, a las 10:30 horas.
