La oficina del Servicio de Atención e Información al Ciudadano (SAIC) habilitada en el edificio municipal de Séneca.ALICANTE. Contrato regularizado. La multinacional española Telefónica seguirá prestando el servicio de telecomunicaciones para el Ayuntamiento de Alicante por los próximos cuatro años tras convertirse en adjudicataria definitiva de la prestación (que incluye el suministro de telefonía y el acceso a internet de todos los servicios y dependencias municipales) con una oferta de 2,78 millones. Así quedó refrendado el pasado jueves, 23 de septiembre, en una Junta de Gobierno de carácter extraordinario, después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) haya desestimado el recurso presentado por Vodafone: la única compañía competidora que también había concurrido en el concurso.
En concreto, Vodafone había alegado contra la desestimación de su propuesta, acordada por la Mesa de Contratación en febrero de 2021, y había solicitado que el concurso se retrotrayese para que su propuesta sí fuese baremada y clasificada. Su solicitud se basaba en la exposición de hasta 36 aspectos que, a juicio de la compañía, constituían errores de valoración por lo que respecta al apartado de criterios subjetivos del pliego de condiciones. Ese valoración fue la que sirvió para descartar su oferta.
En buena lógica, el Ayuntamiento elevó su propio escrito de alegaciones para contraargumentar el recurso de la multinacional. Pero el TACRC admitió la impugnación y acordó la suspensión del procedimiento de contratación como medida cautelar hasta resolver sobre el fondo del recurso. Finalmente, esa resolución se produjo a mediados del mes de julio. En su informe definitivo, el órgano adscrito al Ministerio de Hacienda avaló la posición de los técnicos municipales y consideró que no se había producido una valoración equivocada de la propuesta de Vodafone. De este modo, confirmó la conclusión del dictamen municipal, en el que se sostenía que "la oferta de Vodafone es incompleta; la carencia de justificación de las tecnologías empleadas y del dimensionamiento de los servicios propuestos, así como el escaso detalle del equipamiento ofertado, junto con algunos incumplimientos, suponen un riesgo de inviabilidad técnica de los servicios solicitados".
La decisión del TACRC permite regularizar, así, otro de los servicios municipales que venían prestándose sin el aval de un contrato en vigor. En este caso, el servicio seguía a cargo de Telefónica desde julio de 2018, cuando venció el contrato precedente. Esa situación se reproduce, por ejemplo, con el servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales, que sigue en manos de Clece y Fissa más de un año después de que se produjese el vencimiento de la concesión, en febrero de 2020. Por el momento, el segundo intento de licitación acometido por el equipo de gobierno continúa paralizado en el mismo TACRC a instancias de un recurso presentado por el sindicato CCOO.
El servicio queda regularizado ahora dos años después de que el equipo de gobierno diese inicio al proceso de licitación
Además, el bipartito también se ha visto forzado a conceder sendas prórrogas temporales para garantizar la continuidad del servicio de transporte público en autobús (en este caso, la segunda extensión extraordinaria que se acuerda sobre el contrato original) y la del servicio de limpieza viaria y recogida de la basura. En ambos casos, el equipo de gobierno prevé que los nuevos procesos de contratación puedan convocarse antes de que concluya este año con el objetivo de que puedan adjudicarse en el verano de 2022 y en enero de 2023, respectivamente.
Se da la circunstancia de que el impulso de la licitación del servicio municipal de telefonía fue el primer acuerdo adoptado por el bipartito tras su toma de posesión, en junio de 2019. No obstante, el proceso de contratación se vio interrumpido como consecuencia de un primer recurso registrado precisamente por Vodafone frente al pliego de condiciones. En esa ocasión, el TACRC sí resolvió a favor de la compañía recurrente, lo que obligó al equipo de gobierno a elaborar un nuevo pliego de condiciones. La contratación queda resuelta, ahora, dos años después de que se adoptase el acuerdo inicial como consecuencia de la litigiosidad planteada durante la licitación.
