Imagen de archivoSAN VICENTE DEL RASPEIG. El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig sabe que la limpieza de las calles del municipio no es la adecuada. También lo sabe la ciudadanía. Sin embargo, el alcalde de la localidad, Pachi Pascual (PP), ha asegurado que se está trabajando por mejorar la situación a través de dos vías: por un lado, a corto y medio plazo con una batería de medidas que se darán a conocer durante esta primera quincena de septiembre y, por otro, agilizando los plazos para el nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos.
De esto ha informado Pascual en una rueda de prensa que ha tenido lugar en la misma casa consistorial el lunes 4 de septiembre, donde ha hecho balance de la situación en la que se encontró el Ayuntamiento el nuevo equipo de Gobierno (PP y Vox) cuando entró hace dos meses y medio. Un Ayuntamiento al que ha tildado de "caótico", "judicializado" y con un personal "insuficiente" y "desmotivado". Y una parte de esta situación está provocada por el contrato de limpieza viaria y recogida de basuras.
Según ha explicado el munícipe, la de la limpieza es una problemática que viene "heredada", ya que el contrato caducó en 2020, aunque la concesionaria del servicio ya expresó dos años antes su voluntad de no seguir una vez finalizado. Sin embargo, no fue así y el contrato se prorrogó de manera forzosa hasta cinco veces, lo que llevó a la mercantil PreZero España a interponer un recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento exigiendo cuatro millones de euros.
Una situación ante la cual el anterior alcalde del municipio, Jesús Villar (PSOE), se pronunció defendiendo que las prórrogas resultaban "necesarias", porque es un servicio "esencial y necesario" para la ciudadanía y la alternativa habría sido "no recoger la basura y que no se limpien las calles". Una actitud que el ex primer edil aseguró que no iba a permitir, asumiendo que la situación "no es la deseada por todos", expresó en un comunicado a principios de año.
En noviembre de 2021, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) anula la adjudicación del nuevo contrato, dictando que se debía retrotraer el proceso a la presentación de ofertas por parte de las empresas, ya que algunas de las mercantiles excluidas de la licitación interpusieron recursos. Llegados a este punto, el anterior Gobierno local decidió a finales de 2022 redactar de nuevo el pliego.
El actual alcalde ha reconocido que el servicio "no es adecuado y los vecinos no lo merecen", pues la maquinaria está obsoleta, hay conflicto con la empresa y años de falta de vigilancia y control, así como falta de campañas de educación y concienciación. Es por ello que Pascual ha manifestado que se está trabajando de manera conjunta con la mercantil, los técnicos municipales y la ciudadanía sanvicentera para poner en marcha una "batería de medidas" a corto y medio plazo para mejorar la situación, las cuales se anunciarán durante la primera quincena de septiembre. De forma paralela, el Ayuntamiento también está trabajando en "acortar" los plazos para adjudicar un nuevo contrato "acorde a la población, necesidades y extensión de la ciudad".
