ALICANTE. El Hércules y el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) aceleran en sus contactos dirigidos a alcanzar un acuerdo sobre los usos del estadio Rico Pérez y así regatear esta vez el juicio.
La vista del jueves 16 en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante sigue vigente, pues la demanda de resolución del contrato de arrendamiento de la instalación, interpuesta a instancia del IVF en 2017 por Miguel Hernández, administrador concursal de Aligestión Integral, no se ha retirado, toda vez que las partes continúan sin encontrar el necesario entendimiento que permita alcanzar un acuerdo extrajudicial.
La historia de este litigio (incidente concursal 438/17) se inició en febrero de 2017, cuando en el marco de la liquidación de la citada mercantil el IVF ganó la subasta en la que, entre otros bienes y derechos, se subastaba el Rico Pérez y un paquete de acciones del Hércules que entonces representaba el 15% de su capital social (este segundo activo y un derecho de crédito de 15,4 millones le fue posteriormente vendido por el banco del Consell a Zassh Tecnológica). El plan de liquidación facultaba al adjudicatario para decidir sobre las cargas sobre los bienes y derechos subastados: en el caso del estadio, el arrendamiento por 25 años (prorrogables) del estadio vigente desde mayo de 2007, por lo que una vez le fueron formalmente adjudicados los mismos, el IVF manifestó expresamente que no deseaba que siguiera vigente ese contrato de arrendamiento y el administrador concursal interpuso la correspondiente demanda de resolución. Sin embargo, el magistrado Juan Ignacio Martínez, titular del juzgado de lo mercantil en el que se tutela la liquidación de Aligestión, se declaró incompetente para resolverla, al entender que correspondía a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa conocer de la misma, pues el Ayuntamiento de Alicante era parte en el convenio de uso del estadio. Ese auto fue recurrido ante la Audiencia Provincial de Alicante, cuya Sección Octava lo anuló, emplazando al juez de lo mercantil a que resolviera. El Hércules contraatacó entonces y, por medio de una declinatoria, trató de que el asunto fuera sometido a arbitraje (el club pretendía que el entonces alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, fuera quien decidiera) pero, si bien el juez de lo mercantil estimó su pretensión, la Audiencia Provincial volvió a darle la razón al administrador concursal de Aligestión (quien había vuelto a recurrir), regresando la pelota al tejado del titular del Juzgado de lo Mercantil número 2.
Este fijó el inicio del juicio para el pasado 17 de noviembre, pero poco antes de que se cumpliera la hora de la vista, esta fue suspendida porque la defensa del Hércules advirtió de que, en caso de estimarse la demanda y por tanto resolverse el contrato de arrendamiento, de acuerdo con la Ley de Arrendamientos Urbanos le correspondía una compensación económica y había que cuantificarla. A tal efecto, el magistrado nombró un perito que el pasado mes de febrero le remitió el informe correspondiente, fijando el 16 de junio como la fecha para retomar el juicio.
Igual que ocurriera en las semanas previas a la cita de noviembre (negociaron hasta la noche anterior), el IVF y el club mantienen hoy conversaciones dirigidas a alcanzar un acuerdo extrajudicial que evite que tengan que volver a verse las caras ante el juez. Ahora lo hacen con todas las cartas sobre la mesa, empezando por la 'due diligence' sobre el estado de la instalación encargada por el banco del Consell y siguiendo por el peritaje que establece la compensación económica para el club. Este se agarra al contrato de arrendamiento, pese a que no abona el precio estipulado en el mismo (el 7% de sus ingresos brutos por ejercicio) y solo se limita a provisionarlo (contablemente), aunque sí asume el mantenimiento de la instalación.
