ALICANTE. El Ministerio de Vivienda da el primer paso ejecutivo real para construir sus primeras viviendas públicas en la ciudad de Alicante. Ese avance consiste en la adjudicación de la redacción del proyecto de un edificio de nueva planta en el que se dará cabida a 12 pisos destinados al alquiler asequible en el barrio de Benalúa. En concreto, sobre un solar libre de 190 metros cuadrados situado en la calle Deportista Enrique Carey que pertenecía al Ministerio de Defensa, adquirido por el Sepes, que ahora queda bajo la responsabilidad de Casa 47: la empresa pública creada por Vivienda tras la reestructuración del Sepes para constituir la nueva Entidad Estatal de Vivienda.

Así, será Casa 47 quien se encargue de pilotar todo el proceso de construcción y de adjudicación de las viviendas, que quedarán a disposición de los inquilinos beneficiarios por un plazo inicial de 14 años, con prórrogas automáticas de 7 años, siempre que se mantengan las mismas condiciones económicas de acceso al primer contrato, según la información anticipada hasta ahora por el ministerio.

El encargo de la redacción del proyecto de ese primer edificio en Alicante queda en manos del gabinete de arquitectura Negrosobreazul, después de que su propuesta se haya impuesto a las ofertas presentadas por otros tres estudios que también presentaron oferta en el concurso. El contrato se adjudica por un importe de 67.176 euros (impuestos incluidos) cerca de nueve meses después de que se produjese la convocatoria de la licitación.

Y, en principio, se prevé un plazo total de hasta treinta meses de duración, aunque en su memoria se estipula que el contratista deberá entregar el proyecto básico en dos meses, y el proyecto de ejecución, dos meses después. A partir de ahí, debe producirse la revisión de la propuesta para certificar su idoneidad antes de que se pueda convocar el concurso para contratar la realización de las obras. 

¿Cuándo podría abordarse su construcción? De momento, no hay más plazos definidos que los que se apuntan en la propia memoria del concurso, en el que se establece que el proyecto debe procurar la realización del edificio en un máximo de 18 meses desde su inicio. Por el momento, la financiación de los trabajos tampoco cuenta con presupuesto asignado, según apuntaron fuentes del ministerio, a consulta de Alicante Plaza. Por el momento, se trata del primer y único proyecto de promoción de vivienda por iniciativa del ministerio conocido para la ciudad de Alicante.

En el conjunto de la provincia, hasta ahora también se ha perfilado ya el proyecto trazado para la construcción de 140 viviendas en la antigua Colonia de Aviación de Alcoy, como informó este diario. Con todo, se augura que los proyectos podrían multiplicarse en el momento en el que concluya el proceso de traspaso de los activos propiedad de la Sareb (el conocido como banco malo) para que puedan reconvertirse también en viviendas del parque público estatal.

En concreto, se han identificado en el conjunto del territorio nacional hasta 40.000 viviendas y cerca de 2.400 suelos objeto de ese traspaso sobre los que ahora se pretende evaluar su estado estructural para determinar si los edificios ya construidos presentan algún tipo de patología que impida su uso o que requiera de su reforma previa. Además, Vivienda, también a través de Casa 47, aprobó este viernes una convocatoria dotada de 100 millones con la que promueve la adquisición de viviendas privadas con el fin de que se integren también en el parque público y puedan ponerse al servicio de la ciudadanía en régimen de alquiler asequible.

Preocupación vecinal

La adjudicación del contrato de redacción del proyecto para las viviendas de alquiler asequible de Benalúa se hizo efectiva el pasado 27 de febrero. Es decir, una semana antes de que se produjese la visita de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a Alicante, donde mantuvo un encuentro con representantes de las asociaciones de vecinos del Barrio de Rabasa, de Divina Pastora, de Carolines Baixes-les Palmeretes, de Alipark, y de Virgen del Remedio-Plaza de Orán, en el que le trasladaron su preocupación por la falta de vivienda pública y por las condiciones de acceso, a colación de la polémica desencadenada respecto a los pisos de VPP promovidos por la cooperativa Residencial Les Naus en un solar subastado por el Ayuntamiento de Alicante en un proceso que se alargó entre 2018 y 2022.

De hecho, Rodríguez ofreció, después, una comparecencia ante el edificio de esa promoción en el que instó al Consell a recuperar los controles en la adjudicación de VPP para evitar presuntas anomalías como las detectadas en esa promoción -la primera de VPP ejecutada en Alicante en los últimos 20 años- y a blindar la vivienda pública para que nunca se pueda especular con ella, de forma que mantengan su calificación de manera permanente, y no hasta un máximo de 30 años, como se establece en la regulación autonómica actual. Así, planteó que el propósito de su ministerio es que la vivienda pública sea "para siempre, y no para los de siempre". Además, instó también al ejecutivo autonómico a aplicar la Ley de Vivienda para congelar los precios del alquiler en ciudades como Alicante frente a la presión ejercida por el turismo y la inversión extranjera.