Transición Ecológica abre ahora otro expediente a Eiffage por los graneles en el Puerto de Alicante

ALICNATE. La Dirección General de Calidad Ambiental de la Conselleria de Transición Ecológica ha abierto un nuevo expediente sancionador al apreciar incumplimientos respecto a la autorización concedida para el desarrollo de la actividad de carga y descarga de graneles en el Puerto de Alicante. En esta ocasión, el expediente se incoa frente a la empresa concesionaria de la terminal específica para el tratamiento de graneles, Eiffage Infraestructuras, después de que el servicio de inspección verificase la generación de una nube de polvo durante las noches del 2 y 3 de enero, en un episodio denunciado con carácter previo por los vecinos del entorno del recinto portuario. 

En concreto, la resolución, fechada el 18 de enero, señala que "durante la noche del 2 al 3 de enero, se produjo una operación de carga de materiales pulverulentos a un barco desde la nave de la mercantil Eiffage Infraestructuras ubicada en el muelle 17 del Puerto de Alicante, que generó grandes nubes de polvo visibles desde la ciudad, tal como se muestra en las imágenes aportadas por los vecinos de la zona". Y se apunta que "se mandó un correo al responsable de medio ambiente de la Autoridad Portuaria de Alicante, el cual confirmó estos hechos".

Así, Calidad Ambiental recalca que Eiffage Infraestructuras "cuenta con autorización de emisiones a la atmósfera otorgada por la Dirección Territorial de Alicante en fecha 15 de octubre de 2019, que concede un plazo de 2 años para que desde el inicio de actividad, modificada mediante resolución de 25 de abril de 2022, por lo que ha transcurrido un tiempo suficiente para ajustar el funcionamiento de la instalación para evitar la emisión de contaminantes, continuando la mercantil, la carga de materiales pulverulentos sin aplicar las medidas necesarias para evitar las emisiones a la atmósfera". 

Por ello, la dirección general decide abrir expediente sancionador a partir del informe de 17 de enero de 2023 emitido por los técnicos del Servicio de Inspección Medioambiental, "donde se constatan entre otros extremos, el hecho consistentes en esencia en que durante la noche del 2 al 3 de enero de 2023, se produjo una operación de carga de materiales pulverulentos a un barco desde la nave de la mercantil Eiffage Infraestructuras, así como las circunstancias observadas susceptibles de motivar la incoación de expediente sancionador, por las actividades que se viene realizando, al detectar indicios racionales y elementos objetivos de una posible existencia de hechos ilícitos y la presunta responsabilidad de los infractores identificados.

De este modo, en último término, la resolución, que seguiría en trámite en fase de alegaciones, plantea una propuesta de multa de 40.000 euros tras considerar que la infracción cometida es de carácter grave. Se trata de una expediente sancionador que se une a los dos también incoados por el mismo departamento autonómico a principios del mes de enero, en ese caso dirigidos frente a la Autoridad Portuaria, como informó este diario. 

En esa ocasión previa, la incoación de los expedientes también se tramitó a instancias de la denuncia previa presentada por vecinos y residentes del entorno del recinto del Puerto, que se agrupaban bajo la Plataforma por un Puerto Sostenible (PPS), junto a la participación de colectivos ecologistas y otras entidades sociales, y que sigue denunciando el retraso en la puesta en funcionamiento de la nave cerrada en la que debe organizarse la carga y descarga de materiales pulverulentos. En principio, esa nueva instalación seguiría en fase de pruebas, según fuentes consultadas.

Por lo pronto, la plataforma (compuesta, entre otras, por las asociaciones de vecinos de San Gabriel, Gran Vía Sur, Parque del Mar y El Templete de Benalúa), ha reaccionado este viernes a la incoación de este tercer expediente para señalar que a través de él,  se "obliga a adoptar las medidas posibles a la  empresa para la prevención y restauración de los daños producidos".

Además, apunta que "ante este expediente sancionador abierto, la PPS y las AAVV antes mencionadas expresan su satisfacción porque la Conselleria de Transición Ecológica decida intervenir ante unos hechos  crónicos en el tiempo desde que la nave cerrada en el muelle 17 está terminada", pero cuestionan "circunstancias no contempladas en este expediente sancionador,  que consideramos insuficiente".

Entre otros puntos, el colectivo señala que "se reconoce la emisión de grandes nubes de polvo, sin especificar que se trata de sustancias  tóxicas y cancerígenas para la salud, como quedó demostrado en el primer expediente abierto  en diciembre de 2022, en el que se recoge que los acopios realizados en el muelle 17 por la  empresa Eiffage fuera de la nave cerrada eran de caliza y fluorita". En segundo término, apuntan a lo que consideran una "evidente complicidad de la APA en ocultar la contaminación que se produce en el espacio portuario durante muchos meses, ya que en este segundo expediente sancionador reconoce que la situación denunciada por la Inspección y no ha tomado ninguna medida preventiva ni es sancionada por conselleria en este expediente".

Y añade que "consideramos falso lo expresado en el expediente respecto a que Eiffage realiza la actividad  de carga y descarga de graneles en la nave cerrada. Podemos demostrar, con las fotos que  aportamos, que toda la actividad granelera (acopio y amontonamiento del material, carga y  descarga) se realiza fuera de la nave y es la causa de las nubes de polvo, incumpliendo de forma  continuada la resolución de conselleria de julio de 2020 y toda la normativa aplicable, con el  beneplácito de la APA. Esta actuación es deliberada, y valoramos con el objetivo de ahorrar costes de mantenimiento y funcionamiento de la nave y obtener mayores beneficios al trabajar al aire libre".

De igual modo, la PPS sostiene, a través de un comunicado, que "es también falso que los hechos objeto del expediente sancionador ocurrieran únicamente en la noche del 2 al 3 de enero. Obviamente un barco no se carga en una sola noche, y los vecinos  y vecinas de la zona somos testigos de que es una operativa contaminante continua, que se  realiza durante todo el año en sus diferentes fases, todas ellas contaminantes: descarga de  camiones, formación de los acopios, carga o descarga de los buques a cucharazos al aire libre…  emitiendo al aire de la ciudad polvo tóxico".

En quinto lugar, la plataforma considera que "la sanción establecida por conselleria exige que se adopten las medidas adecuadas para  minimizar al máximo la emisión de partículas contaminantes, cuando lo que debería exigir, tal  y como establecen sus sucesivas autorizaciones, es operar únicamente en nave cerrada instando a su inmediata puesta en funcionamiento, una instalación que supuso una inversión de 14 millones de euros, de los cuales desconocemos qué porcentaje fue de dinero público, en cuyo caso estaríamos ante un posible fraude de ley al mantener la nave inoperativa".

"La PPS, vistas las alternativas de sanción recogidas en el expediente sancionador de acuerdo a  la normativa aplicable, rechazamos que se opte por la sanción económica mínima ignorando  que los hechos ilícitos expresados no son puntuales sino continuos y recurrentes. Además, en el  expediente no se consideran elementos agravantes como son la intencionalidad y la reiteración continuada, ni el potencial daño a la salud de las personas reconocido para imponer una sanción superior, que esta Plataforma considera debería ser la suspensión y la clausura de la actividad  contaminante que se realiza a cielo descubierto, con el objetivo de que la nave cerrada se ponga  en funcionamiento de forma inmediata", incide el comunicado. 

Y concluye que "además, exigimos que la conselleria actúe ya y sancione  a la APA por permitir esta misma actividad contaminante en los muelles 11 y 15, actualmente operando en situación de ilegalidad y clandestinidad al no disponer de autorización ni proyecto de nave cerrada en los mismos".