Los ediles del bipartito de Alicante, en su primera Junta de Gobierno.ALICANTE. La propuesta de pacto político sobre las vacunas VIP promovida por Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Alicante ha acabado convitiéndose en otro motivo de fricción entre los dos partidos que conforman el equipo de gobierno. Hasta ahora, el episodio parece haber quedado saldado con cesiones mutuas en las posiciones que ambos venían manteniendo desde la semana pasada, sin que se haya evitado cierto desgaste en sus relaciones de convivencia a pocos meses de que se cruce el ecuador del mandato.
El desenlace de esa crisis ya es conocido: los dos aliados al frente de la gestión municipal anunciaron este martes el registro de una declaración institucional conjunta para su debate en el pleno de este jueves con la intención de que la corporación acuerde reprobar a los cargos públicos que puedan saltarse el orden establecido por la Conselleria de Sanidad para recibir la vacuna frente a la covid-19.
En la iniciativa común se plantea, además, que se exigirá la dimisión o cese de esos cargos públicos, un paso quizá más explícito de lo que se contemplaba en la declaración aprobada en la Diputación, aunque, como se reconoció en las filas del bipartito, se trataba de una cuestión simbólica sin garantías de que resulte eficaz, en la medida en que el acta de concejal es personal y solo puede producirse su renuncia voluntaria. Además, el alcance de esa iniciativa conjunta queda limitado solo a los cargos públicos que dependen del propio ayuntamiento. Es decir, concejales o asesores, entre los que no ha trascendido que se haya producido ninguna supuesta vacunación irregular, a diferencia de lo que sí ha acontecido en la Diputación.
La nueva propuesta se hizo pública al término de la Junta de Gobierno, casi una semana después de silencio por parte del PP respecto a la propuesta que había planteado la vicealcaldesa y portavoz de Cs, Mari Carmen Sánchez, al conjunto de portavoces municipales. Como ya ha informado este diario, solo Compromís respondió a esa propuesta para proponer una modifcación (que se acordase la expulsión del grupo municipal, en el caso de que cualquier concejal vacunado de forma indebida se negase a dimitir) con el convencimiento de que se trataba de una declaración institucional. El PP, como el resto de partidos de la oposición, no comprometió su firma a ese pacto. Ni siquiera pese a que la iniciativa se plantease sin la necesidad de que tuviese que ser debatida y votada durante el desarrollo del pleno.
En realidad, esa fórmula ya supuso una novedad respecto a las propuestas que Cs sí ha registrado en otras administraciones. Sin ir más lejos, en la Diputación, donde sí existe al menos un representante (el diputado y alcalde de La Nucía, el popular Bernabé Cano) que ha recibido la vacuna sin que haya quedado acreditado que perteneciese a uno de los colectivos prioritarios. En ese foro, la propuesta de Cs sí se votó. Y, de hecho, contó con el apoyo del PP, con su presidente y concejal en Alicante, Carlos Mazón, al frente.
La cuestión es que el PP no creyó oportuno respaldar la propuesta inicial de Cs en el pleno de Alicante. El propio alcalde, Luis Barcala, manifestó en la Junta de Portavoces celebrada este lunes que no procedía plantear una propuesta que afectase a representantes de otras administraciones, pese a que ese criterio no se ha tenido en cuenta en otras iniciativas promovidas por el propio bipartito. Entre ellas, la que concluyó con la reprobación de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, por su respuesta a la crisis generada por la pandemia en Alicante.
Sin embargo, un día después, el PP sí se avino a pactar finalmente un nuevo texto siempre que tuviese un alcance limitado a los representantes públicos de la ciudad de Alicante. Lo hizo en un contexto en el que Cs seguía tratando de buscar apoyos para su propuesta de pacto político y que incluso se plantease la posibilidad de convertirlo en declaración institucional.
No obstante, finalmente Cs también cedió y rebajó sus objetivos. Todo en un momento en el que podía haber mostrado una posición firme para distanciarse del PP, puesto que no ha trascendido que ninguno de sus representantes públicos en la provincia haya podido recibir la vacuna frente a la covid de manera indebida. Resultado: cesión del PP y cesión de Cs.
Eso sí, todo después de que se hubiese conocido a través del diario Información que Cs había reorganizado los sueldos (y, con ello, las horas de trabajo) de sus cargos de confianza para que siete de sus asesores pasasen a percibir el equivalente al 80% de un salario en régimen de dedicación exclusiva frente al 70% que venían percibiendo hasta ahora, tras repartir el 70% de un sueldo que Cs había decidido no agotar hasta ahora. En la información sobre esa reasignación de sueldos se citaba a fuentes del PP, que además de ostentar la Alcaldía, gestiona la Concejalía de Recursos Humanos. Hasta ahora el decreto de Alcaldía en el que se acordaría esa redistribución no se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) pese a que los nuevos emolumentos comienzan a aplicarse en las nóminas de febrero, al tener efecto desde el día 2.
El PP acepta debatir una propuesta sobre las vacunaciones irregulares pese a que hasta ahora no se había adherido a la iniciativa de cs; los del partido de arrimadas rebajan su alcance, pese a tener la oportunidad de forzar la votación de su propuesta original como hizo en Diputación
La cuestión es que en las filas de Cs ya se ha asumido la filtración de ese acuerdo (similar, según sostienen fuentes de Cs, a otros que ya se han adoptado meses atrás también para los cargos de confianza del PP) como uno de los lances con sus socios de gobierno que ya dan por seguro que se van a intensificar en lo que resta del mandato. Ya los hubo cuando ambas formaciones buscaron el apoyo de los grupos políticos de la oposición al presupuesto de 2021: la comunicación sobre la aceptación de los recortes solicitados por Vox, que llevó a esta formación a ser la primera en anunciar su abstención, y el acuerdo alcanzado entre Cs y PSOE.
Sea como fuere, lo cierto es que el episodio sobre las vacunas VIP todavía no se ha cerrado. Unides Podem y Compromís también anunciaron este martes el registro de una declaración institucional conjunta basada en el texto planteado de manera inicial por Cs, con el añadido formulado por la coalición valencianista (la expulsión del grupo ya citada). No parece que Unides Podem o Compromís vayan a aceptar otro texto que no sea el promovido de partida por Cs, de modo que pueda existir un único texto promovido por unanimidad, como ya ha sucedido con la propuesta para instar a Adif a desafectar las vías de la estación de Benalúa.
Así que todavía no puede anticiparse si alguna de las dos declaraciones sobre la vacunación irregular de cargos públicos podrá llegar a debatirse y votarse en el pleno. De mantenerse las dos, las dos deberán superar el trámite de urgencia, para lo que requieren sumar mayoría. Por lo pronto, este miércoles se ha convocado otra Junta de Portavoces en la que podría volver a tratarse sobre el episodio de las vacunas VIP.
