ALTEA. Sigue la batalla en el puerto Campomanes de Altea. El Club Náutico y una representación de la Comunidad de Titulares de Amarres han solicitado a la Generalitat Valenciana que intervenga en todo el proceso de cambio que se está gestando con la prórroga concedida a la mercantil Marina Greenwich SA. En un comunicado han manifestado sus temores de que cambien las condiciones que tenían hasta ahora en materia económica.
Como ha venido contando este diario, la concesionaria del Puerto Deportivo Marina Greenwich trasladó hace unos meses al Club Náutico que tenía hasta el 7 de mayo de 2026 para abandonar las instalaciones que ellos mismos construyeron y después de 42 años de historia en el puerto. Lo hacían después de conseguir una prórroga de 10 años otorgada por la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad. Una autorización que consideran que no es extensible a otros derechos de uso que se vendieron, como el de la explotación del Club y la titularidad de los amarres.
Según denuncian el Club Náutico Campomanes y la Comunidad de Titulares de Amarres, "con una inversión comprometida de 1,4 millones de euros la mercantil Concesionaria pretende obtener beneficios estimados de hasta 40 millones de euros durante el periodo prorrogado. Si la Administración Pública se lo permite, la pretensión de Marina Greewichh S.A. es imponer sus nuevas condiciones económicas a todos los actuales Titulares de derechos (Club Náutico, titulares de amarres, negocios de hostelería, etc), usuarios históricos del puerto".
De este modo, aclaran que no están discutiendo "la prórroga en sí", sino que la intención es "denunciar el uso que se quiere hacer de ella para imponer condiciones abusivas y generar un enriquecimiento totalmente ilegal e injusto, pretendiendo incluso la desaparición del Club Náutico y la extinción de los derechos de los demás titulares", señala la entidad.
Más de 400 titulares privados de amarres, según trasladan, estarían afectados por estas nuevas exigencias económicas "mientras negocios vinculados al puerto, los titulares de amarres y el propio Club Náutico, con más de 40 años de historia, denuncian fuertes presiones, e incluso coacciones, de la Concesionaria y una situación de absoluta indefensión".
Vista la situación, representantes del Club y de la Comunidad de Titulares de amarres han pedido a la Conselleria que intervenga y se posicione "ante un conflicto que afecta directamente al tejido económico, turístico y náutico del municipio, así como a cientos de personas y usuarios vinculados a la actividad náutica". Todo ello con una petición, que se les mantenga las condiciones que tenían hasta ahora.
"Una cosa es prorrogar la Concesión diez años respetando los derechos y obligaciones en las mismas condiciones contraídas y otra muy distinta pretender utilizar esa prórroga para cambiar las reglas del juego. Lo que tenemos claro es que todos los afectados vamos a dar la batalla en todos los ámbitos posibles. El Club Náutico no puede desaparecer y el resto de afectados no pueden ser privados, sin más, de sus derechos", concluyen desde el Club Náutico.
A su vez, advierten que "podría tener implicaciones de todo tipo, incluso posiblemente penales, relevantes para cualquier operador interesado en el futuro de la concesión". En este sentido, desde la entidad y los titulares de amarres ponen en aviso "a cualquier posible interesado en la adquisición de la concesión pues el conflicto existente solo puede ser resuelto respetando los derechos de todos los afectados".
