ALICANTE. El proceso de licitación impulsado por el equipo de Gobierno (PP y Cs) para seleccionar el futuro diseño del complejo de Las Cigarreras, en las instalaciones de la antigua fábrica de tabacos, se expone a un contratiempo inesperado. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), dependiente del Ministerio de Hacienda, revisa ya el recurso presentado a título particular por el arquitecto Jaume Chicoy (exasesor del grupo Guanyar en el Ayuntamiento de Alicante durante la primera mitad del pasado mandato) frente al procedimiento escogido para designar al equipo que se hará cargo de la redacción del Plan Director de Intervención del conjunto.
La impugnación pone el foco en una cuestión jurídica y técnica para solicitar que se anule la licitación en curso, aprobada el 23 de diciembre en Junta de Gobierno, con un presupuesto de licitación de 621.940 euros. En concreto, el recurso sostiene que el bipartito debió haber convocado un concurso de proyectos (en lugar de haber recurrido a la licitación de un contrato de servicios) para "una mejor consecución de los intereses públicos y de calidad-precio fijados en la Ley de Contratos del Sector Público". Con ese sistema, según incide, se fomentaría una "mejor protección de la participación de los posibles licitadores", ya que las propuestas que se presentasen serían valoradas de manera anónima por un jurado independiente, cuyos miembros dispongan de una cualificación específica (al menos dos tercios de ellos).
En esta línea, el recurso arguye que el objeto de la licitación es "la elaboración de un proyecto arquitectónico" en el que se incluye la redacción de estudios y memorias preliminares, el estudio de alternativas, la redacción del Plan Director de Intervención y Usos y la redacción del estudio previo del conjunto de Las Cigarreras, además de la redacción del proyecto básico y de ejecución del edificio de la antigua Casa de Misericordia".
La impugnación incide, además, en que, a lo largo de toda la tramitación previa del pliego del proceso, se ha trabajado con la hipótesis de que la selección del gabinete redactor del Plan Director se formularía a través de un concurso de proyectos (y no de un contrato de servicio). De hecho, según se documenta en el propio recurso, así se puso de manifiesto al concertar la participación del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante, al que se encomendó el contrato de asistencia técnica para redactar las bases de ese concurso de proyectos. Es más, en la impugnación se citan varios fragmentos de la documentación del propio pliego en la que se habla de "un concurso de ideas" o un "concurso de proyectos".
Por todo ello, además de solicitar la anulación de la convocatoria y de plantear que se impulse el procedimiento que se considera correcto, el recurso reclama que se acuerde la suspensión de la licitación durante el tiempo en el que se resuelva sobre el fondo el asunto. En ese caso, los plazos para la presentación de propuestas quedarían paralizados. En principio, los equipos de arquitectura interesados podían registrar sus proyectos desde el 15 de enero hasta el 24 de febrero.
Hasta el momento, eso sí, el TACRC no ha adoptado ninguna decisión al respecto, al margen de requerir al Ayuntamiento la remisión de la documentación que conforma el expediente. Ese trámite se acordó, de hecho, este martes, en Junta de Gobierno. En el caso de que el tribunal acordase la paralización del concurso, podría producirse un retraso de cerca de dos meses antes de que se pudiese dar el visto bueno a la contratación. Y, como es lógico, la demora sería todavía mayor si el recurso fuese estimado, ya que habría que formular una nueva convocatoria.
Como informó este diario, el Plan Director de Usos de Cigarreras comprende actuaciones que podrían alcanzar los 17 millones de euros, de acuerdo con las previsiones barajadas por el bipartito al dar a conocer la convocatoria del proceso.