ALTEA. El 7 de mayo de 2026. Esta es la fecha en la que el Club Náutico Campomanes tendría que abandonar las instalaciones que él mismo construyó hace 42 años. La concesionaria del Puerto Deportivo Marina Greenwich ha comunicado al Club que la prórroga de 10 años otorgada por la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad no consideran que abarque a aquellos titulares de los derechos de uso que en su día se vendieron. La situación ha abierto un conflicto entre las dos partes, hasta el punto de que señalan a Plaza que la intención es seguir por encima de esta fecha, haya o no acuerdo, y si es necesario, acudiendo a la vía judicial. 

La historia se remonta al 7 de mayo de 1976, momento en el que se autorizó la construcción y explotación del puerto deportivo de Altea a Luis Campomanes Asumendi. Se hacía por un plazo de 50 años, que termina en 2026. Sin embargo, en ese intervalo de tiempo se dan dos acontecimientos importantes para entender esta problemática.

En primer lugar, la concesionaria en 1983 vendió el derecho de uso de una parcela a los propietarios del club, primero bajo la denominación como 'Club Náutico Mascarat', y después y hasta la actualidad como 'Club Náutico Campomanes'. Es entonces cuando construyen el edificio en el que desempeñan su actividad, en cuya planta baja se sitúa un restaurante, que da la casualiad de que tienen arrendado a la propia concesionaria, según apunta el secretario del Club, Gonzalo Pons-Trénor. 

En segundo lugar, en 1997 la Generalitat autoriza el cambio de titularidad, recayendo en Marina Greenwich SA, que es la actual gestora y la que además ha tramitado la prórroga de la concesión por otros diez años. Una empresa que según figura en la información pública, en este año ha culminado una ampliación de capital de casi 1,7 millones de euros, resultando un total de 1.984.317,50 euros. 

El puerto deportivo cuenta con 542 amarres de esloras comprendidas entre 7 y 40 metros así como un varadero. La concesión también incluye el edificio del club - y su restaurante en la planta baja- así como locales comerciales dispuestos a lo largo del muelle y una gasolinera. Todos estos derechos adquiridos estarían fuera de la prórroga, según la lógica aplicada por la empresa. Es más, este diario tiene constancia de que ya se la ha requerido por escrito a algunos titulares de amarres que abandonen las instalaciones en mayo.

Hay a quienes se les ha ofrecido la posibilidad de continuar previo pago, según explica Pons-Trénor. Así, según apunta, los precios que se estarían ofertando sería de 100.000 euros para los amarres de 10 metros, 120.000 euros por uno de 12 metros, o 80.000 euros por siete metros, todos ellos para continuar los 10 años que quedarían de concesión para explotar estos más de 400 amarres. A esto le añaden las tarifas por los locales y que podría llegar a cobrar unos 900.000 euros por los 110 que son de uso público. Con todo, el club calcula que podría obtener entre 30 o 40 millones de euros, "lo que supondría un beneficio absolutamente desmesurado de hasta un 2.500% respecto al coste de las obras comprometidas", apostillan desde la entidad.

Como se decía, aunque el plazo inicial terminaba en 2026, ahora podrán estirarlo hasta 2036 a cambio de realizar unas obras de mejora que ascienden a 1.701.605,53 de euros, IVA incluido, según consta en la resolución de 2022. Unos trabajos que están pendientes desde hace dos décadas. Cabe mencionar que en 1999 es cuando la empresa solicitó permiso para ampliar el puerto, siendo autorizado el proyecto en 2004, pero fue anulada seis años después por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV, siendo confirmada la anulación en 2013 por el Tribunal Supremo. 

Prórroga

No fue hasta 2021 cuando la concesionaria pidió la prórroga "alegando una necesidad ineludible y urgente de acometer inversiones significativas para garantizar su seguridad y conservación del puerto deportivo y la ruptura del equilibrio económico financiero de la concesión", según recoge la resolución de hace tres años. En este escrito presentado en Conselleria, justificaba la solicitud rememorando las obras inconclusas, afirmando que había quedado acreditado que no eran responsables de la anulación y solo había sido perjudicada con sus consecuencias. En este sentido, reseñan que el dique Este quedó sin protección, constituyendo un riesgo "grave e inminente para la seguridad del puerto, sus bienes y personas". Una situación que afirman que ha repercutido de manera negativa en la economía de la concesión y en la cuenta de resultados de la empresa, abocándose a una "situación financiera crítica".

A su vez, argumentaron las dos crisis económicas sufridas durante este largo periodo de tiempo, primero la ocasionada por el boom inmobiliario que se extendió por todo el tejido empresarial entre 2008 y 2017, y segundo con la pandemia por los contagios por covid-19 en 2020. A ello le suma las consecuencias de la borrasca Gloria en el puerto, agravado por la falta de protección del dique mencionado, así como una inversión de más de 700.000 euros en reparaciones. Con todo, aseguran que de 2008 a 2020 el resultado global de la concesión de Marina Greenwich ha sido de pérdidas.

Conflicto

Una vez conseguida la prórroga, la concesionaria considera que ésta no incluye los derechos adquiridos. Así lo recoge en el escrito trasladado en octubre al Club por parte de la defensa de la empresa, representada por Sáez Abogados, que también está vinculada a la mercantil. En él señalan que la ampliación de plazo "ha sido otorgada única y exclusivamente en beneficio de la concesionaria, como no puede ser de otra forma y viene siendo reconocido de manera sistemática por los tribunales". De esta forma, les recuerdan que será el próximo 7 de mayo cuando decaiga el derecho de uso por considerar que está vinculada al plazo inicial de la concesión. 

Sin embargo, Pons-Trénor asegura que los expertos jurídicos consultados por su entidad defienden que tienen derecho a continuar al haberlo adquirido al anterior concesionario. Al contrario de lo que ha ocurrido con los titulares de amarres, en este caso no les han dado la opción de continuar previo pago, aunque tampoco lo ven como una opción viable. Además, de rechazarla por completo al considerar que tienen derecho a continuar, el secretario del Club calcula que es un precio al que no podrían hacer frente.

Vista la situación, desde la entidad confían en que Conselleria medie en el conflicto a tiempo. Si no, barajan seguir con la actividad vencido el plazo, sin descartar que el asunto termine en la vía judicial.

Mientras tanto, el Club lucha por continuar su trabajo después de más de cuatro décadas de historia, y en la que defienden que desarrollan una labor deportiva, social y medioambiental reconocida en el ámbito local, autonómico y nacional. Está integrado en la Real Federación  Española de Vela y en la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana, y mantiene convenios con instituciones educativas y deportivas locales.