Planta de residuos de El CampelloEL CAMPELLO. Ecologistas en Acción, el grupo municipal de Esquerra Unida (EU) en El Campello y 20 personas afectadas de la Asociación de Afectados por el Vertedero Les Canyades han presentado, de forma simultánea y con fecha de 13 de mayo, un recurso de alzada contra la modificación de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) realizada por la Generalitat Valenciana. En concreto, la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica modificó, con fecha de 17 de abril de 2020, la AAI de la empresa FCC Medio Ambiente S.A. para una planta de tratamiento de residuos urbanos y vertedero de rechazos ubicada en las instalaciones de Les Canyades, en El Campello.
A través de esta interposición administrativa, los tres protagonistas solicitan a la Secretaría Autonómica Valenciana que la modificación se declare como nula al considerar que "contraviene, en diversos aspectos, la normativa vigente". Es decir, "no se ajusta al derecho", lo que provoca la imposibilidad de defensa. Y es que el proyecto base de esta resolución incumple el Plan Integral de Residuos (PIR), así como el Plan Estatal Marco de Residuos (PEMAR) 2016-2022 en "la cantidad máxima de residuos depositados en el vertedero en 2020 y la cantidad de residuos preparados para la reutilización y reciclaje en 2020", según explican.
La propuesta de FCC para las obras se presenta -además de con documentación pendiente de subsanar- desfasada, ya que la empresa se acoge a una normativa anterior a la que se encuentra vigente en la actualidad, pues se fundamentan en el Plan Integral de Residuos (PIR) de 2013 y en las Autorizaciones Ambientales Integradas (AAI) de 2016, como ya informó Alicante Plaza.
Es por dicho motivo que Ecologistas, EU y la Plataforma tildan de "baldía" la inversión si se concediera la remodelación a FCC con las condiciones actuales, ya que se trata de una planta de "10 años de antigüedad, que todavía no ha amortizado la maquinaria e instalaciones -cercana a los 20 millones de euros-". Y, además, subrayan el incumplimiento de las directivas sobre contratación pública, pues "esas obras no han salido a licitación pública, modificándose el contrato de concesión a FCC".
Además de pedir la nulidad, el recurso de alzada exige la revisión de una serie de requisitos que se derivan de la modificación de la Autorización Ambiental impugnada, tales como la necesidad de definir los valores límite para las emisiones a partir del 17 de abril de 2020 (momento de la reforma de la AAI) o el requerimiento de que FCC garantice que puede comercializar la cantidad de combustible sólido recuperado para evitar "la posibilidad de que acabe depositada en el vertedero", además de evidenciar que "la inversión necesaria para fabricar ese combustible es de 3,2 millones de euros".
La AAI presenta, además, problemas como los malos olores que acarreará "proseguir con el actual sistema de compostaje". Por su parte, las obras que podrían concederse a FCC implican la construcción de nuevas superficies. Sin embargo, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el que se fundamentan es el de 1986, el cual deja ver que "las instalaciones existentes y la ampliación prevista incluye suelos no urbanizables protegidos", se destaca.
