Carmen Gómez Candel.TORREVIEJA. La Fiscalía ha solicitado once años de inhabilitación a la actual concejala de Contratación y Personal del Ayuntamiento de Torrevieja, la popular Carmen Gómez Candel, por supuesta prevaricación en el fraccionamiento de los servicios contratados dentro de un Tallero de Empleo que se celebró en 2015, hace dos mandatos cuando el PP estaba en el equipo de gobierno.
El juzgado número 1 de Torrevieja acordó en agosto de este año la transformación del caso judicial en procedimiento abreviado, lo que supone el proceso de la apertura del juicio oral y la petición de penas o sobreseimiento por parte de todas las partes. La denuncia fue presentada en 2017 por el antiguo equipo de gobierno progresista, formado por PSPV, Los Verdes, EU y Aptce, al considerar que existían indicios de irregularidades en la gestión del Taller de Empleo de 2015. En concreto se trataba de la ejecución de una zona verde en las urbanizaciones de la Siesta/El Chaparral. De acuerdo con el auto de transformación de las diligencias, la concejala y el director del Taller de Empleo, contra los que pesan las acusaciones, "procedieron a fraccionar el objeto de los servicios dividiendo el precio de estas prestaciones en diversas facturas, que era presentadas por las empresas suministradoras, superando en algunos casos los 15.000 y 18.000 euros anuales, excluyendo el IVA, que permitía su adjudicación directa como contrato menor".
Relata el escrito del ministerio público, que "los acusados de manera unilateral decidían qué empresas suministraban el material o decidían su participación durante la ejecución del taller, efectuando los pedidos en función de las necesidades, llevando las negociaciones de manera verbal o telefónica, documentando tales pedidos a través de albaranes de entrega de materiales suscritos por monitores o profesores que realizaban los pedidos".
"Actuando de esta manera, losa acusados contravenían de forma consciente y radical los principios que inspiran la la legislación de contratación en el sector público referidos a la libertad de accesos a las licitaciones, publicidad, transparencia, no discriminación y cercenando la posibilidad de lograr el eficiente uso de los fondos públicos; la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta más ventajosa con lo que actuaban de forma arbitraria y los pagos eran satisfechos tras ser aprobados por quien ejercía las funciones de alcalde, pagos que en todo caso era propiciado gracias a las actuaciones de los acusados", explica la Fiscalía.
Por todo ello, el acusador público considera que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa y reclama la imposición de una pena de 11 años de inhabilitación para empleo o cargo público y para el ejercicio de sufragio pasivo tanto a la concejala como al director del Taller de Empelo.
