ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante da otro paso más para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) con los votos del equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), y de Vox, en cumplimiento del pacto presupuestario alcanzado por los dos partidos en enero de este año. Las líneas centrales de esa nueva regulación siguen ajustándose a las condiciones establecidas en ese acuerdo, ya que la ordenanza dictaminada favorablemente este lunes en la comisión de Presidencia no contempla nuevas restricciones ni sanciones más allá de las previstas desde 2011 para el límite del Casco Antiguo. De este modo, no habrá limitaciones para el acceso de vehículos en ningún otro punto de la ciudad.
Eso sí, el dictamen favorable emitido en esa comisión -en cuyo debate no participaron los representantes de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem tras descalificar la propuesta que consideraron plagada de errores- sí permitió conocer algunos aspectos adicionales de trazo fino sobre cómo se pretende aplicar ese sistema de monitorización y control del tráfico concebido el fin de reducir emisiones contaminantes ligadas a los vehículos provistos de motor de combustión.
El primero de ellos es que la ordenanza se pretende implementar en enero de 2025 sin que se contemple un hipotético calendario progresivo que suponga el desarrollo de varias fases. La norma será de aplicación general desde el primero momento, como ya había anticipado el mismo alcalde, Luis Barcala, el pasado viernes, al descartar la posibilidad de que se aplicase una moratoria. Eso sí, los infractores que accedan al perímetro del Casco Antiguo solo autorizado para residentes no quedarán expuestos al abono de la multa prevista en la Ordenanza de Circulación de Vehículos de manera inmediata. En la comisión, se concretó que habrá un periodo de adaptación -con una duración que no se precisó hasta este lunes- por el que simplemente se comunicará la implantación de la prohibición de acceso asociada a la ZBE, a título informativo sobre la infracción cometida, sin que a su autor se le penalice con una sanción. Cuando menos, así lo indicó la portavoz municipal de Vox, Carmen Robledillo, al término de la comisión, como única representante municipal que entró al detalle del dictamen alcanzado.
El segundo aspecto novedoso es el descarte de todas las enmiendas presentadas por los tres grupos del eje progresista, lo que incluye el acuerdo encaminado a la revisión de la ordenanza en el tercer año de su entrada en funcionamiento que, después, se repetiría cada cuatro años. El informe de resolución de enmiendas formulado por los técnicos admitía esa propuesta presentada por el PSOE. Sin embargo, en la comisión, esa medida también acabó quedando descartada por decisión política de común acuerdo entre PP y Vox, según añadió Robledillo.
En cualquier caso, todo parece indicar que esa revisión periódica debería quedar incorporada de forma obligatoria antes de que la propuesta de ordenanza se eleve a pleno, en el mismo momento de su debate (si se reproducen las enmiendas y se admiten), o tras su aprobación inicial, en la fase de alegaciones, ya que se trata de uno de los requisitos recogidos de forma expresa en el Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre, por el que se regulan las ZBE. En concreto, el artículo 10.4 señala que: "El proyecto de ZBE deberá revisarse, al menos, a los tres años de su establecimiento y, posteriormente, al menos, cada cuatro años, con el fin de garantizar que se están alcanzando los objetivos planteados en el proyecto, y que responden a lo establecido en este real decreto".
El tercer aspecto de definición que también pudo conocerse tras el desarrollo de la comisión es que el estudio de impacto económico y social sobre los efectos de la implantación de la ordenanza de la ZBE estaría elaborándose en la actualidad para su incorporación al proyecto de la ZBE propiamente dicho. Se trata de un documento paralelo a la ordenanza con el desglose detallado de las condiciones definitivas de la ZBE que también debería aprobarse antes de fin de año. Eso sí, en la comisión también se apuntó que no resulta necesario incorporar una memoria económica asociada a la ordenanza en tanto que su régimen sancionador se remite a la Ordenanza de Circulación de Vehículos y, en consecuencia, no existe causa que pueda suponer la obtención de ingresos adicionales.
¿Qué pasos quedan por cumplimentarse a partir de ahora para que la ordenanza entre en vigor? El primero es que la propuesta se eleve a debate y votación en pleno, con las correcciones o matizaciones respecto a los apartados de su articulado en los que se aludía de forma equivocada a la planificación de un calendario de implantación por fases, según explicaron los representantes del PP en el transcurso de la comisión.
Por el momento, no hay fecha conocida para que el texto llegue al salón de plenos aunque, a finales de septiembre, se había llegado a señalar que esa votación podía celebrarse este martes, 8 de octubre. Sea como fuere, se da por seguro que el PP no tendrá problemas para que se produzca su aprobación inicial con los votos de Vox. A partir de ahí, se abrirá un periodo de un mes para presentación de alegaciones. Y, tras su análisis -con la consiguiente propuesta de admisión o rechazo- se volverá a votar para su aprobación definitiva con los cambios que pudieran haberse introducido, en su caso.
Entre tanto, la ordenanza de la ZBE configura tres anillos: el primero se circunscribe al Casco Antiguo, el segundo al Centro Tradicional y el tercero está delimitado por la circunvalación urbana de la Gran Vía. Todos los vehículos podrán circular libremente por los anillos II y III, correspondientes al Centro Tradicional y la Gran Vía, sin restricciones ni sanciones, mientras que en el entorno del Casco Antiguo (anillo I) se mantiene una zona señalizada con limitación de accesos.
Se trata de las restricciones establecidas hace 13 años en el interior del perímetro comprendido por el Casco Antiguo, entre la Rambla de Méndez Núñez, la avenida de Jaime II, la ladera del Castillo de Santa Bárbara y las calles Jorge Juan y Altamira, con más de 10 hectáreas de superficie, en la que se limita la entrada de vehículos, mediante controles de acceso, a vecinos, comerciantes o vehículos autorizado, de modo que se utilice este espacio como zona residencial con prioridad del peatón respecto al vehículo, según señalaron fuentes municipales este lunes, a través de un comunicado.
De este modo, "todos los vehículos podrán entrar y circular sin necesidad de verificación de la etiqueta ambiental en los anillos II y III (Centro Tradicional y Gran Vía), que servirán como zonas de estudio, monitorización y toma de datos para una gestión más eficiente de la movilidad en la ciudad y para ayudar en el futuro a la toma de decisiones relacionadas tanto con el tráfico y la ZBE como con otros servicios municipales". Todo, a pesar de que los técnicos del departamento municipal de Tráfico habían llegado a proponer que las mismas limitaciones que se aplican en el Casco Antiguo se extendiesen también al perímetro del Centro Tradicional, en una opción que ha quedado desestimada por criterios políticos.
Sea como fuere, fuentes municipales subrayan, en ese mismo comunicado, que "en la línea de promover el uso de vehículos menos contaminantes que preconiza la ZBE, el Ayuntamiento de Alicante ya ofrece bonificaciones fiscales en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por bajo consumo y emisión de contaminantes. Estos incentivos fiscales llegan hasta el 75%, según la calificación energética, y son accesibles para vehículos eléctricos y aquellos que no superen la tasa de 160 gramos por kilómetro de emisión de dióxido de carbono".
"La implantación de esta Zona de Bajas Emisiones tendrá una vigencia permanente y es coherente con los instrumentos municipales de planificación urbana estratégica y la normativa de calidad del aire y de acción contra el ruido. El Ayuntamiento fomentará la concienciación ciudadana y la educación ambiental, pilares de esta ordenanza en aras a seguir avanzando en la mejora de la calidad del aire", concluye.