.- El jefe de la Policía Local de Santa Pola, José Miguel Zaragoza (i), acompañado de su abogado después de prestar declaración de la comandancia de Policía Nacional de Benalúa después de haber sido detenido este miércoles junto a ocho personas más en una operación en la que es investigado por supuestas irregularidades en la compra de uniformes para este cuerpo y otros servicios de emergencias, como Protección Civil. Foto EFE/MORELLSANTA POLA. La detención, y posterior puesta en libertad, del jefe de la Policía Local de Santa Pola, José Miguel Zaragoza, ha conmocionado al municipio y a su área de influencia. Zaragoza es una persona muy conocida dentro del mundo de los agentes de policía local de toda la provincia, además de por sus hermanos: Miguel Zaragoza, fue alcalde de Santa Pola hasta 2015, cuando un pacto de izquierdas y el respaldo de dos tránsfugas de Ciudadanos, le apeó de la Alcaldía, y César Zaragoza es el jefe de la Policía Local de Elche. Según ha podido saber Alicante Plaza, la alarma saltó en el consistorio el pasado mes de diciembre de 2016, cuando se comprobó que el material remitido por la empresa ala Policía Local de Santa Pola no coincidía con lo contratado: es decir, había material diferente y más cantidad. Y, además, en muchos de los pedidos, que se tramitaban con contratos menores; es decir, con la invitación de tres empresas, los accionistas de éstas coincidían: es decir, que la empresa agraciada, Almacenes Riera, que opera en multitud de ayuntamientos, se presentaba con varios nombres, como Manufacturas Redován SL; Unidepol SL y Polmuniform SL. Todas ellas con la familia Riera Marcos, en el centro de la operación.
Este miércoles este modus operandi ha saltado por los aires con la detención de nueve personas: además del jefe de la Policía Local de Santa Pola ha sido detenidos el inspector Roque Alemañ, el coordinador de Protección Oficial de la Policía, Pascual Linares y cinco miembros de la familia Riera Marcos: el padres, los tres hijos y la esposa de uno de éstos. Casi todos está acusados de malversación de caudales públicos, en el caso de los funcionarios públicos y el concejal, y otros delitos como falsedad documental, fraude y prevaricación.
El ex concejal de Seguridad de Santa Pola, Antonio Pérez Huerta, después de prestar declaración de la comandancia de Policía Nacional de Benalúa. Foto EFE/MORELL Fue en diciembre cuando el Ayuntamiento de Santa Pola, gobernado por un tetrapartido -PSPV, Compromís, EU, Si Se Puede- y dos tránsfugas de Ciudadanos decidió anular un de los contratos y desde el área de Contratación revisar todos los pedidos que se habían hecho con anterioridad. De ahí que entre los arrestados, además de los dirigentes policiales y los empresarios, esté el concejal de Seguridad Ciudadana en la etapa del PP, Antonio Pérez Huertas. La sospechas es que estas prácticas procedían desde 2012.
Tras detectarse las anomalías, el asunto se remitió a Fiscalía, quien, al ver indicios de irregularidades, a su vez, presentó una denuncia en los juzgados, que recayó en el número tres de Elche. Este es el juzgado que ha llevado a cabo la operación durante este miércoles en Santa Pola, que se ha saldado, además de la detención de José Miguel Zaragoza, de otros dos agentes, Roque Alemañ y Francisco Linares -ambos, ex dirigentes del Club de Atletismo de Santa Pola, ahora enfrentado al ayuntamiento con la celebración de pruebas deportivas-; el ex concejal de Seguridad del PP, Antonio Pérez Huertas, y cinco empresarios relacionados con la empresa que suministraba los uniformes, Almacenes Riera, de Redován. La empresa es propiedad de José Antonio Riera Marcos, con una larga trayectoria en el sector de los uniformes policiales y la ropa laboral. Es más, Almacenes Riera es proveedor de la mayoría de los ayuntamientos de la provincia de Alicante, junto a la empresa Gil de los Ríos, de Valencia. Sólo El Corte Inglés suministra a los ayuntamientos de Alicante y Torrevieja.
El juzgado investiga los acusados tenía una trama montada con el suministro de los uniformes, no sólo de la Policía Local, sino también en los cuerpos de Protección Civil. Y esa es la documentación que ha reclamado la Policía Nacional al ayuntamiento santapolero: los albaranes de entrega de material. La gran sospecha es saber si coincidía el material contratado y el servido, además del procedimiento de adjudicación. Ahora una vez librados los albaranes de entrega, la Udef debe supervisar el material que se le facilitó a la Policía Local para ver si coincide. La sospecha es que no.
Con anterioridad a la paralización del contrato de diciembre, el ayuntamiento ya tuvo que anular la contratación de la uniformidad de verano de los agentes de Protección Civil: se convocó un contrato menor y todas las empresas que se presentaron eran de la familia Riera Marcos, algo que fue detectado por el área de Contratación y, por tanto, el proceso paralizado.
Según la agencia Efe, el asunto de los uniformes es una de las muchas causas judiciales que hay abiertas en Santa Pola a raíz de las manifestaciones de un denunciante cuyo testimonio llevó a la detención, a principios de junio, de la exconcejal de Urbanismo y ex primera teniente de alcalde del municipio Lola Gadea, también del PP, y dos técnicas por el derrumbe del suelo de un aula en el colegio público Hispanidad, de Santa Pola.
En ese suceso, registrado el 11 de enero de 2013, resultaron heridos leves nueve alumnos de entre nueve y diez años de edad y una profesora, y obligó al realojo de todos los escolares en otro centro.
Esa investigación está dirigida por el Juzgado de Instrucción 3 de Elche, cuya titular atribuye indiciariamente a la exconcejal de Urbanismo y ex primera teniente de alcalde y a las técnicas delitos contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental y lesiones por imprudencia grave.
En el marco de esas pesquisas, un testigo enumeró diversas irregularidades por parte del jefe policial Zaragoza y otros funcionarios locales que han desembocado en la operación policial de esta mañana, según las fuentes consultadas.
La investigación por la supuesta trama de corrupción policial se tramita en otro juzgado ilicitano, que la ha dividido en una media docena de causas separadas.
