La empresa de la rehabilitación de Urbanova exigirá el lucro cesante tras abortarse el proyecto

ALICANTE. El primer proyecto para la rehabilitación de viviendas con fondos Next Generation puede acabar en los juzgados. La empresa que iba a ejecutar las obras de rehabilitación en el complejo de Urbanova, en Alicante, está dispuesta a exigir el lucro cesante por la no ejecución del proyecto, pues ya tenía los contratos firmados con la comunidad de propietarios desde agosto de 2022. Sin embargo, ha sido ahora, este sábado 18 de marzo, cuando los propietarios del complejo han votado no al proyecto, lo cual abre más incógnitas sobre el proyecto.

El proyecto asciende a 12 millones de euros, de los que casi 9 millones provienen de los fondos Next Generation autorizados por la Conselleria de Vivienda. Ese dinero está aprobado para la rehabilitación integral y dotación de medidas de eficiencia energética para las 470 viviendas de las 10 torres del complejo de Urbanova.

La comunidad de propietarios había iniciado el proceso para la reforma en abril de 2022. El proyecto de rehabilitación era algo necesario, pues el departamento de Conservación de Inmuebles del Ayuntamiento de Alicante había abierto expediente a la comunidad por los desprendimientos y filtraciones que sufrían las viviendas. Había inicialmente dos propuestas: una de 7 millones, que nunca llegó a aprobarse, para la reforma de todo el complejo; la otra era de 12 millones e incluía la reforma con la aportación de fondos europeos y, por tanto, condicionados, además, a los trabajos de eficiencia energética. 

Finalmente, la comunidad de propietario inició en abril de 2022 el proceso para solicitar los fondos. Entonces, acordó nombrar agente de la rehabilitación a la empresa Urbana de Exteriores y le encomendó el proyecto por 12 millones de euros, supeditado a que se lograron los fondos europeos Next Generation. 

La empresa considera que el objetivo se ha cumplido, pues la Generalitat le consignó casi 9 millones en ayudas procedentes de los fondos Next Generation, y por lo tanto, cualquier incumplimiento del mismo sería una decisión unilateral de la comunidad de propietarios  y podría exigir el pago del lucro cesante. La empresa calcula que esa indemnización podría rondar los dos millones de euros.

Es más, en el contrato que suscribieron la comunidad de propietarios y el agente urbanizador; es decir, Urbana de Exteriores,  recogería que si hay causa de disolución, la empresa tendrá derecho a reclamar todos los honorarios realizados que no estuvieran satisfechos.

La empresa recuerda que todos los contratos -tanto el de agente de urbanizador como el de la ejecución de las obras- fueron aprobados por unanimidad. Si ahora la asamblea de propietarios ha votado no al proyecto -183 propietarios rechazaron el sábado la propuesta (un 39%) frente a los 152 que la respaldaron (un 34%)-, la empresa considera que tendría derecho a indemnización.

De momento, hay un mes para presentar alegaciones e impugnar el resultado de la asamblea. En caso de que decisión devenga firme, la empresa tiene que claro que iniciará el proceso para la indemnización, pues considera que ha cumplido con todo lo que suscribió con la comunidad de propietarios.

Independientemente de lo que suceda entre la comunidad y la empresa, el Ayuntamiento de Alicante mantiene abierto el expediente, con el riesgo de que pueda ser sancionada.

Hay que recordar que parte del malestar vecinal que ha provocado el cambio de postura proviene de la intervención de la representante de la administradora de fincas. Consideran que tomó parte en la votación sin ser propietaria de ninguna vivienda, algo que la empresa ha negado. Pese a la denuncia, nadie impugnó ni su intervención ni la actas de las reuniones en las que se adoptaron los acuerdos.