Chimenea de la antigua tejera en la Plaza Pilar Miró ELCHE. Después de un largo camino emprendido hace un par de años para renovar el desfasado catálogo de protecciones municipal, que data de 1998, el largo trámite va pasando sus hitos y ya está al borde de que la única empresa que quedaba en el proceso, Bau Arquitectos, se ponga manos a la obra. En el pasado mes de marzo, la otra compañía que aspiraba a este trabajo, la ilicitana ARN Arquitectos, quedó descalificada. Ahora el Ayuntamiento, este mismo mes de agosto, ya ha propuesto como adjudicataria a la compañía de El Campello.
La firma, cuyo nombre es Arquitectura y Urbanismo Estudio Boix, lo hará, quedando tan solo a la espera de aceptar y formalizar el contrato, por 203.951,55 euros. El despacho ha realizado, entre otros, el catálogos de protecciones completo de Alicante, y las secciones de ámbito natural y paisaje de Chelva, Benirredrá o Alfafar. Todos los trabajos realizados en 2020. Aunque también intervenciones sobre el patrimonio en el Refugio de Montaña en San Joan de Penyagolosa, así como en el Castillo de Santa Bárbara de Alicante, o en el Museo de San Isidro de Madrid, catalogado como BIC (Bien de Interés Cultural).
Si finalmente ambas partes formalizan el contrato, quedará por delante una larga tarea: como ya se ha venido comentando, la idea municipal es que el catálogo nuevo incluya entre los elementos a proteger el patrimonio industrial, religioso, militar o el hidráulico, pero también el patrimonio arbóreo monumental y otros recursos paisajísticos. Además de incluir el palmeral, el yacimiento de L'Alcúdia y las distintas zonas arqueológicas. Un aspecto, el del palmeral, que tiene su miga porque la adjudicataria tendrá que georreferenciar cada palmera del bien Unesco, algo que a priori se debía hacer con la Ley del Palmeral pero que el Ayuntamiento decidió incluir entre las tareas del catálogo.
No será el único documento que tendrá que integrar el futuro contratista. Como contaba este medio hace unos días, finalmente el Plan especial de Protección del BIC del Conjunto Histórico Artístico (que comprende Santa María, la Calahorra, el Palacio de Altamira y la casa-palacio de Jorge Juan), que data de 1968, tampoco se elaborará de forma independiente como se planteó en 2020, se encajará en el nuevo catálogo porque desde Urbanismo se entiende que hay un evidente vínculo por las protecciones en el casco histórico. Así que de esta forma se matarán dos pájaros de un tiro (tres teniendo en cuenta la parte del palmeral), y este ámbito deberá contener a su vez un catálogo de protecciones que defina los diversos grados de protección y tipos de intervención posibles en cada uno de los elementos principales del recinto.
Y todo ello con el plazo de ejecución de diez meses, algo que parece inverosímil, como así lo relatan también fuentes del sector jurídico y urbanístico, porque se establece un calendario para la entrega del sucesivo borrador, propuesta inicial, estudio de paisaje o consulta pública. Documentos que tendrán que pasar por el filtro de aprobaciones provisionales de la Generalitat, del pleno municipal... Un procedimiento que en otras ciudades valencianas está tardando años. En cualquier caso, ya está cerca el esperado inicio de este trascendental instrumento.
