ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante avanza en la tramitación de la llamada ordenanza del ruido, tras la actualización del texto planteado en 2019 y su adaptación a la normativa autonómica y estatal, con la incorporación de los últimos informes que no se habían emitido en el momento en el que la propuesta quedó aprobada en Junta de Gobierno, la semana pasada. Se trata de dos dictámenes que deben evacuar las concejalías de Igualdad y de Hacienda, respectivamente.
El primero de ellos, sobre impacto de género, ya se habría aportado sin que se hubiese apreciado la necesidad de incorporar subsanaciones de relevancia, según fuentes consultadas. El segundo, sobre estabilidad presupuestaria, estaría en su última fase de elaboración, según las mismas fuentes. A partir de ahí, el texto quedará a disposición de los grupos políticos que ejercen funciones de oposición y quedará abierto oficialmente el plazo para la presentación de enmiendas por un tiempo de seis días. Esas aportaciones deberán ser evaluadas por los técnicos y, su propuesta de resolución, será la que se eleve a debate y emisión de dictamen en una próxima comisión de Urbanismo.
Todo parece indicar que esa tramitación pendiente imposibilitará que la ordenanza pueda someterse a votación en el pleno ordinario de marzo, previsto para el próximo día 30. No obstante, según fuentes del equipo de gobierno, se mantiene el compromiso de que el texto quede aprobado de forma inicial en el pleno del mes de abril. O lo que es lo mismo, antes de que concluya el mandato actual.
Con ello, se despejarían las dudas o advertencias que ya habrían manifestado representantes de Unides Podem EU o Compromís (que pretende registrar una moción para que el Casco Antiguo sea declarado Zona Acústica Saturada) quienes denunciaron, este martes, que el proyecto había quedado paralizado por el bipartito (PP y Cs) para no generar un posible conflicto con el sector de la hostelería a las puertas de las elecciones municipales del 28 de mayo.
Sea como fuere, lo cierto es que la validación de la propuesta en Junta de Gobierno ya ha generado reacciones enfrentadas. Entre ellas, las críticas sobre el supuesto oportunismo electoral y sobre el retraso, lanzadas por los grupos opositores del eje progresista, así como el rechazo de las asociaciones representativas del sector del ocio y la hostelería, como Alroa.
En todo caso, incluso las asociaciones vecinales de barrios en los que persisten las denuncias por molestias de ruido que se generan todos los fines de semana (y en ocasiones, también días laborables), como el Centro Tradicional o el Casco Antiguo, y que consideran que la ordenanza podría ser un buen instrumento de control, también estarían preparando la presentación de alegaciones (tras el trámite de aprobación inicial en pleno) para tratar de introducir cambios en el texto que se proponga para aprobación definitiva, una vez constituida la próxima corporación.
Entre esas alegaciones, se prevé requerir que la adopción de medidas de control de ruido y de posibles sanciones no queden supeditadas necesariamente a la superación de determinados niveles sonoros y a su comprobación mediante un aparato medidor, ya que no siempre que se generan molestias que perturban el descanso vecinal pueden registrarse de manera estable a través de determinados dispositivos.
En esta línea, también se pretende trasladar que se mantenga el capítulo V de la ordenanza en vigor, aprobada en 1991, en la que sí se recogen posibles medidas relacionadas con esas molestias y que bastaría con que se aplicasen de manera efectiva en lo sucesivo. Y, por último, también prevén solicitar que se acuerde una reducción de horarios de funcionamiento para los veladores, ya que sostienen que en el texto no se plantea una limitación general que anticipe su retirada antes de la 1:00 horas de la madrugada.
Al tiempo, hasta en el seno del propio equipo de gobierno se prevé proponer propuestas de enmiendas antes de que el texto se eleve a aprobación inicial. Entre ellas, la misma Concejalía de Urbanismo prevé plantear al menos una corrección en la redacción del artículo en el que se establece la prohibición de instalar pantallas de televisión en la vía pública para aclarar que esa prohibición solo alude a su funcionamiento con sonido.
Además, otros departamentos municipales, como la Concejalía de Limpieza y Gestión de Residuos, estaría estudiando si el texto propuesto puede suponer una limitación insalvable sobre la prestación del servicio de limpieza viaria y recogida de la basura, al introducir restricciones en cuanto a la generación de ruidos, entre otros puntos.
Los hosteleros, agrupados en asociaciones como Alroa, ya han anticipado que se opondrán a que pueda reducirse el horario de funcionamiento de los locales de ocio y hostelería, así como el anticipo de la retirada de los veladores como medida general, sin que se implanten otras medidas previas, como el incremento de presencia policial.
Entre tanto, queda pendiente el debate sobre la ordenanza de Ocupación de Vía Pública que el bipartito también preveía abordar antes de que concluyese el mandato actual. Por el momento, en este caso, la propuesta no se ha llegado a aprobar en Junta de Gobierno y sigue pendiente de una presentación previa ante los grupos que ejercen funciones de oposición con el objetivo de tratar de consensuarla.