El director general del Agua, Manuel Aldeguer, en imagen de archivo. Foto: EPALICANTE. Las acciones reivindicativas desplegadas por la asociación de vecinos Gran Vía Sur de Alicante frente al funcionamiento de la depuradora de Rincón de León de Alicante tiene una nueva consecuencia en el ámbito judicial. El Juzgado de Instrucción número 11 de València ha abierto diligencias previas de investigación contra el director general del Agua de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Manuel Aldeguer, en respuesta a la querella presentada por el colectivo vecinal por un presunto delito de prevaricación administrativa relacionada con la falta de resolución "desde hace 25 años del expediente de autorización de vertidos" de dicha instalación, según concreta la querella, presentada el pasado dos de febrero.
En concreto, la querella responsabiliza a Aldeguer -y también a la jefa de Servicio de Planificación, Recursos Hidráulicos y Calidad de las Aguas, Milagros Pérez- de "la presunta deliberada e injustificable omisión de tramitar y resolver la preceptiva autorización de vertidos tierra mar de la red de drenaje de la principal Estación Depuradora de Aguas Residuales de Alicante EDAR Rincón"; un expediente administrativo que se inició "entre los años 1995 y 1998" y que permanece inconcluso "y sin ser resuelto a pesar de los aproximadamente 25 años transcurridos desde el inicio de su tramitación". Todo ello, según la querella, "a sabiendas de su injusticia y arbitrariedad".
En esta línea, la querella subraya que "podría existir una deliberada voluntad de no resolver este expediente administrativo de autorización, al no resultar razonable ni creíble que existan razones justificadas en derecho para durante los aproximadamente 25 años". Es más, el colectivo apunta a la existencia de una "deliberada intención de no tramitar este expediente", cuya responsabilidad recaería en Aldeguer, "así como sus antecesores en el cargo, y contando con la complicidad de la Administración municipal como titular de las instalaciones causantes de los vertidos contaminantes no autorizados".
La querella incide, además, en que, como consecuencia de la presión vecinal, la conselleria a la que se adscribe la Dirección General del Agua y el Ayuntamiento de Alicante iniciaron en 2019 un expediente de "regularización de la autorización de vertido de la conducción de vertido de la EDAR de Rincón de León en el término municipal de Alicante" que, sin embargo, tampoco se habría resuelto después de tres años, según añade la querella. De hecho, en su redacción se concreta que, en respuesta a la queja previa presentada por la asociación ante la Sindicatura de Greuges, fue la propia conselleria la que respondió al defensor del pueblo valenciano "que se había requerido a diversas administraciones y organismos públicos informes para completar el expediente, y que por ello continuaba el procedimiento. Por tanto, y habiendo transcurrido más de tres años desde que el Ayuntamiento de Alicante 'reinicia' el trámite de solicitud de 'regularización' del expediente VERMAR 075, este continúa sin resolverse".
Ese nuevo expediente de regularización quedaba sujeto a la ejecución de inversiones de mejora en el funcionamiento de la planta depuradora y en la estación de bombeo de San Gabriel que se estarían ejecutando en la actualidad, por más de 3,7 millones, según fuentes consultadas.
En cualquier caso, portavoces de la asociación han incidido, a través de un comunicado, en que, con la inexistencia de una resolución sobre ese permiso, "se incumple de forma clamorosa la normativa europea, nacional y autonómica en esta materia, que prohíbe la realización de vertidos al dominio público hidráulico y al dominio público marítimo terrestre sin la preceptiva autorización". En ese sentido, las mismas fuentes recalcan que este "es el instrumento ambiental para la prevención de la contaminación de las aguas y el eje sobre el que pivota la política de aguas del Estado español".
Además, detallan que "la EDAR Rincón de León, que sirve a 300.000 habitantes equivalentes y tiene una capacidad de tratamiento prevista de 75.000m³/día, cuenta con una red de drenaje de 42 puntos de vertido, 27 de ellos directos a la costa de la ciudad desde El Cocó hasta Urbanova. Sobre todos ellos, durante 25 años no se han ejercido controles ni inspecciones, ni se han aplicado las mejores técnicas disponibles para prevenir y evitar la contaminación por aguas residuales urbanas e industriales según dispone la normativa vigente, como la Ley de Costas, el TR de la Ley de Aguas, el RD del DPH y el RD sobre tratamiento de aguas residuales urbanas".
Así, el colectivo añade que "en la presentación de esta querella se demuestra, en base a informes oficiales de la propia administración, tanto de la Generalitat Valenciana como del Ayuntamiento y que constan en el expediente de la estación depuradora, la mala calidad de las aguas depuradas, así como los graves daños ambientales por los vertidos DSU (desbordamientos del sistema unitario) sin tratamiento alguno". A juicio de la asociación de residentes querellante, "esta situación crónica ha causado un grave e irreparable daño ambiental en el ecosistema del entorno costero de la ciudad, incluyendo playas urbanas reconocidas, siendo la más dañada la playa de San Gabriel, así como la zona de El Cocó; dársenas portuarias, que tienen varios puntos de vertido; y especialmente el área marina protegida por la Red Natura 2000 LIC/ZEPA Tabarca, que cuenta con 14.000 ha., que comienza cerca de la playa de San Gabriel, frente al Parque El Palmeral, y llega hasta la isla de Tabarca". En esta línea, la asociación señala que "en este LIC, y según informes del MITECO, se ha producido un grave daño por contaminación a hábitats protegidos como las praderas de Posidonia, y una importante pérdida de biodiversidad marina".
La estación depuradora de Rincón de León.La asociación subraya que Aldeguer, que ejerce como director general del Agua desde 2015, "es el responsable de las autorizaciones de vertido y de la calidad de las aguas" como la que no se habría concedido en el caso de la EDAR de Rincón de León. En este sentido, añade que "es evidente la connivencia durante años de la Dirección General del Agua con el Ayuntamiento de Alicante en voluntad intencionada y maliciosa de no tramitar ni resolver el expediente de autorización de vertidos de la EDAR Rincón de León".
Es más, el colectivo vecinal considera que "ello ha supuesto la ausencia total de inversiones en infraestructuras de saneamiento para que el tratamiento y la depuración de la EDAR cumpla los requisitos técnicos y los estándares de calidad adecuados en la red de alcantarillado, colectores y estaciones de bombeo". Y concluye que "las consecuencias han sido nefastas: vertidos de aguas residuales urbanas e industriales con deficiente o inexistente tratamiento durante años y años a la zona costera de la ciudad, que han afectado y afectan hoy en día, además de al litoral urbano, a zonas urbanas consolidadas de los barrios Gran Vía Sur y San Gabriel y al Barranco de las Ovejas, este último de nivel de peligrosidad 1 de acuerdo al Patricova en caso de lluvias torrenciales".
