ELCHE. Este martes ha vuelto a tener lugar una reunión de una comitiva municipal y la Conselleria de Infraestructuras autonómica para avanzar en la Ronda Sur y la llegada del 'iTRAM'. En la misma se ha incorporado la propia consellera de Infraestructuras y Transportes, Salomé Pradas, así como el secretario autonómico de Infraestructuras, Vicente Domine y los técnicos de la Generalitat Valenciana. El alcalde Pablo Ruz señala que se están ultimando sendos convenios para ejecutar las actuaciones. Aunque no se ha hablado de plazos, o al menos no se han trasladado.
Con respecto al iTRAM Elche, explica Ruz que en próximas fechas se firmará un convenio entre Ayuntamiento y Generalitat que fijará la manera de financiación del nuevo medio de transporte y las fases a ejecutar. En estos próximos meses, como avanzó este diario, se abordará de la mano de "instituciones de reconocido prestigio", la definición del modelo de transporte, que será "eléctrico, inteligente, cero emisiones y universal, accesible a todos los ilicitanos".
Ruz ha señalado que "estamos ante un momento clave para definir la movilidad del futuro en Elche. Tenemos que ser muy cuidadosos para que el municipio esté perfectamente conectado con un sistema rápido y limpio. Vamos a poner en marcha con la Generalitat la primera fase del iTRAM Elche entre Carrús y el Parque Empresarial, y tenemos que hacer sostenible económicamente este proyecto para el futuro, porque hay que ampliar el servicio hasta nuestra estación de AVE y también al aeropuerto".
Con respecto a la finalización de la EL-20/Ronda Sur, Ayuntamiento y Generalitat han avanzado en el convenio para la redacción del proyecto del trazado del ultimo tramo. El consistorio ilicitano iniciará, a la mayor brevedad posible, la expropiación de los terrenos por donde discurrirá el vial para la conclusión de la Ronda. La Generalitat Valenciana ha dispuesto cerca de 30 millones de euros, en varias anualidades, para la infraestructura, y el Ayuntamiento se hará cargo de las expropiaciones, aunque el regidor quiere que los asuma el propio Estado por su elevado coste. En este sentido, Ruz ha indicado que "el pago de las expropiaciones, en torno a los 8 millones de euros, tiene que ser asumido por el Gobierno de España. Es una obra que debía acometer el gobierno central, como se hizo en 2015, y finalmente la ha asumido Generalitat. Así que trabajaremos para que sea satisfecho por el ejecutivo central y no por el Ayuntamiento".
Además del regidor, han acudido los concejales de Estrategia Municipal, Francisco Soler y el de Movilidad, Claudio Guilabert, así como técnicos municipales, entre ellos el gerente de Pimesa Antonio Martínez.
