Alicante Plaza puede adelantar que la vista se celebrará en el mes de septiembre en Luxemburgo, donde el Tribunal General (Tribunal de Primera Instancia) tiene, junto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), su sede.
Como también adelantó este medio en su día, el Hércules discute que el aval se pueda considerar una ayuda de Estado prohibida y en su demanda solicita la nulidad para la Decisión de Recuperación, además de la imposición de las costas del procedimiento a la parte demandada, la Comisión Europea. Los argumentos del club blanquiazul se dividen en uno principal y dos subsidiarios: el primero es que "el club no era una empresa en crisis" de acuerdo con lo establecido por la normativa comunitaria (artículos 87 y 88 del TCE y directrices de la Comisión de 2004) y que el aval declarado ilegal "sí contemplaba el riesgo de impago y la colaterización del préstito", mientras que los segundos son que la supuesta ayuda no le confirió ninguna ventaja competitiva porque "el Hércules no podía competir en Europa" y que habría una "incorrecta cuantificación de esa ayuda".
Esta demanda de nulidad, interpuesta el 7 de noviembre de 2016, la firman los abogados Stefan Ratings y Yolanda Mata, pertenecientes al bufete Berasategui & Abogados especializado en Derecho de la Competencia comunitario y español y que asumió hace casi dos años la defensa de los intereses del club blanquiazul frente a la Comisión. De manera paralela a este procedimiento principal, a la demanda de nulidad, el Hércules también inició un procedimiento de medidas provisionales buscando la suspensión de la ejecución de la Decisión de Recuperación hasta que se sustanciara la demanda. Dicha suspensión cautelar fue desestimada por el Tribunal General, recurriendo esa decisión Hércules ante un TJUE que le concedió hace prácticamente un mes una suspensión cautelarísima que seguirá en vigor, tal y como recoge el citado órgano jurisdiccional en su fallo del 5 de julio, hasta la fecha en que se dicte el primero de los dos autos siguientes: el que ponga fin al procedimiento sobre medidas provisionales, o el que resuelva directamente el recurso de casación.
