Edificios en construcción en Alicante. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. Nuevo impuesto municipal en proceso de revisión en Alicante. En esta ocasión, el afectado es el sector de la promoción inmobiliaria en la medida que la modificación afecta al impuesto de construcción y obras, conocido por sus siglas como ICIO. El equipo de gobierno, compuesto por el Partido Popular (PP) en solitario, aprobó el pasado martes en Junta Local la propuesta de actualización de la ordenanza fiscal reguladora de su recaudación, por la que se prevé eliminar la graduación establecida desde 1990 en función de la zona del término municipal, o de las características del inmueble en cuestión, en el que se promoviese cada obra para acabar estableciendo un tipo único igualitario.
De este modo, en el supuesto de que la propuesta quede ratificada por el pleno, desaparecerán el índice del 0,50% previsto para edificios incluidos en el Plan Especial de Edificios Protegibles o en el Plan Especial del Casco Antiguo; el índice del 2% previsto para actividades que construcción en edificios ubicados en el Área Central y en el Plan Especial de San Antón; y también el 4% que regía en el resto de emplazamientos. Todos esos indicadores quedarán sustituidos por un tipo del 4% uniforme. Es decir, el máximo legal.
La revisión no es caprichosa. Con ella se pretende dar cumplimiento a la resolución vinculante de la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda VO126-18, en la que se determina que cada ayuntamiento "podrá fijar el tipo de gravamen del ICIO, pero sin que este pueda exceder del cuatro por cien y sin que se puedan establecer distintos tipos de gravamen para diferentes tipos de construcciones, instalaciones y obras". Dicho de otro modo, lo que todavía se amparaba en la ordenanza fiscal de Alicante con la intención de aligerar e incentivar la carga impositiva para la realización de trabajos de construcción que resultasen de interés público, en la medida en que pudiesen suponer la "recuperación y rehabilitación de determinadas zonas y edificaciones de la ciudad", según reza la propia propuesta de modificación.
Vox se ampara en la discrecionalidad que permite el Ministerio y plantea dejar el tipo uniforme en el 2%; la izquierda medita alternativas
Ahora bien, la resolución de la Dirección General de Tributos permite cierta discrecionalidad en la medida en que solo delimita que el tipo de gravamen no exceda del 4% como índice máximo, lo que deja la puerta abierta a posibles modulaciones entre el 0 y dicho 4%. De ahí que varios de los grupos que conforman la oposición ya estén perfilando la presentación de enmiendas a la propuesta del equipo de gobierno con el fin de propiciar algún ajuste a la baja. Entre ellos, Vox prevé plantear que el nuevo índice uniforme se fije en el 2%, en lugar del 4% planteado por los populares, tras constatar que en otras ciudades rigen tipos más bajos: del 3,3% en València o del 2,74% en Elche, según fuentes del partido.
Por su parte, PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem también albergarían reticencias sobre el planteamiento del PP y estarían barajando otras propuestas alternativas para su debate en la comisión de Hacienda previa al pleno de septiembre. De ahí que todavía no esté garantizada la aprobación de la propuesta del equipo de gobierno, en la medida en que los populares (que gobiernan en minoría, con 14 concejales en una corporación de 29 ediles) requieren al menos de mayoría simple (más votos a favor que en contra) para que la revisión quede validada.
Por lo pronto, la misma propuesta de actualización de la ordenanza fiscal apunta que el hipotético incremento del gravamen hasta el 4% que se plantea no conllevará un incremento significativo de la recaudación en favor del Ayuntamiento. En concreto, se alude a un cálculo estimativo en base a las liquidaciones giradas a lo largo del ejercicio de 2022 por el que se apunta que, de aprobarse el nuevo tipo único del 4%, los ingresos solo aumentarán en 158.581 euros respecto a la recaudación de ese año, en la medida en que la gran mayoría de las obras que pagaron el ICIO entonces ya tributaron con ese índice. En ese ejercicio, se liquidó el impuesto en relación a 4.106 actuaciones, de las que 3.588 ya tributaron al 4%, con una recaudación global de 8.817.180 euros, después de que se concediesen bonificaciones de hasta el 95% del impuesto por el reconocimiento de actuaciones como obras de especial interés.
Además, esas bonificaciones se mantendrán en vigor tras la revisión de la ordenanza para las actuaciones en las que quede acreditado que concurran circunstancias "sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo" que justifiquen su declaración con esa consideración (de especial interés o utilidad municipal).
Ahora bien, la propuesta de actualización de la ordenanza también incluye la revisión de un segundo indicador: el del Precio Unitario de Referencia (PUR) que se toma como base para el cálculo de la liquidación del impuesto, a partir del coste de la construcción, una vez excluido "el coste de redacción de proyectos y dirección de obras, el beneficio industrial, los gastos generales y el IVA". Hasta ahora, ese PUR está fijado en 586 euros, calculado a partir del Módulo Básico de Edificación (MBE) publicado por el Instituto Valenciano de Edificación (IVE) en 2017.
Ahora, el IVE habría revisado el valor de ese MBE para 2023 incrementándolo hasta los 736 euros por metro cuadrado, lo que supone una subida del 25,5%. No obstante, el planteamiento formulado por el PP consiste en tomar el valor del MBE calculado para 2021, de 685 euros por metro cuadrado, "en aras de buscar un equilibrio a medio y largo plazo y siendo conscientes de la evolución que han experimentado los precios de la edificación en los últimos siete años". De este modo, el índice sufriría un aumento del 16,89%.
