EL CAMPELLO. Los tiempos lentos del Ayuntamiento de El Campello siguen azotando a los asuntos del municipio. En esta ocasión, se trata del Consejo de Participación Ciudadana, cuya puesta en marcha continúa paralizada. Aunque la situación anómala que está sacudiendo cada rincón de España a causa del coronavirus (covid-19) ha obligado a suspender o reducir ciertas actividades políticas y/o administrativas, son diez meses los que han transcurrido desde que se formara un gobierno tripartito (PP, Ciudadanos y Vox) en El Campello. En ese espacio de tiempo, "sí se dejaron las bases redactadas", garantizan desde el equipo de gobierno, por lo que el Consejo se encuentra, en la actualidad, a esperas de "convocar y activar. Cuando pase esta situación retomaremos el tema", prometen.
Pero el Consejo de Ciudad no supone un asunto reciente, sino que se remonta al mandato del PP de entre los años 2011 y 2015. El grupo municipal Esquerra Unida (EU) fue quien presentó a pleno una moción solicitando la creación de dicho órgano consultivo para favorecer la participación ciudadana, propuesta que se aprobó por unanimidad en 2011. Sin embargo, tras este acuerdo total, el tema se mantuvo paralizado durante 18 meses, por lo que, en enero de 2013, EU presentó una moción en la que reclamaba al Ayuntamiento que "inicie el proceso para crear el Consejo de Ciudad", así como que "proceda a la creación de una comisión para elaborar el reglamento de funcionamiento" del mismo, según recoge el acta de la sesión plenaria.
Pese a aprobarse con once votos a favor (versus diez en contra, todos ellos del PP), no fue hasta la siguiente legislatura (coalición Compromís, Partido de El Campello, Demòcrates, PSOE y EU, 2015-2019) cuando se reactivó el asunto, insistiendo EU, a través de una moción en el pleno de febrero de 2016, en la necesidad de constituir una mesa para "elaborar el reglamento que regule el funcionamiento del Consejo de Ciudad y, así, dotar a la ciudadanía de mecanismos de participación sistematizada con el fin de facilitar la comunicación a cualquier vecino o vecina del municipio", propuso la entonces concejala de EU, Raquel Pérez. Una petición que consiguió la unanimidad, pero cuyo reglamento orgánico no se aprobaría, de forma definitiva, hasta octubre de 2018.
Adaptado al lenguaje inclusivo, fijando la renovación de sus integrantes cada dos años y estableciendo como algunas de sus funciones principales "debatir los planes de actuación generales" o "hacer propuestas en materia de desarrollo económico, local y planificación estratégica de la ciudad", el reglamento también recoge la que debería ser la composición del Consejo: el alcalde o alcaldesa -o persona sobre la que delegue- ostentando la presidencia; un vicepresidente o vicepresidenta que represente a las entidades asociativas; un secretario o secretaria; una representación de cada grupo político con presencia en el Ayuntamiento; dos representantes propuestos por las organizaciones sindicales; un representante -cuatro en total- de cada una de las zonas del municipio (Muchavista, Zona Norte, Centro Urbano y Zona Oeste), una representación por cada cinco asociaciones de cada área (vecinales, educativas, deportivas, juventud, etc.) y una representación del Instituto de Ecología Litoral (IEL).
El reglamento se aprobó con todos y todas a favor (13 votos) y la abstención del PP (7), apuntando la entonces concejala de Participación Ciudadana, María Jiménez Belmar (PSOE), la esperanza de que "se pueda convocar algún consejo antes de acabar la legislatura", dejando las bases establecidas para el gobierno sucesor. Una actuación que, en el actual mandato de derechas, continúa sin llegar, quedando a la espera de la convocatoria y la puesta en funcionamiento del mismo.
