El Hércules no desaparecerá esta semana

ALICANTE. La situación dista mucho de ser idílica pero el Hércules no va a desaparecer esta semana, todo y la deuda con la Agencia Tributaria, la incapacidad del club para afrontarla y la indiferencia de Enrique Ortiz. 

La entidad tiene por delante dos días para pagar los 4,4 millones de euros que adeuda al fisco o presentar un aval bancario por el mismo importe y acceder a un plan de pagos si no quiere verse en una situación limite, expuesto a que Hacienda inste ante el juez su liquidación. Ahora bien, lo anterior está descartado a corto plazo y lo que ocurrirá el miércoles es que entrarán en vigor diferentes embargos sobre los bienes y derechos del club, estando también en peligro el patrimonio de los consejeros como responsables subsidiarios. 

El club está desde hace años en causa legal de disolución

Hace años que el Hércules se encuentra en causa legal de disolución, de acuerdo con el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital. Sin ir más lejos, lo anterior ha provocado, por ejemplo, que se le asignase un valor de cero euros a las 3.606.387 acciones del club titularidad de Aligestión Integral subastadas el pasado mes de enero pese a que su valor nominal era de 3.606.387 (1 euro la acción). 

Eso sí hasta este momento, la entidad no ha estado tan cerca como lo estará el miércoles si no paga o avala, de que un acreedor pueda instar ante el juez su liquidación, un triste final que si se contempla desde hace meses en relación con la Comisión Europea y los 6,9 millones de euros que exige al club: dicha reclamación está paralizada por una cautelarísima del Tribunal General de la Unión Europea mientras no resuelva la solicitud de suspensión cautelar planteada el pasado noviembre por el Hércules. El pasado viernes Alicante Plaza pudo confirmar por última vez que dicho procedimiento de medidas cautelares continúa pendiente de resolverse y, según apuntan también desde este organismo con sede en Luxemburgo, el tribunal continúa deliberando. El problema de que se reactive el proceso de cobro reside en que la Comisión Europea exige que este crédito contra la masa se pague de manera efectiva e inmediata y para el caso de sociedades insolventes, como es el caso, que esta sea liquidada pues, tal y como recoge en su política de recuperación con la desaparición de la empresa que recibió la ayuda de estado puesta en tela de juicio se equilibra de nuevo el mercado.