ELCHE. La pasada semana una comitiva municipal encabezada por el alcalde Pablo Ruz se reunía con el secretario autonómico de Infraestructuras, Vicente Dómine, con el objetivo de concretar el final de la Ronda Sur. Una actuación que ya llega a los 27 millones de euros tras la actualización de precios, pero que aún tiene una 'patata caliente', la expropiación de los terrenos que requiere previamente la ejecución, y que asciende a entre 7 y 8 millones de euros, aproximadamente. Una parte que tocaría al Consistorio, aunque la voluntad municipal es que sea el Gobierno central quien asuma esa parte.
Como ya se fraguó en el anterior mandato, aunque no se llegó a materializar, el compromiso de la Generalitat Valenciana sigue siendo el de sufragar el coste de la ejecución, que hasta antes de la subida de las materias primas y la inflación era de 19 millones de euros. Ahora son 27. Siempre se habló de que se pagaría con el fondo extraordinario de 200 millones de euros del Estado para infraestructuras de la Comunitat. Sin embargo, ni esa cantidad consta que se haya transferido a día de hoy, y según la documentación mostrada por el equipo de gobierno municipal, no estaba incluida en la propuesta de convenio.
Así pues, la Generalitat en todo caso mantiene vigente el compromiso, con anualidades hasta 2027, como ya se avanzó en el presupuesto autonómico, con una primera partida en 2024 de trabajos previos de 50.000 euros. Sin embargo, queda por resolver, y es otro de los motivos de peso para entender por qué no se ha materializado la obra, hay una cuantía extra no pequeña para expropiar los terrenos afectados por los escasos dos kilómetros que quedan para culminar el trazado (entre la rotonda de Algorós hasta la Nacional hacia Crevillent y la ronda de Carrús). Esa parte le tocaría al Ayuntamiento, pero este quiere que lo pague el Estado. Ruz es muy tajante con la posición. Se exigirá al Gobierno vía liquidación (cada año toca una parte en los presupuestos municipales), o como compensación por la falta de inversiones. No se contempla otra opción.
Si bien el anterior bipartito planteó para culminar este trazado una gran rotonda con bastantes conexiones y algún paso a nivel para conectar con el área comercial, lo que ya encarece más la iniciativa, el Ministerio de Transportes aceptó la idea. Sin embargo, en aquellas reuniones, el Gobierno ya planteó que no iba a financiar nada hasta que el Ayuntamiento no asumiera el mantenimiento de la Ronda Sur en su tramo urbano. Algo que se hizo en 2022, y que es habitual entre las administraciones locales y la central; las primeras suelen ser contrarias a sufragar el mantenimiento de estas infraestructuras por su alto coste, y la segunda no tiene dinero para todo y entiende que ya ha cumplido su parte con la ejecución. Pero la gestión, para el Ayuntamiento de turno. Elche aceptó como llave para poder desencallar el final del tramo.
En reuniones anteriores de responsables de Política Territorial del pasado Botànic con el bipartito ya se advirtió que Fomento no había hecho nada relativo a las expropiaciones, y planteó que como la enajenación es un trámite municipal, que fuera el Ayuntamiento quien lo pusiera en marcha. Un asunto por el cual se han ido pasando por tanto la pelota entre administraciones. El escollo y punto candente es esta expropiación, porque sin la asunción de los terrenos, algo parecido al culebrón vivido con el Palacio de Congresos, no se puede licitar el proyecto. Y tramitar un expediente de tanteo y enajenación de ese calibre puede ser otro procedimiento farragoso que se estire bastante en el tiempo.
Esa es ahora la batalla de Ruz, conseguir que sea como sea el Estado pague la expropiación, aunque la ejecute el Consistorio. El anterior equipo de gobierno municipal encargó la redacción del proyecto y las expropiaciones para entregárselo a la Generalitat antes de los comicios, aunque no se ha conocido su resultado hasta hace escasas semanas, con el articulado del nuevo presupuesto autonómico. De momento, habrá que ver cómo se expresa todo en esa idea de convenio entre Consell y Elche que pase por pleno de febrero para ratificarlo. Eso sí, mientras no hayan terrenos, no se podrá hacer nada.