Planta de residuos del consorcio Mare, en una imagen de archivo. Foto: APALICANTE. El dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) en el que avalaba la modificación del contrato de la planta de residuos de El Campello para ampliarla sin licitación, pese a no contar entonces con la Autorización Ambiental Integrada, ha añadido más polémica a un asunto que ya está en manos de la unidad de Mercado Interior de la Comisión Europea, tras la denuncia de Ecologistes en Acció.
El colectivo que en Alicante lidera Carlos Arribas se ha dirigido al órgano consultivo de la Generalitat tras conocer el dictamen de octubre de 2019, que corregía uno anterior de agosto del mismo año (inicialmente se rechazaba la modificación del contrato por no tener la citada DIA), para poner en su conocimiento la denuncia que han presentado ante las autoridades europeas. Asimismo, incorporan a su escrito, dirigido al secretario general del CJC, el recurso de alzada que han presentado contra la modificación posterior de la Autorización Ambiental Integrada, aprobada en abril de 2020.
En su escrito, los ecologistas discrepan de los razonamientos en los que se basó el aval (en segunda instancia) del CJC a la modificación del contrato, ya que consideran que los informes remitidos por la Generalitat sobre que no era necesaria una nueva AAI y que la ampliación de la planta estaba cubierta por la autorización de 2016 "no se corresponden a la verdad, pues el 17 de abril de 2020 se aprobó una resolución por la que se modificaba de forma no sustancial la AAI. Es decir, las obras y modificaciones que ahora se autorizan no estaban contempladas en su totalidad en 2016 y han necesitado una nueva AAI, que era precisamente lo que exigía el CJC en su dictamen de 31 de julio de 2020, pero con carácter previo a la modificación".
Asimismo, informan al CJC de que la Comisión Europea investiga su denuncia sobre el procedimiento elegido para ampliar la planta (modificar un contrato de servicios en lugar de licitar unas obras, sin publicidad), y advierten de que en el caso de la planta de Elche, ampliada con el mismo procedimiento (también con aval del CJC) y denunciada en 2019, Bruselas ha concluido que vulneró la normativa europea de contratación. Precisamente, Bruselas iba a archivar el expediente porque la vulneración de la normativa en el caso de Elche no permitía inferir un incumplimiento generalizado, que es lo que la Comisión podría sancionar, y el caso de El Campello ha servido a los ecologistas para mantener abierta la investigación.
Joan Piquer, director general de Calidad Ambiental, durante una presentación en Alicante. Foto: APLa respuesta del Consell Jurídic a los planteamientos de Ecologistes en Acció, firmada por el secretario general, Joan Tamarit, despacha el escrito en un párrafo: "La competencia de nuestra Institución es, exclusivamente, la de emitir dictamen en los asuntos sometidos a su consideración por los representantes de las Administraciones Públicas o Entidades de Derecho Público de la Comunitat Valenciana, por lo que, careciendo de tal carácter la Colla Ecologista a la que usted representa, no procede la emisión de informe por este CJC".
En cualquier caso, el colectivo de Arribas ha remitido a Bruselas los dos dictamentes del órgano consultivo, el de agosto (negativo) y la 'aclaración' de octubre que cambiaba el sentido de las conclusiones, para avalar la modificación del contrato sin una nueva AAI. Arribas avanza que "vamos a pedir a Joan Piquer (director general de Calidad y Evaluación Ambiental) esos informes del 21 de agosto de 2019", en los que se basa el cambio de criterio del CJC para avalar la modificación de la planta, "para cuando se levanten los plazos el 4 de junio".
Esos documentos son la clave del cambio de criterio del órgano consultivo, y los ecologistas llaman la atención sobre el hecho de que la planta, al contrario de lo que aseguraba Piquer en su escrito, sí ha necesitado una modificación sustancial de la Autorización Ambiental para pedir la licencia de obra en el Ayuntamiento de El Campello.
