ELCHE. Continúan los pasos contemplados en el Arru (Área de Renovación y Regeneracón Urbana) de San Antón, del que hace varias semanas empezó a levantarse el cuarto bloque, de 54 viviendas. Sin embargo, esta vez las novedades llegan mirando a la parte antigua del barrio, ya que se ha encargado la redacción de la actuación para demoler los primeros cuatro viejos bloques, del 11 al 14, así como el tapiado de su acceso. Al tiempo, tras el verano se iniciará un expediente de expropiación a una treintena de vecinos en situación vulnerable que no pueden acceder a los nuevos pisos.
Así pues, el Ayuntamiento a través de su empresa municipal Pimesa empieza la fase final para los primeros derribos del histórico barrio, declarado en ruina y con algunos edificios que padecen carbonatación, pero que con todo, ha estado años con falta de adecuaciones y mantenimiento —hay algunas viviendas que literalmente se caen a pedazos—. La contratista tendrá ahora dos meses para redactar el plan de actuación y una vez se entregue, se tendrá que licitar la actuación para la demolición. Esta durará medio año, por lo que teniendo en cuenta los plazos, no tendrá lugar a final de este año como esperaba. Como pronto, se iniciará el derribo en 2023, para el cual el coste será como máximo de 1,3 millones de euros.
Los bloques a derribar son los situados en las calles Pintor Benedito 15, 17, 19 y 21; Palombar 9, 11, 13 y 15; Alcana 9, 11, 13 y 15; y Saoní 5, 7, 9 y 11. Del diseño de la actuación se encargará AJF Arquitectura Ingeniería y Urbanismo; el despacho Fuster Arquitectos, por 25.000 euros. Se ha impuesto a tres arquitectos concurrentes más, y aunque se calificó su oferta en presunción de anormalidad por ser demasiado baja, finalmente se aceptó al justificar el precio ofertado y los medios necesarios.
Paralelamente, el medio municipal también va a encargar el tapiado de 100 puertas de las mencionadas escaleras para evitar ocupaciones ilegales, puesto que ha habido en el tiempo algún problema con estas situaciones por no tapiar viviendas o portales de inmuebles semivacíos. Se ha acordado esta actuación a raíz de la formalización de las escrituras públicas de compraventa del edificio de 90 viviendas, situado en la calle Obispo Cubero nº 6, que conllevan la entrega al Ayuntamiento de otras viviendas, incluidas en estos bloques.
Ahora bien, para compensar el derribo de estos bloques, como parte de la operación inmobiliaria, se construyeron y ya están finalizadas 284 viviendas a través de los nuevos edificios. La primera torre tiene 74 viviendas, la segunda 120 y la tercera 90, finalizada este año. Pero aún quedan por realojar 32 propietarios/familias de estos cuatro bloques, ¿qué pasa con ellos? Tienen su hueco en las casas por adjudicar en el edificio de 120 viviendas y en la de 90. De una parte, hay dos casos que son empresas, por lo que no tienen derecho a los nuevos inmuebles y han puesto a la venta los pisos. Y por otro, hay dos propietarios que de momento no quieren participar en el programa. Pero el Ayuntamiento va demoler los edificios, por lo que de no llegar a un acuerdo, se podría iniciar un proceso de desalojo, aunque se tendría que buscar una alternativa habitacional.
Así pues, quedan 28 casos (de entrada voluntaria) por resolver, la mayoría 'sociales', como explican desde Pimesa, donde afirman que quieren acceder a las nuevas viviendas, pero está el impedimento de que no se lo pueden permitir. Para estos casos se están explorando fórmulas como el alquiler social, ya que no pueden permitirse la compra de las casas nuevas por tener pensiones reducidas o una capacidad adquisitiva baja. Como no tienen opciones por el procedimiento habitual de entrega de la vieja vivienda para descontar su precio del de la nueva, el Ayuntamiento va a iniciar un proceso de expropiación generalizado. Será tras el verano cuando se active este mecanismo.
No obstante, entre estos casos hay vecinos cuya vivienda tiene algún tipo de carga, generalmente hipotecas. De hecho, algunos se han rehipotecado y otros se preguntan qué pasará con los que no tienen nómina. Entre los casos vulnerables hay gente migrante con pocos recursos. Todos ellos a la espera de que el Ayuntamiento les ofrezca una alternativa. A priori, desde la empresa municipal van a mediar con los titulares de las cargas, es decir, generalmente de las entidades bancarias u otros acreedores. Asimismo, quienes logren llegar a un acuerdo o desprenderse de las deudas o hipotecas, podrán salir del proceso expropiatorio.
Se tasará el precio del suelo y se pagará el valor de la casa. El Consistorio se quedará con el suelo, y si hay cargas, puede que el valor de la expropiación vaya al banco, liberando parte de la deuda o la hipoteca. Eso sí, aunque eliminado el bien, se elimina esa hipoteca, después al propietario le seguirá quedando parte de la deuda. Aunque ello no le privará de poder acceder a la nueva vivienda. Eso sí, no será propietario sino inquilino con un alquiler social. Cada caso es distinto, pero es presumible que en estos casos el vecino cambie de casa manteniendo una carga, deuda, embargo o la situación que sea. Aunque desde la empresa municipal creen que en muchos casos los bancos no podrán cobrarse toda su deuda porque en algunos casos el único ingreso de los vecinos son pensiones mínimas. En estos u otros, están expectantes esperando una respuesta de Pimesa a sus problemas.
