El vallado de una de las parcelas en las que se han instalado asentamientos alegales.ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante ha abierto un expediente de averiguación de hechos tras la acumulación de varias denuncias vecinales respecto al hallazgo de varios asentamientos irregulares en parcelas de suelo rústico de la partida rural de la Cañada del Fenollar. Así lo ha confirmado este miércoles el alcalde, el popular Luis Barcala, en una comparecencia pública, tras participar en el acto de clausura del ciclo de conferencias 'A una hora del cambio' organizada por Terciario Avanzado y Aguas de Alicante.
Al respecto, ha señalado que se trata de una situación conocida por el Ayuntamiento que habría motivado la apertura de al menos dos expedientes por parte del Servicio de Disciplina Urbanística de la Concejalía de Urbanismo con el fin de determinar posibles responsabilidades, toda vez que se habrían registrado distintas denuncias vecinales sobre la venta de parcelas de suelo rústico sobre las que se estaban instalando caravanas o edificaciones sin contar con las condiciones de habitabilidad requeridas, además de asentarse en suelo sin la calificación urbanística que permita esos usos, después de que, en algunos casos, se hayan promovido segregaciones irregulares para subdividir superficies.
Medio Ambiente, a través de la Agencia de protección del territorio, y el Seprona también instruyen expedientes ante la detección de edificaciones en suelo rústico
En esta línea, el primer edil ha asegurado que, al margen de la actuación municipal, también se había abierto investigaciones paralelas por parte de otras instancias, entre las que figuraría el Seprona de la Guardia Civil y la propia Generalitat, a través de la Conselleria de Agua y Medio Ambiente, y de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, también a colación de las denuncias registradas por residentes de la misma partida rural, en las que se alertaba de la ocupación de suelos afectados por zonas de ramblas y, por tanto, de la posible comisión de un delito contra el medio ambiente, al margen de irregularidades administrativas.
De hecho, fuentes del departamento autonómico que coordina Vicente Martínez precisan que se mantienen abiertos 40 expedientes distintos (uno por parcela) y que se trabaja en coordinación con el Ayuntamiento. En algunos de esos expedientes constaría que en algunas de esas parcelas se habría detectado la presencia de hasta 30 edificaciones distintas, lo que podría dar pie a la imposición de sanciones con el propósito de forzar a que se promueva su regularización, o a que se eliminen, en el caso de que resulten ilegalizables, sin que todavía se haya dictado ninguna resolución definitiva. El importe de esas sanciones (con posibilidad de que se acumulen hasta diez) podría oscilar entre los 600 y los 3.000 euros.
De ahí que el primer edil precisase este miércoles que "es una cuestión que estamos investigando desde el Ayuntamiento, y no somos los únicos que lo estamos haciendo", ha señalado, tras apuntar que se trata de una cuestión que recae bajo las competencias de distintos ámbitos. "Es un tema que no ha pasado desapercibido; no vamos a permitir que se pueda vulnerar la legalidad, especulando con cuestiones como esta", ha subrayado el primer edil. "Se ha tomado cartas en el asunto", ha concluido.
