La hostelería y el ocio de Alicante piden oxígeno: flexibilidad con los alquileres y exenciones de tasas

ALICANTE. La hostelería y el ocio es, junto al comercio, uno de los sectores económicos más directamente afectados por al orden de confinamiento general acordado con la declaración del Estado de Alarma. El Real Decreto 463/2020 les obligó a echar la persiana sin tiempo de transición como sí lo tuvo la industria no esencial, hasta que también entró en vigor su paralización. Esa situación les ha llevado a cancelar eventos que ya tenían programados previamente para estas fechas (como por ejemplo, bodas o comuniones). Y, por si fuera poco, ahora, restaurantes, bares, cafeterías y pubs se enfrentan al temor de ser la última actividad que pueda recuperar un funcionamiento habitual en cuanto se levante la situación de emergencia sanitaria y se den por superadas las medidas de restricción a la movilidad.

De ahí que la Asociación Provincial de Empresarios Hosteleros de Alicante (APEHA), la Asociación de Locales de Ocio y Restaurantes de Alicante (Alroa) y la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA) soliciten ya medidas que contribuyan a reducir el impacto sobre los balances de sus negocios: un listado de reivindicaciones al que tratan de acogerse como tabla de salvación que permita la supervivencia del sector, formado en su mayor parte por pymes y autónomos. Algunas de esas peticiones, ya se hicieron públicas el pasado 1 de abril, en consonancia con la posición mantenida por la patronal autonómica, Conhostur.

En esta línea, la presidenta de APEHA, María del Mar Valera, insistió en que las medidas aprobadas hasta ahora por el Ejecutivo central no servirán "de alivio". "La moratoria del pago de los seguros sociales durante seis meses no es la solución. Seguimos reclamando la necesidad de exonerar el pago de impuestos y cuotas a la Seguridad Social.  Las empresas de hostelería ahora mismo no pueden permitirse generar deuda con la Administración que supone añadir una mayor carga a la que ya se están encontrando con el negocio cerrado sin poder generar ingresos y teniendo que hacer frente al pago de las nóminas, el alquiler, los gastos fijos de suministros, los pagos a los proveedores, etc", concretó. Además, reseñó que, a 31 de marzo, "los autónomos tuvieron que afrontar el pago de la cuota en una situación en la que no pueden generar ningún ingreso. Son necesarias medidas excepcionales para la situación excepcional que se está viviendo. Especialmente, además en la Comunitat, donde los hosteleros se han visto afectados por la suspensión de las Fallas, la pérdida de la temporada de Semana Santa y el aplazamiento de las Hogueras de San Juan", añadió.

En esta línea, consideró necesario que se arbitren medidas para afrontar el pago de los alquileres. "La hostelería queda desprotegida al no aplicarse ninguna medida en este sentido que ayude al sector y se deja todo a la buena voluntad del propietario del local en la negociación con el hostelero, que en muchos casos están teniendo que hacer frente al pago del alquiler a pesar de tener el negocio cerrado desde el 14 de marzo", abundó, para describir una situación que también está afectando al comercio. 

Por su parte, el presidente de ARA (que agrupa a cerca de 60 establecimientos hosteleros de Alicante), César Anca, muestra su preocupación por el escaso alcance que puede llegar a tener algunas de las medidas anunciadas hasta ahora para dar cobertura a pymes del sector, como los préstamos ICO. En este sentido, señala que "es una ayuda que no va a llegar al pequeño establecimiento, que a lo mejor ya ha asumido un riesgo económico mediante créditos previos". Así, reclama que se habiliten otros medios para procurar la liquidez necesaria que permita mantener la actividad en el sector.

Además, también reivindica "flexibilidad" con los ERTE, "porque en cuanto se supere la declaración del Estado de Alarma, muchos restaurantes no van a poder reabrir al 100% de su actividad habitual y a lo mejor no es posible reincorporar a todas sus plantillas". "Muchos no van a ser capaces de asumir las cuotas de la Seguridad Social y los salarios, así que pedimos algún tipo de sistema que permita ir incorporando poco a poco a esos empleados". "Nosotros fuimos los primeros que vimos llegar la situación y, por responsabilidad, solicitamos al Ayuntamiento y a la Subdelegación del Gobierno que acordase nuestro cierre el mismo día 13 de marzo, siendo consciente del riesgo que supone la concentración de personas en nuestra actividad", relata. "Por eso también pedimos ahora que se proporcione ese paraguas de medidas adicionales para lograr salvar las empresas y los puestos de trabajo que crean", añade. 

Por último, y justo en ese misma dirección, también reclama que se habilite algún tipo de regulación o de mediación para "negociar el tema de los alquileres de los establecimientos; no se nos puede dejar abandonados para que resolvamos esa situación nosotros solos, sino que necesitamos que la administración coja el toro por los cuernos y habilite algún tipo de medida en esa línea", señala.

Se trata de una situación también compartida por los asociados de Alroa. Su portavoz, Francisco Javier Galdeano, señaló que la recomendación que se está facilitando desde la asociación sobre la cuestión de los alquileres es la de negociar caso por caso acuerdos que, por ejemplo, contemplen el aplazamiento de las cuotas de los meses en los que se prolongue la situación de cierre, de modo que se prorratee su pago a lo largo de los doce meses siguientes. "No creo que nos valga el informe de recomendaciones facilitado por el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) en el sentido de que esos contratos de alquiler queden suspendidos de manera automático; lo razonable es ir a concertar aplazamientos con cada casero para no enfrentarnos a futuros litigios por procedimiento de desahucio", insistió.

Y no solo eso. Tanto Valera como la secretaria de APEHA, Emi Ortiz, apuntaron que a la dificultad de los arrendamientos se suma "la complejidad que nos estamos encontrando para la gestión de los ERTE por el colapso del sistema de registro para su tramitación". "Llevamos reclamando procedimientos más ágiles a través de la CEV, ya que muchos asociados nos han trasladado ya que no han podido presentarlos por la saturación del sistema y muchos no se ven capaces de asumir los salarios de sus trabajadores desde el 14 de marzo", enfatizó Ortiz. Por último, ambas consideraron necesario también agilizar la puesta en marcha de las líneas de financiación y las ayudas y líneas dedicadas a las pymes y autónomos del sector, que agrupa a 34.000 empresas y 160.000 trabajadores en el conjunto de la Comunitat Valenciana.

Alroa plantea, además, la necesidad de que se pongan en marcha otras iniciativas de ámbito local, como la exención de las tasas de ocupación de vía pública por la colocación de veladores del tercer trimestre del año. De hecho, el colectivo tenía previsto plantear esa solicitud por escrito este lunes en una carta dirigida al alcalde, Luis Barcala, para que se tuviese en consideración. "En realidad, es una tasa que ya hemos pagado, porque se liquida al inicio del año; y no pedimos que se nos reintegre, ni que se suspenda su pago, como ha anunciado hasta ahora el Ayuntamiento, sino que se nos descuente la parte proporcional de la tasa del próximo año, pero no solo para marzo, cuando ya prácticamente no han habido veladores en la calle, sino para abril, mayo y junio", apuntó.

En la misma línea, señaló que debería aplicarse una reducción similar por lo que respecta a otros pagos municipales como la tasa de basura. "Ahora mismo, los locales estamos pagando una tasa por un servicio que no se está prestando, porque no generamos basura que recoger y no sabemos cuándo vamos a volver a generarla", apuntó. Y, según señaló, otro tanto valdría por lo que respecta a los recibos del agua: "Si Aguas de Alicante es una empresa mixta, el ayuntamiento también podría aligerar los recibos en una situación excepcional como esta", apostilló. 

Se trata de un escenario similar al que afecta a ADEMPA, la Asociación de Empresas de la Marina del Puerto de Alicante que agrupa a los empresarios hosteleros situados en el Paseo de Levante del Puerto. Su portavoz, Antonio Pérez, apuntó este lunes que ya se había mantenido contactos con el concesionario del paseo, Comercial Marina de Levante, de la familia Palacio, para que intercediese ante la Autoridad Portuaria con el fin de que se acordase la exención del pago de servicios como la seguridad o la limpieza, "puesto que esos servicios se han reducido a su mínima expresión". También planteó la necesidad de que se suprima el pago de la tasa de ocupación de terrazas "que nosotros abonamos al concesionario y que este, a su vez, paga a la Autoridad Portuaria", indicó. Por el momento, según incidió, "si está habiendo predisposición por parte de Comercial Marina de Levante para trasladar nuestra reivindicación a la Autoridad Portuaria", concluyó.

Por último, los representantes de ARA y Alroa también inciden en la necesidad de que el Ayuntamiento de Alicante ponga en marcha una campaña de promoción sobre el sector de la hostelería local "para recuperar clientes, ya no solo fuera de Alicante, sino también que se incentive la vuelta de los alicantinos a nuestros establecimientos, para que la primera ayuda sea entre nosotros mismos", insiste Anca.