ALICANTE. La Conselleria de Transición Ecológica y el Ayuntamiento de Alicante coinciden en su diagnóstico inicial frente al proyecto de instalación de la planta de almacenaje de combustible con seis macrodepósitos que impulsa la empresa XC Business 90 en la terminal de mercancías del Puerto de Alicante. Así lo han apuntado este martes la titular del departamento, Mireia Mollà, y el alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), tras mantener un encuentro de coordinación sobre cuestiones ambientales que, en gran parte, se ha centrado en el análisis del proyecto para la construcción de esos silos.
Al término de ese encuentro, ambos han manifestado que la propuesta empresarial no responde al modelo de iniciativas económicas que deberían tener cabida en el Puerto de Alicante porque "confronta con los intereses de los alicantinos", según ha apuntado Mollá. La consellera ha añadido que así quedó claro en 1995, cuando "desde la unidad política" se consiguió el traslado de los antiguos depósitos de CLH desde el Puerto hasta la partida de El Bacarot. Así, ha recalcado que, en ese momento, aquellas instalaciones "ya se entendieron perjudiciales para los intereses públicos, para la ciudad, para la ordenación de la actividad del puerto y para la repercusión positiva de la actividad del puerto para los vecinos y vecinas de Alicante".
En esta línea, Mollà y Barcala han anunciado la puesta en marcha de una comisión mixta en la que técnicos de la conselleria y técnicos municipales trabajarán de manera conjunta a la hora de analizar la viabilidad del proyecto y evaluar si puede o no desarrollarse, entre otros motivos, por factores ambientales o por el riesgo que podría entrañar en el caso de que se produjese una situación de emergencia en caso de accidente.
Como viene informando Alicante Plaza, la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante ya ha denegado la concesión de licencia de actividad y de obra solicitada por XC Business 90 tras alegar silencio aministrativo positivo (no haber recibido respuesta a su petición de permisos desde el año 2013). Además, Urbanismo ha demandado la emisión de informes a la Conselleria de Transición Ecológica y a la de Justicia (competente en materia de Emergencias) para resolver sobre la viabilidad de la propuesta empresarial. El propio edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Cs), mantuvo una primera reunión de trabajo con responsables de Transición Ecológica, la semana pasada, en la que solicitó el desarrollo de una reunión de coordinación para concretar qué tipo de informes se había solicitado.
Tras el encuentro de este martes, el primer edil alicantino ha añadido, además, que el propósito de Transición Ecológica y del Ayuntamiento es "trabajar para conseguir un cambio normativo que impida que la situación vuelva a producirse en un futuro, después de que en 1995 con el convenio con Campsa se consiguiera eliminar los antiguos depósitos pero sin que se produjese la modificación del Plan Especial del Puerto y de los usos portuarios, al igual que el Plan General de Ordenación Urbana que resulta necesario para cerrar esta brecha de forma definitiva".
Mollà sostiene que la propuesta empresarial "confronta con los intereses de los alicantinos"
Ahora, según ha explicado Barcala, esta nueva comisión mixta será la encargada de revisar el procedimiento para cumplir con el objetivo ya manifestado por todos los grupos políticos en contra de que vuelvan a levantarse depósitos de combustible en el puerto. "Esa batalla la vamos a dar desde las administraciones competentes porque sencillamente no se contempla en nuestro modelo de ciudad y es importante que todos estemos coordinados para conseguir cumplir con los objetivos", ha manifestado.
Mollà ha resaltado, por su parte, que "nos vamos a ocupar y preocupar en esta comisión técnica de que se cuente con todas las garantías a nuestro alcance para que este proyecto no confronte con los intereses de las alicantinas y alicantinos". "En 1995 ya se solucionó y también debe solucionarse ahora con diálogo y consenso", ha subrayado.
El alcalde ha resaltado igualmente que "con esta comisión abordaremos una hoja de ruta para darle una solución definitiva a este problema al que nos enfrentamos de nuevo los alicantinos". Mollà ha comentado finalmente que "hay muchos informes que hacer, cuestiones que definir, criterios y puntos de vista que abordar que nos corresponde resolver a las administraciones".