El presidente de ABTA, Alfredo García. Fotos: RAFA MOLINAALICANTE. Con apenas un mes de vida, la Asociación de Empresas Gestoras de Bloques y Viviendas Turísticas de Alicante (ABTA) ya agrupa a unos 300 apartamentos de particulares y empresas en la ciudad. Nace en un momento de plena ebullición en el sector ahora especialmente agitado con las novedades que introduce la Ley de Turismo y Hospitalidad. Su presidente, Alfredo García, habla sobre las preocupaciones del colectivo y sobre las implicaciones de esa regulación. Trata de hacer pedagogía sobre las diferencias entre una vivienda turística, un apartamento de arrendamiento de temporada, un hotel o cualquier otra actividad terciaria y, sobre todo, reivindica mayor control del negocio clandestino.
-¿Cuál es el objetivo de la asociación y por qué surge justo ahora?
-Como toda asociación empresarial, tratar de buscar posturas comunes y ordenar un poco el sector. Ver cuál es la presencia en Alicante de bloques y conjuntos de apartamentos turísticos, cuánto volumen estamos manejando... Y también para facilitar a los asociados todas las facilidades que les podamos brindar. Evidentemente, entre los fines de la asociación también figura el control de la legalidad. Vamos a participar en cualquier vía posible para conseguir ese control y por conseguir que exista un mercado más transparente, más seguro y de calidad para el usuario.
-Acumulan unas dos semanas de andadura y por el momento, agrupan a diez empresas gestoras. ¿Hasta dónde creen que pueden crecer?
-Nuestra aspiración es llegar a todas las viviendas turísticas de Alicante. Las informaciones que conocemos, sobre los datos recogidos en el registro autonómico, es que en Alicante existen unos 3.300 apartamentos turísticos; a fecha actual estamos con 274 apartamentos y la previsión de sumar nuevos asociados hasta llegar a los 300, con lo que estamos en torno al 10% aproximadamente.
-Habla fundamentalmente de la ciudad de Alicante pero, si no me equivoco, la asociación tiene un ámbito provincial, pese a que ya existe la Asociación de Empresas de Apartamentos Turísticos de la Costa Blanca (APTUR). ¿Existe choque de intereses?
-No, para nada. Nuestra intención es colaborar con cualquier asociación que exista. Nuestra vocación inicial era constituirnos como colectivo local, pero hemos entendido que todos las asociaciones sectoriales extienden su rango de influencia al conjunto de la provincia. Así, partimos con la intención de colaborar con ellos. Pero que quede claro que, de momento, nos vamos a centrar sobre todo en el ámbito local, en Alicante ciudad, en la situación urbanística en la que nos encontramos.
-¿Pero ha habido ya algún contacto con APTUR?
-No, no hemos tenido tiempo material.
-Entiendo, por lo que ha comentado, que la asociación surge como necesidad de tomar posiciones frente a la nueva regulación del sector. ¿Cuál es la principal preocupación que existe en este momento sobre esas novedades incorporadas en la Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad?
-La modificación que se ha introducido en la necesidad de un documento, un informe de compatibilidad urbanística, que es un requisito ex novo, y que tiene un efecto práctico, conforme a la realidad urbanística de la ciudad de Alicante, que supone un tapón. Está restringiendo el acceso a la actividad a muchos operadores que en el marco regulatorio anterior, hasta la entrada en vigor de esta ley, entraban sin ningún problema. Hablo de las viviendas. Sin embargo ahora se ha reducido muchísimo el ámbito de actuación. Ya no pueden acceder a este mercado. Entonces, ¿qué postura deben tomar ante esta situación? ¿Deben reclamar individualmente?, ¿colectivamente? Esa es una de las facilidades que queremos ofrecer a nuestros asociados, un asesoramiento sobre qué postura deben tomar al respecto.
-¿Y el camino indicado en ese caso es...?
-Lo estamos valorando. Creemos que la reclamación individual debería ser la procedente, por un simple tema de infraestructura. La asociación no está ahora mismo en disposición de abarcar todas las solicitudes que nos están llegando en estas dos semanas. Mientras eso se acomete, les comentamos a nuestros asociados que se informen y que valoren la posibilidad de reclamar y de iniciar acciones legales.
-Por partes, ¿por qué se considera perjudicial para el sector que se exija la expedición de dicho certificado urbanístico?
-Es un requisito que lo que hace es crear incertidumbre. En un primer análisis del anteproyecto de Ley, en la asociación vimos que la regulación local podía entrar en conflicto con el planeamiento. Al introducir la figura de un informe de compatibilidad creemos que se ha dado pie al Ayuntamiento para que regule los apartamentos turísticos como una actividad terciaria, pero nosotros no creemos que se deba aplicar este criterio porque se trata de viviendas. No nacieron con la finalidad de ser un local comercial ni de ser destinados exclusivamente a ese fin. Por eso entendemos que este requisito es perjudicial, restrictivo e incluso nos parece arbitrario.
-¿La solución sería que se eliminase ese requisito?
-Lo que no entendemos es por qué se ha incluido ese requisito. Entendemos que una actividad económica en un ayuntamiento tiene que ser regulada a través de un instrumento de planeamiento, pero no entendemos por qué a la definición de la vivienda turística, que ya se encontraba regulada en la anterior Ley, se ha añadido ahora este requisito nuevo. Comprendemos que la Ley tiene una razón de interés general, pero creemos que se está haciendo de una forma completamente arbitraria. Un ejemplo práctico: el Ayuntamiento de Alicante está adoptando una postura similar al de València, al considerar la actividad de alojamiento en vivienda turística como una actividad de alojamiento temporal. La mayoría de los ayuntamientos, la actividad de alojamiento temporal la tienen regulada como actividad terciaria.
La problemática es que lo están haciendo por analogía. Dado que en la mayoría de las ciudades los planes generales son muy antiguos, no es posible que recojan una figura de negocio como el arrendamiento de vivienda turística porque no existía en esa época. Es como pretender que el equipo redactor del PGOU supiese, no solo que se iba a inventar internet, sino que, además, supiese que las viviendas se iban a ofertar en internet. Lo que queremos decir es que el Ayuntamiento está introduciendo las viviendas turísticas en la misma categoría que un despacho de abogados, una frutería, un comercio... Y esa analogía es lo que está provocando esa discriminación que consideramos abusiva e injustificada. Las viviendas son viviendas; los comercios son comercios.
-¿Aunque se genere negocio y rentabilidad con esas viviendas?
-Efectivamente. No por el hecho de que se esté ejerciendo una actividad económica dejan de ser viviendas. Es parecido a lo que sucede con los arrendamientos de temporada: no por eso dejan de ser viviendas. Sin embargo, en este caso, con este requisito, dejan de ser viviendas, y pasan a ser locales comerciales del sector terciario.
"Mucha de esa turismofobia se ha producido, precisamente, por la falta de control a la hora de garantizar que el marco regulatorio se estaba cumpliendo"
-En parte, la justificación que se da desde el Consell a la hora de tramitar la Ley es que existía la necesidad de ordenar el sector ante el temor al desmadre, a la expansión de las quejas por molestias y a que cundiese la llamada 'turismofobia'. ¿Creen o no necesaria esa ordenación?
-Creemos que mucha de esa turismofobia se ha producido, precisamente, por la falta de control, por la dejación por parte de las administraciones a la hora de garantizar que el marco regulatorio que se había establecido tanto para bloques conjuntos como para viviendas turísticas se estaba cumpliendo, que era acorde a la normativa y era transparente. Pero no se ha hecho nada. En cambio, lo que nos hemos encontrado es una demonización de la actividad en la que parece que todos los problemas que puede haber en una comunidad de propietarios se achacan estrictamente a la vivienda turística, cuando no es el caso en absoluto. Son supuestos concretos, cada uno de ellos es un supuesto único y especial. Lo único que puede haber en común en todos ellos es una falta de control por parte de la administración, no porque sea una actividad que resulte molesta per se, sino que es la falta de control del clandestino. Quien tiene un apartamento clandestino, no tiene un espíritu de cumplimiento como un empresario o una persona que quiere tener una rentabilidad. Esa persona quiere tenerla en el mercado, con la mejor calificación posible y obtener esa rentabilidad dando un servicio de calidad.
-Es decir que, para la asociación, lo relevante es combatir el clandestinaje.
-Claro. Combatir al clandestino, el que no cumple. Una persona que da de alta su vivienda turística en una plataforma y está obviando datos como el número de registro, o está falseando la información que está facilitando a una plataforma, no es una persona que encaje en la definición de un prestador de servicios cumplidor.
-¿Y cómo se combate?
-Con la inspección. Con los medios por parte de la administración que controlen la actividad. En un escenario de control, no tendríamos nada que decir ante las problemáticas que pudiesen surgir específicas y concretas de nuestra actividad. Pero, dado que no se están inspeccionando ni cerrando, nos negamos a considerar que nuestra actividad sea más perjudicial que otras actividades. Además, nos estamos encontrando que todavía no existe ni un protocolo de actuación que permita actuar frente a esas viviendas clandestinas que sí puedan resultar molestas. La Policía interviene cuando se trata de cuestiones que afectan al orden público, o por asuntos relacionados con la seguridad ciudadana, pero no tienen capacidad para actuar frente a una cuestión administrativa como la que supone que una vivienda que se ofrece como vivienda turística no esté registrada de manera oficial. Todavía existe mucha indefinición.
"Estamos recibiendo felicitaciones de vecinos. El cliente de un apartamento turístico consume en los negocios del entorno y compra en los comercios que tiene a su alcance"
-Es una potestad del Ayuntamiento. Ahí no podemos discutir nada. Lo que sí vamos a discutir son los criterios con los cuales se puedan implantar esas actividades. Ya no es la zonificación que ello pueda suponer, sino los estrictos criterios que se exigen a la actividad como que se limite a los bajos y primeros o a edificio exclusivo. Se está obviando que en el caso de las viviendas, son viviendas, y no deberían recibir el mismo tratamiento de una pensión, que creemos que es lo que está reflejando el PGOU de Alicante.
-Explique qué las diferencia.
-Existe una confusión que ya ha comenzado a poner sobre la mesa la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) respecto a la regulación de otras autonomías y de ahí es de donde procede la conflictividad. A las viviendas turísticas no se les puede pedir una salida de emergencia, ni condiciones de accesibilidad ni un informe de Sanidad, porque son viviendas y no dejan de serlo. Además, se debería tener en cuenta la opinión de los vecinos. Estamos recibiendo felicitaciones. No olvidemos que el cliente de un apartamento turístico responde a un perfil muy particular: no es un cliente de un hotel, se trata de un cliente que puede tener una estancia más larga -como un equipo deportivo que puede desplazarse a Alicante para hacer su pretemporada-, que da vida al barrio y que genera actividad en su entorno. Un apartamento turístico no ofrece servicios de un hotel, no tenemos hostelería, por ejemplo, así que el cliente consume en los negocios del entorno y compra en los comercios que tiene a su alcance.
-¿Qué piensa de la posible elaboración de una ordenanza como la que está barajando el Ayuntamiento de Alicante?
-Lo estamos valorando. Hasta ahora se han celebrado dos jornadas técnicas y sólo llegamos a participar en la segunda.
