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este martes declara miguel lópez, que se declara inocente

Juicio de los Sala: el fiscal, a demostrar el móvil económico del crimen sin pruebas físicas

15/10/2019 - 

ALICANTE. El juicio por el asesinato de Carmen Martínez, viuda del expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y fundador del imperio empresarial del plástico Samar Internacional, Vicente Sala, arrancó oficialmente este lunes con la conformación del jurado (seis hombres y nueve mujeres, con dos suplentes hombre y mujer), la inspección ocular del tribunal al lugar de los hechos, el antiguo concesionario Novocar, y la lectura de las conclusiones provisionales de la Fiscalía, la acusación particular (el hijo varón de la víctima, Vicente Sala Martínez) y la defensa del único encausado, el yerno de la víctima Miguel López.

El exgerente de Novocar se enfrenta a 24 años y medio de prisión por el asesinato (23 años) y tenencia ilícita de armas (18 meses). Así lo solicitan fiscal y acusación particular, frente al alegato de inocencia del procesado. A pregunta de la juez ante los miembros del jurado durante la primera sesión, López negó los hechos y rechazó ser el autor material del asesinato de su suegra, ocurrido el 9 de diciembre de 2016 en el concesionario de coches que él regentaba. A su favor tiene la ausencia de pruebas materiales, pues no se ha hallado el arma del crimen ni han aparecido rastros de ADN. En contra, un fiscal (José Llor) decidido a demostrar el móvil económico del crimen con la figura de la "prueba por indicios", como explicó al jurado.

La primera y maratoniana jornada del juicio comenzó poco después de las 9 de la mañana, cuando López llegaba al edificio de los juzgados de lo Social de Alicante (donde se está celebrando la vista por razones de espacio) acompañado por una familiar. Durante buena parte de la mañana se terminó de confeccionar el jurado, y comenzó a debatirse si la vista debía celebrarse en audiencia pública o, tal como pedía la defensa, a puerta cerrada. Finalmente se impuso la apertura. Por la tarde, el jurado se trasladó al antiguo concesionario, hoy cerrado, para conocer sobre el terreno el desarrollo de los hechos que el fiscal y Vicente Sala hijo atribuyen a López, y que éste niega.

Antes y después de esta visita, se procedió a la lectura de los informes preliminares de las partes. El fiscal considera que el asesinato fue cometido por Miguel López, y lo calificó de "ejecución, un crimen horrible", ya que la víctima sufrió una agonía de más de 25 minutos, pero también porque el motivo fue económico. Según el relato del acusador público, sobre las 18.25 horas del 9 de diciembre de 2016, con la excusa de entregar un vehículo a su suegra, el acusado la llevó hasta el lavadero de coches y, cuando la víctima subió al asiento del conductor, efectuó dos disparos a quemarropa en la zona izquierda de la cara.

El coche, según el fiscal, había sido dispuesto en el lavadero pese a que ya estaba limpio, porque este era el lugar más oculto del concesionario y el único en el que las cámaras estaban estropeadas. Además, López, según el escrito, solicitó al encargado del lavadero diferentes trabajos fuera de su puesto supuestamente para quedarse a solas con la víctima. El escrito del fiscal precisa que no se ha identificado la pistola con la que se efectuaron los tiros, aunque por la munición empleada podría ser una 'Webley Scott' o una FM modelo 1903, para las que Miguel López carecería de la licencia de armas necesaria y a la que habría acoplado un silenciador.

El móvil, la guerra empresarial

La acusación particular replicó el relato del fiscal, para añadir más detalles sobre el móvil económico que ve tras el asesinato. Así, el abogado de Vicente Sala relató que la familia estaba manteniendo una "guerra por el control de las empresas", que alcanzó un punto crítico cuando la víctima disolvió (haciendo uso de la 'acción de oro') los consejos de administración de Samar Internacional (la empresa de plástico) y de la Compañía Española de Resinas (la firma patrimonial) y nombró a su hijo mayor, Vicente Sala, al frente de la primera, y a ella misma en la segunda, tal como desveló en su día Alicante Plaza.

El móvil económico se habría conjugado con la animadversión personal previa que sentía el acusado por su suegra (fruto de esa guerra empresarial, pero también de roces familiares previos), y Miguel López habría decidido "eliminar esos peligros, y empieza a planificar el asesinato de una mujer a la que despreciaba y calificaba de "déspota, tacaña, y de actitud clasista".

La defensa de Miguel López, por su parte, sostuvo en su informe (las conclusiones se leerán este martes) que "las acusaciones hacen un relato, pero no presentan pruebas" y que "no hay pruebas porque no ha sido Miguel". El abogado del acusado, el madrileño Javier Sánchez-Vera (que también representó al padre del futbolista Leo Messi en el juicio por fraude fiscal) que las defensa "acusan por acusar" y que los hechos pueden obedecer a un intento de robo o a una venganza. Para la defensa queda claro que Miguel López no es el autor, "pues es evidente que el homicidio lo realizó otra persona distinta".

La defensa de López gira en torno a tres aspectos clave del relato: demostrar que era imposible que estuviera en el lugar de los hechos, que no utilizó el arma ("y sin arma no hay delito"), y que, aunque existía un conflicto familiar, Miguel López no era el único involucrado y no era ni de lejos tan virulento como se muestra en el relato de la acusación. Tanto es así, aseguró, que los hermanos siguieron negociando tras la detención de López y llegaron a un acuerdo sobre el patrimonio empresarial.

Este martes, tras la lectura de conclusiones, llegará el turno de Miguel López de declarar y explicar su versión de los hechos. El miércoles, si se cumple el calendario previsto, llegará el turno de Vicente Sala (el único hijo de la víctima que cree en la culpabilidad del procesado) y el jueves el de sus tres hermanas, que sostienen su inocencia (López está casado con la menor, Fuensanta Sala Martínez). La defensa ha anunciado que va a solicitar una prueba para saber de quién es el ADN encontrado en la escena del crimen, ya que ha quedado demostrado que no es de su defendido, y que presentarán un informe de la empresa de seguridad de Novocar, en el que se asegura que en el concesionario nunca ha habido cámaras de seguridad, tan solo hay cámaras de detección de movimientos.

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