ELCHE. La sección undécima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, juzgará al ex alcalde de Santa Pola, el popular Miguel Zaragoza; a la ex concejala y ex diputada Loreto Cascales; a la hermana del ex alcalde, Pilar Zaragoza y a su pareja, y también concejal Jorge Perelló, entre otros, por supuesta prevaricación, cohecho y negociaciones prohibidas con funcionarios dentro del denominado caso de la Clínica Gran Alacant. La vista oral del juicio arrancará en enero 2024 en la Ciudad de la Justicia de Elche.
En total, hay ocho investigados en la causa judicial. A todos ellos se les acusa de supuesta prevaricación, cohecho y negociaciones prohibidas por alquilar unas dependencias municipales a una clínica privada en una dependencia municipal a cambio de contratar familiares de militantes del PP. En algunos de los casos, como el de Pilar Zaragoza, que habrían cobrado sueldos sin ir trabajar. A todo ello, se suma que la clínica no habría abonado el canon al ayuntamiento en concepto del alquiler.
Además de ex alcalde, su hermana y los dos ex concejales -Jorge Perello, que era responsable de Personal y Loreto Cascales, edil de Gran Alacant-, también se sentarán en el baquillo de los acusados los entonces gestores de la clínica Manuel Rodríguez Bernal y Fernando Gómez Soler; el ex concejal de Deportes Francisco Martín y Antonio Jesús Martínez. Éstos dos últimos, militantes del PP, habían sido contratados en la clínica. En la fase de instrucción, los propietarios entonces de la clínica sí que admitieron que Pilar Zaragoza estuvo un año sin acudir a su puesto de trabajo, pese a que cobró íntegramente las nóminas, y que personal del ayuntamiento también prestó sus servicios en la clínica.
Hay que recordar que la causa de la Clínica Gran Alacant estuvo durante una fase de la instrucción, en 2018, en el Tribunal Supremo por la condición de aforada de Loreto Cascales, que en ese momento era diputado al Congreso de los Diputados. La imputado de Miguel Zaragoza, en su ese momento, diputado provincial de Servicio Social también provocó su dimisión, de motu propio, como alegó en su día para no perjudicar al PP.
Y además de las contrataciones de afines al PP en la clínica, también el caso de cano: la Clínica Gran Alacant no pagó el canon durante los 10 años de alquiler, de 2006 al 2016, que ascendía a 109.000 euros. Posteriormente, el ayuntamiento lo reclamó y un juzgado dio la razón a los gestores de la clínica, pues solo les obligó a pagar 13.022 euros por el personal que tuvo que aportar el consistorio a la clínica.
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