SANTA POLA. Una empresa de Elda, Consultores Urbanos del Mediterráneo -liderada por José Miguel Herrero Cuenca y Santiago Vidal Ros-, opta a ser la nueva urbanizadora del plan urbanístico de Balsares, en el término municipal de Santa Pola. La propuesta se debatirá y aprobará este miércoles y convertirá a esta firma eldense, que tiene como socio a Blue Peninsular -participada por el ex administrador del Frob José Antonio Iturriaga, en la nueva urbanizadora del PAI que en su día impulsó Bancaja. El sector tiene capacidad para albergar 5.000 viviendas, centros comerciales y hasta tres campos de golf.
Con este cambio de urbanizador, de Bancaja Habitat por Consultores Urbanos del Mediterráneo, se aplican nuevas directrices, como ha justificado la concejala de Urbanismo, Trini Ortiz. Así, el nuevo urbanizador deberá aportar el 5% en concepto de garantía de promoción pendiente en cuantía a los costes y cargas de urbanización; la aportación del 10% del suelo que corresponde a la administración que sea aportado en suelo urbanizado o libre de cargas; y replantear la ecuación financiera del convenio de programación y de los acuerdos de aprobación-adjudicación del PAI y su modificación. De esta manera, la cantidad en que se cifre el coste de urbanización correspondiente al 10% de cesión obligatoria y gratuita se detraerá de la debida al Ayuntamiento en concepto de plusvalía extraordinaria de la reclasificación; es decir, si la urbanizadora debía aportar 18,5 millones al consistorio en concepto de plusvalía, se le deben restar 4 millones -ya abonados- más lo que supongan el coste de urbanización correspondientes al 10% de cesión obligatoria y gratuita de excedente de aprovechamiento. Esta ecuación no se verá afectada por eventuales retasaciones de costes, advierte la propuesta que se somete a aprobación.
La cantidad resultante (la de restar los 4 millones de euros más de los costes de urbanización del suelo que correspondería al consistorio) se satisfará en el caso, tiempo y modo establecido en el acuerdo de aprobación-adjudicación del PAI y su modificado. De esta manera, el consistorio proponer ceder la condición de urbanizador a la nueva empresa -Consultores Urbanos del Mediterráneo SL-, aunque condicionada a la manifestación expresa de la conformidad de cedente y cesionario con los términos de la propuesta de modificación del convenio de programación en los términos expresados.
Con esta decisión, el Ayuntamiento de Santa Pola, ahora gobernado por el PP, rescata un proyecto que impulsó en sus anteriores mandatos. Se trata de un proyecto que comenzó a gestarse en 2004. en 2016, la antigua Bankia ya inició el proceso para salir del proyecto y perder la condición de urbanizador. Incluso pidió la devolución de los 4 millones de euros que adelantó el urbanizador por el pago parcial de la plusvalía por reclasificación de suelo, pero el juzgado se lo denegó en enero de 2019. En el planteamiento inicial, Bankia debía aportar 24 millones -esa cantidad se rebajó más tarde por la devaluación del sector inmobiliario) a las arcas públicas: 21 millones por plusvalías y tres millones para la construcción de una carretera. Ese plan también incluía que el urbanizador debía asumir los costes del desdoblamiento y ampliación del viario de conexión de Balsares con Santa Pola (núcleo urbano), hasta un máximo de 3.000.000.
Son varios propietarios los que hay presentado escritos en contra de la cesión del agente urbanizador y la anulación del plan urbanístico. Sin embargo, el consistorio defiende la fórmula de la cesión y el restablecimiento de su ecuación financiera y otorgar al urbanizador cedente de "un plazo prudencial para proceder a la subsanación de las deficiencias y a la eventual modificación del convenio de programación". También defiende el ayuntamiento que, si no se produjera tal subsanación, en el plazo al efecto conferido, "procedería entonces, efectivamente, el trámite de un expediente de resolución de la aprobación/adjudicación del PAI". E igualmente, si no se alcanzara la pretendida modificación del convenio de programación en cuanto al reajuste de su ecuación financiera (10% urbanizado y minoración correspondiente de la plusvalía extraordinaria por reclasificación), "decaería el interés público en el mantenimiento de las condiciones de la primitiva programación".
El grupo municipal de Compromís ha sido quién ha denunciado este lunes la pretensión del equipo de gobierno del PP de rescatar este proyecto, que se inició ahora hace 19 años. La formación tilda de "absoluta barbaridad" querer construir tres campos de golf estando inmersos en una emergencia climática que está provocando sequías cada vez más intensas, y pide la intervención de todas las administraciones, así como de los movimientos ecologistas y de la ciudadanía para parar este proyecto “caduco y propio de épocas pasadas”.
“En lugar de resolver el contrato como legalmente debería hacerse, después de que Bankia se haya tirado casi 20 años sin mover ningún papel, el PP está dándole la posibilidad de ceder la condición de agente urbanizador a una tercera parte en un movimiento, como mínimo, bastante irregular”, apunta la portavoz de Compromís per Santa Pola, Anna Antón.
