El conflicto del ruido del Centro de Alicante salta al Supremo entre exigencias de soluciones al bipartito

ALICANTE. El Tribunal Supremo (TS) tendrá, sí o sí, la última palabra en la disputa sobre el conflicto del ruido en el Centro de Alicante. El Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) acaba de aceptar la presentación del recurso de casación anunciado por la Asociación de Vecinos del Centro Tradicional frente a la sentencia dictada el pasado diciembre, en la que se revocaba la obligación de que el Ayuntamiento declarase una Zona Acústica Saturada (ZAS). Lo hace con el dictado de un auto en el que también emplaza al colectivo de residentes a comparecer ante el alto tribunal en el plazo de un mes para poder formalizar esa impugnación.

Lo cierto es que el colectivo vecinal ya venía trabajando en la definición de ese recurso con el fin de defender el reconocimiento de la capacidad de una asociación para reivindicar el cumplimiento de derechos fundamentales recogidos en la Constitución. Es decir, la piedra angular en la que se basa la sentencia del TSJCV para anular el pronunciamiento del Juzgado de lo Contencioso número 4 de Alicante de noviembre de 2019 favorable a los vecinos, sin llegar a entrar en el fondo del asunto. Esto es: si se habían conculcado los derechos de los residentes por la existencia de un exceso de ruido que su demanda atribuía a la actividad de los locales de ocio concentrados en el entorno de la calle Castaños.

Como informó este diario, la presentación legal de los vecinos prevé fundamentar su recurso de casación ante el TS en su propia jurisprudencia en relación a un supuesto de vulneración de derechos fundamentales hasta cierto punto similar. Se trata, en concreto, de una sentencia dictada por el propio TS el 10 de junio de 2013, en la que sí se reconocía la capacidad para reivindicar la protección de derechos fundamentales individuales a una comunidad de propietarios del municipio catalán de Naut Aran, frente a los perjuicios ocasionados por la modificación del proyecto de un telesilla de la estación de esquí de Baqueira Beret. 

Además, se incidirá en que ni la Fiscalía ni la jueza de primera instancia apreciaron ningún impedimento para que la asociación vecinal pudiese apelar a la vulneración de esos derechos fundamentales: el derecho a la igualdad, el derecho a la integridad física, el derecho a la intimidad personal y familiar, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la protección de la salud, el derecho al medio ambiente adecuado a la vida y el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. En esta línea, se incidirá en que la pretensión de que la defensa de esos derechos tenga que solicitarse forzosamente de manera individual podría implicar que se atentase contra otro derecho reconocido legalmente: el derecho de asociación que, por ejemplo, ampara la existencia y funcionamiento de los sindicatos.

Al margen de aludir a jurisprudencia del propio TS, el colectivo vecinal prevé defender su capacidad para reivindicar derechos fundamentales sobre la base de otro derecho: el de asociación

Sea como fuere, como también ha avanzado este diario, la asociación vecinal ha optado por abrir también esa segunda vía de las reclamaciones individuales para evitar posibles demoras en la consecución de resultados, en el caso de que el TS acabase fallando en su contra. Así, ya se han registrado las primeras solicitudes administrativas ante el Ayuntamiento con el fin de que se declare la ZAS y se implanten limitaciones a la actividad hostelera para erradicar el problema de exceso de ruido. Fuentes consultadas indicaron que, por el momento, esas peticiones no se han contestado. Si se respondiesen en sentido negativo (en el supuesto de que llegasen a contestarse), los residentes estarían decididos a reiniciar la vía contenciosa con la presentación de demandas individuales con el mismo objetivo (la declaración de la ZAS por vulneración de derechos fundamentales) toda vez que ya habría quedado acreditado a partir de un informe pericial encomendado por el Juzgado de lo Contencioso número 4 la existencia de niveles sonoros que superarían los límites legales.

Entre tanto, el equipo de gobierno, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), viene defendiendo que ya se han aplicado medidas para evitar la proliferación de nuevos negocios hosteleros en el perímetro de la calle Castaños y que, además, también se ha llevado a cabo una labor de control sobre las condiciones de los establecimientos existentes y sobre las características de sus licencias. Al tiempo, se sigue esperando los resultados del informe de mediciones encargado a una consultora especializada para evaluar la adopción de otras posibles medidas adicionales, a partir de las recomendaciones que pudiesen formularse en ese dictamen. En principio, se preveía disponer de ese informe durante el mes de diciembre, pero su entrega todavía no se habría producido, según fuentes consultadas.

Por lo pronto, el grupo municipal Unidas Podemos EUPV exigió este miércoles al alcalde, el popular Luis Barcala, "que garantice de forma efectiva el descanso vecinal en el entorno de la calle Castaños, aplicando las limitaciones y medidas necesarias para que los niveles sonoros de los establecimientos hosteleros no superen los previstos en la normativa vigente". Su portavoz municipal, Xavier López, señaló que "no puede ser que el ayuntamiento, aprovechando un resquicio legal para dilatar el proceso judicial, desista de proteger el derecho al descanso de las personas afectadas por los excesos de ruido".

López incidió en que, a su juicio, "Barcala ha decidido dilatar el proceso judicial, amparándose en defectos de forma, para justificar su inacción ante esta problemática". Así, apuntó que la sentencia original "constata la vulneración de derechos fundamentales y la falta de actuación del ayuntamiento para protegerlos, aunque se haya tirado para atrás por una cuestión procedimental, el fondo es el que es". Por ello, insistió en que "necesitamos desplegar medidas desde la institución para  garantizar el derecho al descanso de la ciudadanía afectada, y no ampararse en la dilatación de procesos judiciales para no tomar medidas, algo que exigimos que no se demore más, ya que no hacer nada es una forma de seguir castigando al vecindario que ha intentado hacer valer sus derechos en los tribunales". López defendió que "nuestro modelo de ciudad tiene que ser respetuoso con los derechos de la ciudadanía, una ciudad que vaya más allá del parque temático para el turismo".