ALTEA. Un año después de que presentara el preconcurso, la cooperativa agrícola de Altea ya está oficialmente el concurso de acreedores -que fue publicado en el BOE este jueves 11 de febrero- después de haberlo solicitado de manera voluntaria y de no encontrar una solución, a través de un nuevo socio o cambio de gestión que asegurara su viabilidad y de esta manera, poder cumplir con sus obligaciones. La entidad agrícola arrastra un pasivo de unos ocho millones de euros y desde hace meses que cesó su actividad y despidió a todos sus trabajadores. El juzgado mercantil número dos de Alicante ha nombrado administrador a Pedro Menor Hernández, que asumirá las facultades de administración de la cooperativa mientras dure la instrucción del concurso.
Durante un mes, los acreedores deberán comunicar sus créditos y deudas con la cooperativa y personarse en el concurso. El administrador dispone de un plazo de dos meses para elaborar un informe sobre la situación de la entidad agrícola: cuál es la masa activa (bienes) y pasiva (deudas) del concurso, además de calificar los créditos de los distintos acreedores.
Posteriormente, se abriría la fase de convenio: los acreedores comunican sus deudas y qué parte de de ella están dispuestas a renunciar; la denominada quita. Con las propuestas de todos los acreedores, se elabora un convenio, que recogerá la masa pasiva final, que debe ser aprobada por la junta de acreedores, primero, y ratificado, después, por el juez instructor del concurso. En caso de que no hay acuerdo, el juez puede abrir la fase de la liquidación de la empresa: procederá a liquidar todos los bienes del concursado, con el fin de pagar el máximo de deuda posible, siempre teniendo en cuenta el orden establecido. En ese caso, también se abriría la fase de calificación para establecer las causas que han llevado a declarar el concurso y las posibles conductas negligentes.
De acuerdo con las informaciones publicadas hace un año, la cooperativa y su sociedad Villanaranja arrastraban una deuda de 8 millones de euros y contaban, según sus gestores, con unos activos por valor de 10 millones de euros. Sin embargo, parte de ellos fueron hipotecados al convertir una póliza de crédito de 2,35 millones de euros -que se renovaba anualmente por parte de Cajamar- en un crédito hipotecario.
La entidad cesó su actividad el 13 de febrero de 2020 y a los pocos días despidió a la mayoría de los 106 trabajadores con los que contaba.
