VILLENA. La asociación Salvatierra-Ecologistas de Villena ha vuelto a denunciar ante la Fiscalía la planta fotovoltaica 'CSF La Atalaya' por "un delito contra el medio ambiente", como ha manifestado en un comunicado emitido. Además, ha vuelto a solicitar que se suspenda el proyecto, que precisamente el pasado julio obtuvo autorización del Gobierno para construir la central de 120 MW en Villena, promovida por Mursolar (filial de la multinacional española X-Elio).
La granja solar se ubicará en la Boquera, desde las casas del Zaricejo hasta Primadomus, cuya superficie ocupará 154,33 hectáreas de terrenos agrícolas, lindes, taludes y caminos, "equivalente en superficie a 15 veces la pedanía de las Virtudes", ha comparado la asociación. La 'CSF La Atalaya' es uno de los proyectos fotovoltaicos que más hectáreas va a ocupar en Villena, "lindando con el espacio protegido de la Sierra de Salinas", ha insistido el colectivo.
"Además, el efecto acumulativo con el resto de proyectos que comienzan a continuación de este, todavía tendrán una incidencia ambiental mayor", ha declarado. Un efecto negativo conjunto por la acumulación de proyectos en una misma zona que, según ha indicado Salvatierra, "no ha sido valorado en ninguno de los estudios ambientales de ninguno de los proyectos del valle, siendo real y físicamente un megaproyecto que ocupará toda la superficie desde Santa Eulalia hasta muy próximo al límite con la vecina localidad de Yecla a través de la carretera a Pinoso, ocupando literalmente una superficie mayor a las 1.000 hectáreas de terrenos agrícolas y paisaje agroforestal".
Este conjunto de proyectos se ubicarán en los límites de un espacio protegido llamado ZEPA Sierra de Salinas, perteneciente a la Red Natura 2000 y que trata de proteger a las especies de aves que están amenazadas en un determinado territorio. "La proximidad a estos espacios protegidos donde se pretende instalar los proyectos son de una enorme afección para la conservación de las especies de animales que se alimentan, dispersan, relacionan y buscan cobijo en las áreas que van a ser ocupadas por paneles solares".
Aunque el estudio de la 'CSF La Atalaya' señala que en la zona no hay ninguna especie protegida o amenazada, Salvatierra ha asegurado que, tras una visita al lugar, detectaron la presencia de numerosas especies de flora catalogada y protegida, además del impacto sobre las especies de aves protegidas en la zona y poblaciones de especies de invertebrados catalogados. También ha afeado que pretendan eliminar miles de almendros y olivos y que se destruya el sector primario, "expulsando a agricultores de las tierras".
Esta no es la primera vez que Salvatierra judicializa la planta fotovoltaica; en 2021 ya denunciaron pública y administrativamente "la tragedia ambiental" que supondrá la construcción de dicha instalación y toda su infraestructura. También en ese momento comenzaron a solicitar que no se aprobara la central, así como tampoco "los otros nueve proyectos en el valle, que van a convertir el paisaje en un mar de zahorra, vallados, paneles fotovoltaicos, torres eléctricas y cableado estructurado, transformando súbitamente un paisaje agrícola a los pies de la Sierra de Salinas", han lamentado.
El alcalde firma las autorizaciones para el equipo legal inicie el procedimiento Contencioso-Administrativo contra las tres plantas de un mismo grupo inversor -Atalaya Solar, Villasol y Frutasol-, autorizadas por el Consell en contra de los informes municipales.
