A veces basta con una vuelta de tuerca para innovar
Cuando emprender en oficios tradicionales se convierte en algo novedoso
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ELCHE/VEGA BAJA. Aunque era un secreto a voces, se daba por hecho que la ilicitana Mireia Mollà sería la primera política de Elche en llegar a consellera del gobierno de la Generalitat. El pasado 16 de junio se confirmaba, y lo hacía junto a la sorpresa relativa de otra ilicitana, Carolina Pascual, independiente fichada a propuesta del PSPV, que ostentará la cartera de Innovación y Universidades. Respecto a la líder de Compromís, como estaba previsto, ha quedado al cargo de la Conselleria de Medio Ambiente, un puesto esperado ya que por un lado aspiraba a más que a quedarse en Elche después de los malos resultados de la coalición, con una correlación de fuerzas con respecto a los socialistas ilicitanos que le da a la formación poco margen, lo que sabía a poco para sus aspiraciones. Además, en Iniciativa tampoco tenían muchos perfiles femeninos para la primera línea, que era lo que buscaban. Y Mollà da ese perfil, además de estar curtida en el 'cuerpo a cuerpo' en Les Corts. Junto a Pascual, dan una considerable representación a Elche en el Consell, aunque tienen varios retos por delante, más o menos peliagudos, que gestionar.
Sobre esos retos y objetivos, Carolina Pascual tiene por delante varios asuntos importantes en la provincia que gestionar. El primero de ellos, el de esclarecer qué pasará con la carrera de Medicina que la Universidad de Alicante (UA) quiere implantar en su campus. Una titulación que se imparte actualmente en la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, en Sant Joan, y que supone la joya de la corona. Lleva tiempo siendo motivo de controversia cuando la UA ha amagado con intentar impartirla, ya que es una de las más demandadas y que mayores ingresos y prestigio reporta. Supondría el mismo título en 22 kilómetros —menos si se tiene en cuenta la ubicación física del campus—. Una duplicidad que el nuevo rector de la UMH, Juanjo Ruiz, rechaza, y se apoya en que el colectivo de estudiantes nacional está “totalmente en contra de que se pongan más titulaciones y facultades de Medicina, los Decanos de Medicina también…”.
Sin embargo, el hipotético grado en la UA ya cuenta con el visto bueno de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), como señalaba este medio y de la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva, dependiente de Educación. Pero para que haya luz verde faltan también otras autorizaciones que pueden ser determinantes, como la de la Conselleria de Sanidad, para resolver la cuestión de las prácticas del futuro alumnado, y el permiso de la Secretaría Autonómica de la Universidades, que está supeditada a la Conselleria de Innovación; es decir, en las manos de Pascual.
Otro asunto relevante, aunque sin duda no tan peliagudo como el del grado de Medicina, es el de la relación entre el Distrito Digital y Elche Campus Tecnológico, ya que el primero está siendo fuertemente impulsado por la Sociedad Proyectos Temático (SPTCV), mientras que el proyecto ilicitano lo está desarrollando íntegramente el medio municipal Pimesa. Eso sí, tienen un convenio pendiente de enmendar para establecer la relación entre uno y otro, ya que el director general de la SPTCV, el ilicitano Antonio Rodes manifestó la voluntad de comercializar también este enclave desde su sociedad. Por lo pronto, le ha vendido las bondades del proyecto a algunas compañías del Distrito Digital, aunque su principal hándicap, aparte del financiamiento, es que aún está literalmente sin construir —en breve se tendrán que adjudicar las obras—, mientras que en Alicante las instalaciones ya están funcionando.
En cualquier caso, esta relación a priori ‘desigual’, ya ha generado algunos recelos en el municipio ilicitano, hastiado de que lleguen pocas inversiones o no las suficientes. De hecho, la consellera paisana de Pascual, Mireia Mollà, exigió aún como concejal que se hiciera un mayor esfuerzo por parte de Proyectos Temáticos con el Campus Tecnológico. Ahora que Pascual gestionará Innovación, aunque sean estos proyectos transversales a varias carteras, tendrá la oportunidad de revisar estos aspectos que han sido motivo de queja por parte de algunos sectores, tanto partidos como agentes sociales. Por último, también se espera que el proyecto del Centro de Diseño de Moda y Calzado, que quedará en manos de la Agencia Valenciana de la Innovación, tenga unos trámites más cortos al tener más ‘cerca’ a una ilicitana en la conselleria.
En lo que respecta a Mireia Mollà, a priori tiene un escenario más complejo ante sí, principalmente el del agua, una de las cuestiones que más preocupan en la provincia y la comarca del Vinalopó y Baix Segura por los regantes, que esperan el trasvase del Júcar-Vinalopó y del Tajo-Segura. Cuestiones que ideológicamente chocan —a priori— con el ideario de Compromís, ya que los ecologistas están en contra de los trasvases por las afecciones negativas que tienen en los ecosistemas de los que se extrae el agua. Enfrente, la opción de las desaladoras, sistemas de un coste elevado y cuya agua no es de tanta calidad para el regadío. Una patata caliente que todo parece indicar gestionará de alguna forma con el también ilicitano Antonio García, hasta ahora edil de Medio Ambiente en Elche, a quien se sitúa también en la Conselleria.
A todo este respecto, el peso del sector agrícola en la Vega Baja es indudable y la posición de los regantes y representantes de la comarca, también lo es. La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, en su discurso de investidura, refirió que “nuestro campo y nuestra agricultura son una herramienta de vertebración del territorio y de transformación del modelo productivo”. Precisamente, la Vega Baja tiene que ser clave en ese reto y tendrá que lidiar con sus particularidades y necesidades, que distan con las del resto de la provincia de Alicante y, sobre todo, de las fronteras de Valencia hacia el norte.
La huerta de la Vega Baja está arriba entre las principales productoras de la Comunitat Valenciana. Además, en el sector de la alcachofa, la comarca concentra más de 40% de la superficie de alcachofas a nivel autonómico. En la provincia de Alicante, el porcentaje se eleva a cerca de un 80%. La práctica totalidad de los municipios de la comarca se dedica al cultivo y a la producción de hortalizas y frutales entre los que destacan, los higos y brevas, y además, un fuerte sector cítrico, en el que predomina el limón.
La lucha por garantizar el trasvase Tajo-Segura es una de las grandes reivindicaciones actuales de los regantes de la comarca a las que se ha unido en el último año la limpieza en los cauces (contaminación provocada por los residuos sólidos flotantes que llegan en gran parte a través de las tomas del propio río Segura). Esta última reivindicación, la de la limpieza del Segura, es histórica de los grupos ecologistas, que llevan décadas clamando a gritos una solución. El Consell apuesta por garantizar el trasvase y buscar soluciones de ámbito nacional, pero mientras, también, seguir con una gestión sostenible de este recurso y con la interconexión de todas sus fuentes convencionales y no convencionales, y el equilibrio en este punto deberá ser responsabilidad de las decisiones del nuevo gobierno.
La distancia de la comarca con el Consell no es sólo geográfica; también de prioridades y confianza. Sitúa a la Vega Baja en una isla que en estos cuatro años, Mireia Mollà y su equipo tendrá que tratar de salvar o de alejar por completo. Una de las protestas de alcaldes y representantes locales es que desde el Consell no conocen y no pisan la comarca. Mollà, ilicitana y de la pedanía de Torrellano tiene en su mano una gran baza para acercar a las instituciones autonómicas al sur de la provincia. Precisamente, una de las críticas del alcalde de Orihuela a la anterior consellera, Elena Cebrián fue que “en cuatro años no ha visitado la ciudad, no nos conoce, no nos escucha”. Los gestos, cuando hay distancia, son importantes.
En ese sentido, el verano pasado, el secretario autonómico de Agricultura de la Comunidad Valenciana, Francisco Rodríguez Mulero, tuvo que salir al paso y calmar a la comarca para aclarar que el riego a manta se mantendrá en el Bajo Segura, ya que el tipo de suelo demanda mantener esta forma de regar, centenaria. El motivo de estas declaraciones fue que el secretario anunció, en el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, detalles del denominado Plan de Obras de Regadío de la Vega Baja, en ciernes. El Consell planeaba la sustitución del riego a manta en la comarca por otro tipo de regadío para racionalizar mejor el uso del agua. La oposición a esta medida fue total en la comarca y logró poner de acuerdo y aunar a regantes y grupos ecologistas, a partidos conservadores y progresistas para tratar de frenarla. En esa sintonía, regantes y la asociación de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (Ahsa) coinciden en que eliminar el sistema habitual podría traer un grave impacto a la rentabilidad en la huerta, a nivel de cultivos y a las zonas húmedas a nivel medioambiental.
La rentabilidad de este riego es la mayor baza de los regantes y a Ahsa le preocupa que la sustitución del riego tradicional por el goteo supongan que los humedales sufrirían un grave impacto en su ecosistema. Las aguas sobrantes que circulan por las colas de los azarbes son parte crucial en el sostenimiento de los humedales del sur de Alicante, entre ellos los embalses de Comunidad de Riegos de Levante en el Parque Natural de El Hondo. El patrimonio histórico, como puentes antiguos, estaciones elevadoras, tomas de agua o molinos naturales del riego “a manta” podrían verse en peligro de desaparecer. Una situación que en cualquier caso no es única en la comarca. Precisamente en Elche, cuyo nuevo gobierno —en línea, a priori, con el Ejecutivo valenciano— trata de lograr la Capitalidad Verde Europea 2030 ocurre algo similar. Sin embargo, dentro de las líneas de actuación del plan, no se menciona la recuperación del patrimonio hidráulico municipal, que sigue perdiéndose conforme pasa el tiempo, y que supone una herencia y una huella de la importancia del sistema de riego ideado por los árabes cuando se asentaron en Elche: uno de los hechos que fue fundamental para declarar al Palmeral como Patrimonio de la Humanidad, la gestión del agua en un terreno semidesértico. Una pérdida progresiva que se suma al también riego tradicional del Camp d’Elx.
Por otra parte, entre los problemas a atajar en el riego por parte del equipo de Mollà, estaría también atacar los regadíos ilegales, que solamente en la sierra de Escalona llegan a las 4.000 hectáreas, mientras que en el resto de la cuenca del Segura se cuentan por decenas de miles.
Otra patata caliente, que no se sabe si Mireia Mollà tocará, es el de la reordenación de las Oficinas Agrarias. La zona sur ahora cuenta con dos oficinas, Elche y Orihuela, las cuales las ha equiparado en personal y funciones, pero la jefatura dependerá de la capital de la ciudad ilicitana, además confirmar es el cierre de la oficina agraria de Almoradí. En una comarca con tanto peso agrícola, por ejemplo, en Orihuela, PP y Cambiemos lograron ponerse de acuerdo en que el cierre de oficinas y dejar a la comarca sin jefatura fue un error.
La infraestructura verde es por tanto otro frente para Mireia Mollà en la Vega Baja. Tiene como reto resolver los grandes problemas de la conexión de su gran espina dorsal verde, el río Segura, con el litoral y otros espacios de gran valor como el palmeral de Orihuela, el parque natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja, o la Sierra de Escalona. A ese respecto, el Pativel será clave para la protección de los conectores ecológicos y territoriales de los ríos Seco y Nacimiento. No obstante, la situación no es la misma en Cala Mosca, donde está el último kilómetro virgen de costa oriolana. Es una excepción del Consell, que el año pasado dio su visto bueno a permitir la construcción de 1.500 viviendas proyectadas desde hace décadas, aunque con algunas salvedades. Precisamente, desde hace décadas los grupos ecologistas, residentes en el litoral y partidos políticos se han movilizado para frenar la construcción. Queda ver si sigue adelante.
Sin embargo, la protección de la huerta y su dinamización debe ser uno de los puntos estrella. El consenso tendrá que ser grande si quieren equiparar el plan para el campo de la Vega Baja con el de la huerta de València.
Otro recado que Mollà tendrá que decidir si impulsa o no es que el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela se convierta en tribunal consuetudinario. En marzo, se quedó a las puertas del Congreso de los Diputados, paso para su aprobación definitiva, por la disolución de las Cortes de cara al proceso electoral. El reconocimiento de "consuetudinario y tradicional" al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y los pueblos de su marco y el del Comuner o del Rollet de l'Horta de Aldaia (València) se iba a discutir en una sesión del Congreso de los Diputados en marzo, constaba en el orden del día, pero el adelanto electoral supuso una disolución más temprana de las Cortes y esta aprobación queda en el tintero hasta la próxima legislatura. Está, ahora, en manos del Consell apremiar la decisión y dar un toque a las instituciones para ponerlo en marcha o que se guarde en un cajón, como ocurrió en la última década.