ALICANTE. Acuerdo inminente. A una semana para el 17 de noviembre, la fecha en la que quedó fijada la celebración en el Juzgado de lo Mercantil nº2 de Alicante de la vista correspondiente a la demanda de resolución del contrato de arrendamiento del estadio Rico Pérez suscrito en 2007 por el Hércules y Aligestión Integral, tanto el administrador concursal de esta mercantil, como el club blanquiazul y el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) están cerca de cerrar una acuerdo que evitará que se celebre el juicio y, lo que es más importante, sentará las bases del futuro convenio que deberán suscribir el Hércules y la Generalitat Valenciana, una vez esta se haga con la titularidad de la citada infraestructura.
El director general del IVF, Manuel Illueca, desvelaba hace dos semanas, en el acto de salida a Bolsa del Intercity, que ya contaban con un borrador de acuerdo, pero dejaba entrever que todavía restaban pasos por darse para la rúbrica del mismo: además de consensuar con el Consell si el Hércules debería pagar o no un alquiler en el futuro o si disfrutaría o no del uso exclusivo del Rico Pérez, el club blanquiazul y Miguel Hernández, el administrador concursal de Aligestión, debían llegar a un punto de entendimiento respecto a lo que debía de ocurrir con los casi 300.000 euros de arrendamiento que el Hércules debía haber abonado desde la primavera de 2017 y hasta la actualidad, con base al mencionado contrato de arrendamiento.
Se trata de una suma que el Hércules ha venido provisionando cada ejercicio, a la espera del sentido de la resolución del litigio con el banco del Consell sobre la vigencia o no de ese alquiler: 6.806 euros, correspondientes al lapso de tiempo entre el 26 de mayo y el 30 de junio de 2017; 52.255 euros, entre 1 de julio de 2017 y el 30 de junio de 2018; 78.413 euros, entre 1 de julio de 2018 y el 30 de junio 2019; 52.236 euros, entre 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2020; y unos 80.000 euros (las cuentas del ejercicio 2020/21 se están formulando ahora mismo), correspondientes al plazo que va desde el 1 de julio de 2020 y hasta estos días.
La celebración de la vista del 17 de noviembre y, especialmente, la desestimación o no de la demanda, era un episodio más de un largo culebrón iniciado con la subasta de los bienes (entre los que se encontraba el Rico Pérez) y derechos de Aligestión a principios de 2017: una vez el juez falló que el banco del Consell era el ganador de la misma, este le trasladó al administrador de Aligestión que no deseaba que siguiera vigente el contrato de arrendamiento del estadio por parte del Hércules (el plan de liquidación de la mercantil facultaba al adjudicatario para decidir sobre cada una de las cargas de los bienes y derechos que se subastaban), pero el club se revolvió judicialmente, contando con el entonces titular del Juzgado de lo Mercantil nº 2 como aliado, pero no con la Sala Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, que fue echando por tierra todos y cada uno de los intentos del Hércules por hacer valer el contrato.
Ha sido el repentino interés de la Generalitat en adquirir al IVF el Rico Pérez para desarrollar en él el bautizado como 'Arena Alicante' (en los presupuestos del 2022, el Consell ha consignado 1.000.000 euros para este proyecto) lo que ha terminado reconduciendo la situación hacia el terreno de la negociación, en busca de una resolución amistosa a un litigio cuyo penúltimo capítulo, la vista del próximo miércoles 17, todo apunta ahora mismo que no tendrá lugar. Al menos así parecía este martes, día en el que el Hércules revisaba la documentación consensuada. Eso sí, el paso fundamental para que no haya juicio, la retirada de la demanda, todavía no se había producido.