Imagen de archivoSAN VICENTE DEL RASPEIG. La ciudadanía de San Vicente del Raspeig pasará de pagar una media de 84,24 euros a 175,28 euros en la tasa de residuos. El punto ha salido adelante con los 14 votos a favor de PP y Vox y los 11 en contra de Compromís, EU-UP y PSOE. Una subida que ha obligado al Ayuntamiento a dividir el municipio en siete zonas diferenciadas para hacer coste al incremento, teniendo en cuenta "tanto criterios de capacidad económica (el valor catastral por metro cuadrado), como criterios de generación de residuos", ha explicado la concejala de Hacienda, María Isabel Domínguez (Vox).
Dentro de esas siete áreas diferenciadas, la cuota correspondiente al barrio de Santa Isabel se reduce "al tratarse de una zona de especial protección", ha señalado la edil responsable. Y ha informado de que el coste anual por poda "se ha distribuido de manera proporcional entre tres de las zonas". La ley que obliga a esta subida se basa en un sistemas de pago por generación y coste de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de residuos. De esta manera, "por un criterio de prudencia, la tasa tiene una cobertura de los costes del servicio del 95%", ha señalado Domínguez.
Además, la concejala se ha quejado de que esta ley estatal se aprobase, "pero no se manden directrices para realizar la ordenanza", por lo que el Ayuntamiento ha tenido que programar varias reuniones con SUMA para aplicar la legislación en materia de residuos, que no tiene que ser deficitaria, es decir, " que los contribuyentes tienen que asumir, a través de sus recibos, este coste y no el 45% como se venía haciendo hasta ahora". Domínguez no ha dejado pasar la oportunidad para hacer política, indicando que esta subida es la "imposición" de una ley de un gobierno de izquierdas y que Vox "está a favor del cuidado del medioambiente, pero esto nada tiene que ver con la imposición de tasas en nombre del fanatismo climático y que asfixiará a las familias".
La oposición ha votado en contra en bloque. De manera pormenorizada, Compromís, a través de su portavoz, Maribel Morera, ha tildado este tasazo de "abuso" y "vergüenza", porque este aumento supone un 98% más de la tasa de basuras, "casi 100 euros más de media", ha interpretado. Y ha recordado que PP y Vox prometieron que no subirían las tasas de las contribuciones, aunque "ahora se ven inmersos en esta subida injusta y desproporcionada de la tasa de la basura. Y lo hacen, según ustedes, por imperativo legal, por culpa del gobierno del Estado o de Europa, donde precisamente gobierna el PP europeo".
Por su parte, Alberto Beviá, portavoz de Esquerra Unida-Unides Podem, ha alentado al Gobierno municipal (PP y Vox) a que "tomen la responsabilidad" y no "echen balones fuera", porque es "su ordenanza". En este sentido, ha tildado la medida de "injusta, desproporcionada, discriminatoria y muy poco trabajada", reconociendo que esta modificación "es aceptable técnicamente, pero políticamente es un fiasco", por la subida "brutal" del recibo de la basura, "prácticamente lineal". Al hilo, Beviá ha criticado que el gobierno municipal no haya personalizado esta adaptación y que hayan seguido la propuesta de SUMA.
En cuanto al PSOE, su portavoz, Asun París, ha defendido al gobierno central de su mismo signo político, alegando que "está obligado, al igual que los municipios, a imponer esta directiva europea". Al gobierno municipal ha afeado que no hayan hecho "nada" en materia de concienciación ciudadana o formación en reciclaje. "Eso sí, llamar incívicos a los vecinos y vecinas, prescindir de tres de los cuatro educadores medioambientales y ahora subir la tasa de basura", ha señalado, acusando a PP y Vox de ocultar a la ciudadanía que "parte de esa cantidad que van a tener que abonar es por la decisión de prescindir de la planta de transferencia, esos 500.000 euros que podríamos estar ahorrándonos". Sobre la reducción en el barrio de Santa Isabel, París ha manifestado que el PSOE no está en contra, pero que no se haga de manera generalizada y ha apuntado que hay más personas en las mismas condiciones en otras zonas. "¿Por qué en el barrio de Santa Isabel sí y en el resto no?".
Para cerrar el punto, el alcalde de San Vicente, Pachi Pascual, ha defendido, en primer lugar, que dentro del esquema de cálculo realizado se han tenido en cuenta la capacidad económica, "pero no individualizado, porque no es posible", reconociendo que "puede que haya otros más justos, pero no quedaban claros en el estudio técnico. El político no decide quién paga", ha aclarado. Y, en segundo lugar, ha sostenido que, al igual que una parte del barrio de Santa Isabel está considerada como ARRU y "se ha utilizado para poder rehabilitar vivienda", ahora se hace lo propio para reducir el pago, "pero en ningún caso es estigmatizar a nadie", ha asegurado.
