ALICANTE. Compromís volverá a presentar en el próximo pleno de la Diputación de Alicante su propuesta para auditar el Instituto de Cultura Juan Gil Albert. Después de meses de noticias que ponen en entredicho la tarea cultural del organismo autónomo, la dimisión de parte de su equipo de gobierno demuestra la necesidad de replantear el funcionamiento del organismo que depende de la institución alicantina.
La dimisión de la directora María Teresa Pérez es la segunda consecutiva en una dirección de un organismo autónomo de la Diputación por motivos de irregularidades en la concesión de contratos después de la ocurrida en la gerencia de SUMA. “Ciudadanos y PP han convertido el Gil Albert en una agencia de colocación inoperante y clientelista. Sin la solicitud de información sobre el decreto de adjudicación que hizo Compromís hoy nada hubiera pasado”, ha manifestado el portavoz valencianista, Gerard Fullana.
La dimisión de parte del equipo de gobierno por la adjudicación de un contrato del instituto a la empresa de uno de sus subdirectores da la razón a Compromís, que se interesó en una reunión de la junta rectora del Gil Albert por la puesta en marcha del concurso que vuelve a poner el foco de la duda sobre Gil Albert. Entonces, reclamó una auditoría después de las explicaciones contradictorias dadas por el equipo de gobierno y la diputada responsable, la vicepresidenta Julia Parra, a la pregunta in voce de Fullana sobre el decreto 151/2020 de adjudicación del contrato de elaboración de la página web y del logotipo del Instituto.
Según Compromís, el Partido Popular y Ciudadanos impidieron finalmente en el plenario la aprobación de dicha auditoría por la regeneración del Instituto Juan Gil Albert días después de firmar la adjudicación que ahora se cobra la dimisión de Pérez.
Fullana ha destacado además que ha solicitado la grabación de la sesión de 13 de octubre de la Junta Rectora de Gil Albert donde cuestionó la adjudicación y el expediente correspondiente. “Sospechábamos en octubre por las respuestas a nuestro requerimiento de información que la web y el logotipo los estaba haciendo la empresa antes de la adjudicación y que el proceso de oferta pública era presuntamente falso, y ahora sabemos también era el propio director del área quin estaba detrás”.
Compromís denunció también que el instituto dirigido por Ciudadanos había puesto a dedo en el mes de agosto -y saltándose el paso de la junta rectora- a 20 cargos directivos, muchos de ellos vinculados orgánicamente a este partido y a su socio de gobierno del Partido Popular. Los ingresos de estos altos cargos habían provocado que el gasto de personal y por asistencia rectora centrara un 70% del presupuesto, dejando solo para la promoción cultural y académica un 20% del total. Unas cifras que se han vuelto a repetir en el presupuesto 2021.
La propuesta de auditoría de Compromís busca abrir una reflexión sobre la tarea cultural de Gil Albert de forma que este impulse un verdadero programa de promoción cultural. También ha especificado el grupo valencianista que si Ciudadanos no rectifica en el bloqueo para pedir las facturas del PP sobre ingresos no certificados al partido ni accede a renovar Gil Albert pedirá que sus dos diputados asuman responsabilidades políticas.
El Gil-Albert vuelve a empezar y se instala en la incertidumbre tras la dimisión de su directora
