¿Es la distancia el problema de los depósitos?: CLH está a 500 metros de un centro de menores 

ALICANTE. Arranca una semana clave que podría decidir el futuro del proyecto presentado por XC Business 90 para instalar una planta de almacenaje de combustible con seis primeros depósitos (según la propia propuesta, ampliables en el futuro con otros 12) en la terminal de mercancías del Puerto. El Ayuntamiento de Alicante, los grupos políticos con representación en la corporación municipal, colectivos vecinales y organizaciones ecologistas se afanan en la preparación de sus alegaciones frente a la modificación de la concesión en la que tendría encaje para poder presentarlas ante la Autoridad Portuaria antes de que finalice el plazo, el próximo lunes 12 de noviembre. Después, será el consejo de administración del Puerto (donde están representados el Gobierno central, la Generalitat, el propio Ayuntamiento y organizaciones empresariales, además de empresas vinculadas a la actividad portuaria) quien las analizará, en una fecha todavía por concretar, a partir de los informes técnicos que se evacúen al respecto.  

Como viene informando Alicante Plaza, en toda esas alegaciones se esgrimirá -entre otros puntos, como la fragmentación de la propuesta en dos fases temporales distintas o las dudas sobre la solvencia técnica y económica de una empresa sin experiencia previa en el sector de los hidrocarburos- que se trata de una instalación potencialmente peligrosa que no debería tener cabida en un emplazamiento próximo a núcleo habitado por el riesgo objetivo al que se expondría a la población residente en caso de explosión. En el entorno del recinto portuario se econtrarían, en primer término, los barrios de San Gabriel, El Palmeral, Gran Vía y Benalúa Sur. Se trata de zonas residenciales desarrolladas o en próximo desarrollo, como sucede en dos unidades de ejecución pendientes en el llamado Plan Parcial Benalúa Sur, junto a las harineras y junto a la avenida Catedrático Soler (ya aprobado y pendiente de los últimos flecos administrativos por parte de la Agrupación de Interés Urbanístico que asume la condición de agente urbanizador).

El de la proximidad a zona residencial fue, de hecho, el argumento central que dio pie a la firma del acuerdo de 1995 por el que se produjo el traslado de los antiguos depósitos de Campsa, que después pasaron a manos de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), hasta la partida de Els Reiets, en El Bacarot. Entonces, el traslado contó con la anuencia de la Generalitat, el Ministerio de Industria y Energía, la propia CLH, el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria. Las cinco partes firmantes del acuerdo establecían que "las instituciones públicas intervinientes consideran que en el futuro no debe haber instalaciones de almacenamiento y distribución de productos petrolíferos en el Puerto de Alicante, por lo que las que actualmente posee CLH han de ser trasladadas a otra ubicación". En ese documento, como viene informando este diario, no se recogía ninguna prohibición expresa, pero sí la manifestación de una voluntad compartida por todas las administraciones, en respuesta al rechazo social que esos depósitos habían suscitado entre la ciudadanía.

La declaración institucional de rechazo frente al nuevo proyecto aprobada por unanimidad en el pleno ordinario de octubre, a seis meses de las próximas elecciones municipales y autonómicas, es prácticamente un reflejo de aquel acuerdo en el que se vuelve a apelar a la necesidad de delimitar qué tipo de actividades podían tener cabida en el recinto portuario a través de la revisión del Plan Especial del Puerto. Más de 20 años después del acuerdo original, no se ha impulsado, reclamado ni llevado a cabo por parte de ninguna administración de ningún color político. Esa revisión, precisamente, está actualmente en trámite, como ya ha informado este diario. 

En esta nueva declaración institucional, que expresa de nuevo una voluntad política legítima sin aguardar a un posible análisis técnico que pudiese servir para fijar posiciones, no se recoge ninguna alusión directa a la necesidad de establecer distancias mínimas a la hora de autorizar otras instalaciones similares. Pero, en todo este debate, ¿cuáles son las distancias que están en juego en realidad en un asunto tan sensible como el de la seguridad, expuesto a posibles manipulaciones? ¿Sobre qué mediciones gira el debate? 

Hasta ahora, la información que se ha facilitado es que los seis primeros depósitos, con una capacidad de 109.000 metros cúbicos y la previsión de almacenar hasta 300.000 toneladas al año, se instalarían en una parcela de 14.500 metros cuadrados situada en el muelle 19, en la terminal de mercancías que gestiona Terminales Marítimas del Sureste (TMS) en régimen de concesión, a unos 850 metros de distancia de zona habitada. La separación que cualquier usuario puede calibrar utilizando una herramienta como Google Maps, basada en imágenes captadas vía satélite, viene a ratificar ese valor. Una medición al acceso de cualquiera calculada a través de dicha herramienta (que no tiene la rigurosidad científica de una medición topográfica, pero sí puede resultar indicativa) refleja que entre el muelle 19 hasta el punto más próximo de la avenida de Elche en línea recta existe una distancia de 1.100 metros. 

Si la medición se efectúa con la misma herramienta (Google Maps) desde el muelle 19 hasta las primeras viviendas del barrio de San Gabriel, la distancia en línea recta que se delimita es de 1.320 metros. Si esa misma comprobación se lleva a cabo desde el muelle 19 hasta el Colegio Público Benalúa, la distancia resultante es algo inferior: 1.160 metros.   

¿Qué distancias separan ahora mismo los depósitos de CLH situados en la partida de Els Reiets de El Bacarot de zonas habitadas? Basta emplear la misma herramienta para comprobar, con el mismo grado de fiabilidad (que, se insiste, no es 100% científica, pero sí arroja un dato cuantificable objetivo), que las instalaciones de dicha compañía se encuentran a unos 496 metros del centro de reeducación de menores Els Reiets, dependiente de la Conselleria de Educación. Dicho centro fue inaugurado en 2002, según se detalla en su propia página web. Es decir, años después de que se instalasen los depósitos. 

También puede tomarse como referencia la distancia que existe entre las instalaciones de CLH y las oficinas de la EUIPO, la agencia de la Unión Europea encargada del registro de las marcas comunitarias. En ese caso, la separación es muy similar a la que existe entre el muelle 19 y la avenida de Elche, por ejemplo. Una medición basada en la herramienta Google Maps permite comprobar que la distancia entre ambos puntos es de 1.240 metros. Y otro tanto sucede respecto al complejo turístico de El Plantío: desde las instalaciones de CLH, existe una separación de 1.330 metros. No consta reflejo alguno, al menos recientemente, de que la planta de CLH (con una capacidad similar a los que se plantean ahora: 115.934 metros cúbicos) haya generado ninguna controversia en su actual emplazamiento.

Hasta el momento, el proyecto registrado por XC Business 90 no cuenta con ninguna autorización concedida. Es más, su posible instalación debe superar al menos dos evaluaciones técnicas distintas por parte de distintos brazos de la administración autonómica. 

Así, debe someterse a una evaluación simplificada por parte de la Conselleria de Medio Ambiente y un estudio emitido por el organismo dependiente de la Generalitat en materia de prevención de emergencias. Sus conclusiones sí serán determinantes para precisar si el proyecto es o no viable, ya que, hasta el momento, no existe ningún impedimento desde el punto de vista del planeamiento para que pueda desarrollarse en la ubicación propuesta. De hecho, así consta en el certificado de compatiblidad urbanística que le concedió la Concejalía de Urbanismo, en el año 2014, bajo el mandato del PP. El expediente administrativo del proyecto siguió vivo en la misma concejalía durante la etapa de gobierno del ya extinto tripartito, como concretó el exedil de Urbanismo y actual portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, al detallar que él había pedido que se le informase sobre qué tipo de autorizaciones debía reunir esa iniciativa antes de poder concederle o denegarle su posible licencia. 

Ni en 2014, ni en los años sucesivos, se dio traslado a la opinión pública sobre la existencia de ese propuesta empresarial. Tampoco cuando la petición de TMS pasó por el consejo de administración del Puerto, el pasado julio. Se ha conocido justo ahora, cuando se ha sometido a exposición al público la modificación de la concesión necesaria para que el proyecto pudiese tener encaje en el Puerto, en un momento en el que se ha conseguido reconducir la polémica sobre la operativa de graneles a la construcción de naves cerradas y en el que todos los partidos políticos están en fase de elección de sus candidaturas a las municipales de 2019. De hecho, todos se apresuraron a fijar posiciones ante un tema especialmente sensible que puede generar alarma y que puede dar o restar apoyos electorales, después de que el portavoz municipal de Guanyar, Pavón, diese una rueda de prensa para anunciar que presentaría alegaciones y que era consciente de que también se estaba formando un frente social para oponerse a la instalación. 

En el caso de que el consejo de administración diese el visto bueno a ese cambio en la concesión, el proyecto seguiría sin poder desarrollarse, a expensas de los informes del Consell y del análisis técnico del propio Ayuntamiento de Alicante.