Una de las protestas vecinales contra la descarga de graneles. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. La Plataforma por un Puerto Sostenible, compuesta por asociaciones vecinales, colectivos ecologistas, asociaciones de padres de alumnos y sindicatos, da el paso anticipado a principios de noviembre y registra su recurso de alzada frente a la autorización de emisiones a la atmósfera concedida a la empresa Eiffage para la construcción de la terminal de graneles en nave cerrada en el Puerto de Alicante.
La Plataforma mantiene que el permiso concedido por la Dirección General de Calidad Ambiental de la Conselleria de Transición Ecológica "abre la puerta a que esta actividad contaminante pueda seguir desarrollándose al aire libre en tres supuestos" concretos. Se trataría de situaciones de descarga desde buques, en casos de avería de la nave cerrada y en situaciones en las que se colmase la capacidad de tratamiento de las instalaciones bajo techo.
Para la Plataforma, esa permisividad supondría que se incumpliese "de forma palmaria el Plan de Mejora de Calidad del Aire de l’Alacantí Occidental, que obliga a que esta actividad se desarrolle en nave cerrada en depresión, sin excepciones de ningún tipo". Así, el colectivo califica la autorización como "fraudulenta" y considera que se dicta "para favorecer los intereses económicos privados en menoscabo de la obligada protección de la salud y del medio ambiente", por lo que espera que, "tal y como se comprometió el Director General de Calidad Ambiental, Joan Piquer, se estime el recurso de alzada de modo que, una vez construida la nave, no pueda continuar en ningún supuesto la actual operativa al aire libre, que sigue generando perjuicios sobre la salud de los vecinos que viven en el entorno portuario, y sobre la calidad ambiental de dicho entorno".
Los colectivos que forman parte de la Plataforma también exigen en su recurso, que consta de siete alegaciones, que la autorización incluya "el control y la limitación de partículas en suspensión de menos de 2,5 micras (PM 2,5), las más peligrosas para la salud humana ya que, al ser inhaladas, pasan directamente al torrente sanguíneo y a los órganos vitales, un control al que obliga la normativa estatal que incomprensiblemente es obviado en la autorización recurrida". Otra exigencia, según la Plataforma, es que la autorización especifique los materiales manipulados, "que de forma también incomprensible se ocultan".
Por último, se señala que si la Conselleria de Transición Ecológica, que dirige la ilicitana Mireia Mollà, no estima el recurso de alzada, "la Plataforma llevará a los tribunales de justicia una autorización que incumple la legalidad y en la que parecen pesar más los intereses económicos que defiende la Autoridad Portuaria con su presidente, Juan Antonio Gisbert, a la cabeza, que la defensa de los derechos constitucionales a la salud y a un medio ambiente adecuado", concluye. Ese recurso judicial se interpondría ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV).
Por su parte, fuentes del departamento autonómico apuntaron a Alicante Plaza que, por el momento, no se ha producido ninguna novedad respecto al permiso concedido a Eiffage, aunque persiste el compromiso de revisar esa autorización, tras la petición formulada por la Plataforma en Defensa del Puerto a principios de noviembre.
